17 de noviembre de 2026
El Ministerio Público de Río de Janeiro desestimó este martes el pedido de la defensa de Agostina Páez, de 29 años, para acceder a un Acuerdo de No Persecución Penal (ANPP) que le habría permitido cerrar la causa por injuria racial sin condena ni antecedentes.
La santiagueña, acusada de proferir insultos y realizar gestos racistas contra tres empleados de un bar en Ipanema, ahora espera la sentencia del juez Carlos Márcio da Costa, de la 37ª Vara Criminal.
El
episodio que originó la causa
El hecho ocurrió el 14 de enero de 2026 en un bar de la calle Vinícius de Moraes, en el barrio de Ipanema. Según la acusación del Ministerio Público del Estado de Río de Janeiro (MPRJ), Páez, que se encontraba con dos amigas, discutió con los empleados por el valor de la cuenta.
En medio del altercado, habría utilizado términos racistas, llamado "mono" a uno de los trabajadores mientras imitaba gestos de primate y, al salir del local, dirigido expresiones como "monos" y "negros de mierda" a otros dos empleados. Una de las escenas quedó registrada en un video que se viralizó y generó fuerte repercusión en Brasil y Argentina.
La Justicia aceptó la denuncia y llegó a dictar prisión preventiva. Luego Páez quedó en libertad con tobillera electrónica. A fines de marzo, el Tribunal de Justicia autorizó su regreso a Argentina tras pagar una caución de aproximadamente 18.500 a 20.000 dólares. Desde entonces permanece sujeta al proceso.
Páez pidió disculpas públicamente y señaló que desconocía la gravedad de ese tipo de conductas en Brasil.
A
fines de marzo, el Tribunal de Justicia autorizó su regreso a Argentina tras
pagar una caución de aproximadamente 18.500 a 20.000 dólares.
Por
qué rechazaron el acuerdo
El juez había enviado el expediente a la fiscalía el 23 de septiembre para evaluar un ANPP, mecanismo que permite resolver ciertas causas sin condena a cambio de condiciones como tareas comunitarias o el pago de una suma. El fiscal del caso lo rechazó y la Procuraduría General de Justicia confirmó la negativa en un dictamen firmado por el procurador Alexandre Araripe Marinho.
Los argumentos centrales fueron dos. Primero, un cálculo de penas: la denuncia original imputó tres delitos independientes de injuria racial contra tres personas distintas, cada uno con una pena mínima de dos años. La suma alcanza los seis años, por encima del límite de cuatro años que habilita el ANPP. Segundo, la gravedad de los hechos: el Ministerio Público sostuvo que la conducta fue "explícitamente repulsiva" y que Páez continuó con las ofensas incluso después de ser advertida de que configuraban delito en Brasil. También señaló que la acusada se habría colocado en una posición de superioridad por su condición de abogada e influencer extranjera.
Desde la Ley 14.532/2023, la injuria racial forma parte de la normativa antirracista brasileña y es imprescriptible e inafianzable. El MPRJ fue tajante: "En las condiciones en que la acusada practicó las ofensas raciales que se le imputan, no hay posibilidad de acuerdo".
Desde
la Ley 14.532/2023, la injuria racial forma parte de la normativa antirracista
brasileña y es imprescriptible e inafianzable.
La posición de la defensa y el estado actual del proceso
El
abogado argentino Sebastián Robles relativizó el rechazo: "Solo fue una no
aceptación de juicio abreviado. El proceso está en el mismo lugar donde lo
dejamos en marzo. Estamos esperando la resolución definitiva".
La
defensa brasileña, liderada por Carla Junqueira, sostiene que la postura del
Ministerio Público no es vinculante para el juez y pide la absolución.
Argumenta que no hubo delito, que el gesto no generó daño (porque habría sido
dirigido a un empleado de espaldas) y que, de existir algo, se trató de un
único episodio y no de tres delitos independientes. También cuestiona que estén
probados los insultos a la salida del local.
La causa se encuentra en la etapa de alegatos finales, la última antes del fallo, que aún no tiene fecha. En sus conclusiones, el propio Ministerio Público planteó que los hechos podrían considerarse un "delito continuado" (una sola conducta con varias víctimas), con una pena de entre dos y seis años. Ese umbral de cuatro años es clave: por debajo, una eventual condena podría sustituirse por penas alternativas (como trabajo comunitario) que Páez podría cumplir desde Argentina. Por encima, el régimen inicial sería semiabierto y complicaría la ejecución desde el exterior, aunque existe un acuerdo del Mercosur que podría permitir cumplir la pena en el país de origen.
En medio del altercado, habría utilizado términos racistas, llamado "mono" a uno de los trabajadores mientras imitaba gestos de primate.
Representantes de las víctimas, en cambio, rechazan cualquier beneficio y sostienen que "el racismo no se resuelve con un acuerdo" y que las personas humilladas en su lugar de trabajo esperan una respuesta proporcional al daño sufrido.
La sentencia podrá ser apelada por cualquiera de las partes. El caso de Agostina Páez sigue siendo un ejemplo de la severidad con la que Brasil trata los delitos de racismo y discriminación racial.