16 de noviembre de 2026
El Poder Ejecutivo modificó este lunes la reglamentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) mediante el Decreto 1366/2026, publicado en el Boletín Oficial.
El cambio más relevante elimina la exigencia de capital nacional mayoritario para que una empresa sea reconocida como proveedor local de los proyectos adheridos al régimen.
Hasta ahora, según el Decreto 749/2024, una persona jurídica debía cumplir dos condiciones: estar constituida y domiciliada en la Argentina y, además, tener al menos el 51% de su capital social o de los votos necesarios para formar la voluntad societaria en manos de titulares con domicilio fiscal en el país.
Con la nueva definición, alcanza con que la sociedad esté constituida y domiciliada en territorio argentino, "sin atender a la nacionalidad o residencia de sus accionistas ni a la composición de su capital social".
En la práctica, una filial argentina de un grupo chileno, chino, estadounidense, canadiense, europeo o de cualquier otro origen podrá contabilizarse como proveedor local. Esto impacta directamente en el compromiso que asumen los Vehículos de Proyecto Único (VPU): destinar al menos el 20% del monto destinado a bienes y obras a proveedores locales, siempre que exista oferta disponible en condiciones competitivas de precio, calidad y capacidad de cumplimiento. El decreto no altera ese porcentaje del 20%, pero amplía el universo de empresas que pueden computarse dentro de él.
Para la provisión de bienes se mantiene el requisito de origen nacional conforme a los criterios del Acuerdo de Complementación Económica N°18 del Mercosur. La autoridad de aplicación deberá precisar la metodología de aplicación.

Justificación
oficial y reacciones
En los considerandos, el Gobierno argumenta que el criterio de constitución y domicilio favorece "la integración de las empresas radicadas en el país en las cadenas de suministro de los Proyectos RIGI" y promueve "una mayor concurrencia de proveedores y el desarrollo de encadenamientos productivos locales". Señala que la composición del capital no debe ser, por sí sola, un impedimento.
La medida generó rechazo en sectores de la industria nacional, especialmente entre proveedores mineros. Referentes del sector la calificaron como una "pésima noticia" y advirtieron que diluye la protección prevista para el desarrollo de proveedores argentinos. "Antes tenías que tener el 51% de capital nacional. Ahora cualquier empresa extranjera se constituye en el país y compite por ese 20%", señalaron fuentes empresarias, que también cuestionaron que el cambio se haya formalizado sin consultas previas, pese a las rondas de negocios organizadas por el Ministerio de Economía (la primera en Rosario a fines de octubre y la próxima prevista para el 2 de diciembre, enfocada en energía e hidrocarburos).
Cámaras como CAPMIN y referentes de la Mesa Federal de proveedores mineros insistieron en la necesidad de priorizar participación argentina, federal y con valor agregado local, en un contexto de proyectos de gran escala en cobre, litio y Vaca Muerta, donde se anticipa una demanda inédita de bienes y servicios.
Otros
ajustes del decreto
El Decreto 1366/2026 introduce además precisiones en otros aspectos:

El RIGI, creado por la Ley Bases (Ley 27.742), ya cuenta con un volumen importante de proyectos aprobados (reportes previos hablaban de alrededor de US$ 76.000 millones en inversiones comprometidas).
La modificación llega en un momento en que el Ejecutivo busca dinamizar el régimen y mejorar el vínculo entre los grandes proyectos y las cadenas de suministro locales, aunque el nuevo criterio de "local" basado exclusivamente en radicación jurídica abre un debate sobre cuánto de esa provisión se traducirá en empleo, fabricación y valor agregado de capitales argentinos.