19 de noviembre de 2026

Poder

Poder. ¡Acá está el oro de los argentinos! Basilea, el lugar donde el Gobierno esconde las reservas de todos

A más de 11.000 kilómetros de la Argentina, el Gobierno mantiene parte de las reservas de oro fuera del país, en una operación que sigue rodeada de interrogantes. Luis Caputo y Santiago Bausili hablan de seguridad, administración y oportunidades financieras, pero la discusión sobre el destino físico de los lingotes, su custodia y las condiciones para recuperarlos continúa abierta.

Basilea no es una bóveda secreta, ni un paraíso financiero improvisado para esconder activos. Es una ciudad del noroeste de Suiza, sobre la frontera con Francia y Alemania, que alberga la sede del Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés), una de las instituciones más influyentes del sistema financiero global.

El BIS fue creado en 1930 y funciona como una entidad financiera internacional que presta servicios a bancos centrales, facilita operaciones financieras y promueve la cooperación monetaria. Es conocido, justamente, como el banco de los bancos centrales.

Pero que sea una institución reconocida internacionalmente no responde la pregunta que atraviesa la controversia argentina: ¿dónde están físicamente los lingotes y quién tiene la llave de su custodia?

El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, aseguró ante el Senado que el oro trasladado por la Argentina fue depositado en el BIS, en Suiza, y que allí continúa. Sin embargo, desde sectores de la oposición sostienen que el destino físico de los lingotes sería Londres, más precisamente las instalaciones del Banco de Inglaterra, y que Basilea sería la referencia institucional de la operación, no necesariamente el lugar donde se encuentra el metal.

La diferencia no es menor. Una cosa es conocer la entidad en la que se registra o administra un activo y otra muy distinta saber dónde se encuentra físicamente, bajo qué condiciones está depositado y qué facultades tiene el Estado argentino para disponer de él.

La polémica, por lo tanto, no gira solamente alrededor de un mapa. Gira en torno a la transparencia, la soberanía financiera y la capacidad de un Gobierno de explicar qué hizo con uno de los activos más sensibles del patrimonio nacional.

El BIS tiene sede en Basilea, Suiza. Las denuncias opositoras y algunas reconstrucciones periodísticas sostienen que el oro estaría físicamente depositado en Londres. Ambas referencias no deben confundirse: la localización institucional y la custodia física pueden ser diferentes.

¿Qué banco es el BIS y quiénes son sus dueños?

El Banco de Pagos Internacionales (BIS) no es un banco comercial al que cualquier persona puede ir a abrir una cuenta. Es una institución internacional creada para facilitar la cooperación entre autoridades monetarias, operar con bancos centrales y ofrecer servicios financieros a sus miembros.

Su estructura también es particular: pertenece a 63 bancos centrales y autoridades monetarias, entre ellos el Banco Central de la República Argentina. No es propiedad de un empresario, de un fondo de inversión ni de un grupo privado convencional.

Entre sus funciones se encuentran:

  • Ofrecer servicios bancarios a bancos centrales.
  • Administrar depósitos y activos financieros.
  • Facilitar operaciones internacionales.
  • Promover la cooperación monetaria y financiera.
  • Participar en el análisis y la coordinación de políticas vinculadas con la estabilidad del sistema financiero.

Es una institución de enorme peso en las finanzas internacionales. Precisamente por eso, que el Gobierno deposite oro allí no constituye por sí mismo una irregularidad. El punto político es otro: la utilización de una institución prestigiosa no reemplaza la obligación de explicar una operación que involucra reservas de todos los argentinos.

La fachada del Banco de Pagos Internacionales (BIS) de Basilea, Suiza.
La fachada del Banco de Pagos Internacionales (BIS) de Basilea, Suiza.

¿Por qué el Gobierno sacó el oro del país?

En septiembre de 2024, el Banco Central confirmó que había completado transferencias de parte de sus reservas de oro entre distintas cuentas. La entidad argumentó que se trataba de una operatoria habitual de administración de reservas y que el volumen total del activo no había sido alterado.

El argumento oficial se apoyó en criterios de seguridad, liquidez y rentabilidad. El oro depositado fuera del país puede permitir realizar operaciones financieras, obtener liquidez, utilizarlo en determinadas transacciones o mejorar su administración, sin que necesariamente se venda ni desaparezca del patrimonio del Banco Central.

El problema es que la operación fue comunicada sin precisar públicamente cuánto oro se trasladó, cuál fue su destino físico exacto ni cuáles fueron las condiciones financieras concretas de la operatoria.

La explicación oficial apeló a la confidencialidad y a la seguridad de los activos. Pero el silencio, en una cuestión de semejante trascendencia, terminó alimentando la sospecha política.

Porque si la decisión fue conveniente, si permitió mejorar la calidad de los lingotes, reducir costos o generar beneficios financieros, la pregunta es inevitable: ¿por qué cuesta tanto explicar con precisión qué se hizo, dónde está el oro y qué ganó la Argentina con esa decisión?

El oro a 11.200 kilómetros: de las bóvedas argentinas a las finanzas internacionales

La distancia entre Buenos Aires y Basilea supera los 11.000 kilómetros. No es solamente una cuestión geográfica: representa el recorrido que separa un activo estratégico de la posibilidad de controlarlo, verificarlo y disponer de él en territorio nacional.

El oro no es una reserva cualquiera. Históricamente representa respaldo, resguardo frente a crisis, capacidad de respuesta y una garantía patrimonial que no depende exclusivamente de la confianza en una moneda. En un país que atravesó default, devaluaciones, crisis bancarias y restricciones externas, las reservas metálicas tienen un peso político y económico particular.

Por eso, que parte del oro argentino se encuentre fuera del país no es un dato administrativo que pueda despacharse con una explicación burocrática. Es una decisión que exige conocer sus condiciones, sus beneficios, sus riesgos y sus mecanismos de recuperación.

El Gobierno sostiene que el traslado respondió a una estrategia de administración financiera. Pero todavía persisten preguntas sobre la trazabilidad de los lingotes, la custodia física, los instrumentos que podrían haberse utilizado y las condiciones bajo las cuales el Banco Central podría recuperar la disponibilidad plena del activo.

La discusión no consiste en negar que un banco central pueda depositar oro en el exterior. Lo hacen distintas autoridades monetarias del mundo. El problema es que, en la Argentina, el traslado se conoció antes que una explicación detallada de sus condiciones y terminó convirtiéndose en una controversia política que el oficialismo no consiguió cerrar.

Aquí está el oro de todos los argentinos: en un banco de Basilea, Suiza.
Aquí está el oro de todos los argentinos: en un banco de Basilea, Suiza.

Londres, Basilea y una explicación que todavía deja preguntas

La controversia se profundizó cuando distintas versiones comenzaron a señalar que el oro argentino podría estar físicamente en Londres, bajo custodia del Bank of England , aunque asociado a operaciones o registros del BIS, cuya sede está en Basilea.

La senadora Juliana Di Tullio sostuvo que el oro se encontraría en Londres y cuestionó la explicación de Bausili. Esa versión también apareció en reconstrucciones periodísticas basadas en fuentes vinculadas con la operatoria.

La hipótesis plantea una diferencia técnica, pero políticamente explosiva: que el oro figure depositado o administrado a través de una institución con sede en Suiza no necesariamente significa que los lingotes estén físicamente almacenados en ese país.

Y ahí se abre un interrogante que el Gobierno debería despejar sin rodeos: ¿cuál es la ubicación física del oro, quién es el custodio efectivo, bajo qué contrato se encuentra depositado y qué derechos conserva el Banco Central sobre esos activos?

No es una discusión menor en un contexto en el que el Gobierno vuelve a colocar la cuestión de Malvinas en el centro de su discurso político y diplomático, mientras la versión denunciada por la oposición ubica parte de las reservas argentinas en territorio británico.

La contradicción política es evidente y alimenta la controversia, aunque por sí sola no demuestra irregularidades en la operación.

Luis Caputo, Javier y Santiago Bausili no terminan de aclarar que pasó con el oro argentin.
Luis Caputo, Javier y Santiago Bausili no terminan de aclarar que pasó con el oro argentin.

¿Quién puede traer de vuelta el oro argentino?

La respuesta institucional conduce al Banco Central de la República Argentina. La administración de las reservas internacionales, incluido el oro, corresponde a la autoridad monetaria, que cuenta con facultades para gestionar sus activos dentro del marco de su Carta Orgánica y la legislación vigente.

En términos operativos, una eventual repatriación requeriría que el BCRA dispusiera el retiro o transferencia de los activos conforme a las condiciones del depósito y los acuerdos con las entidades intervinientes. Si los lingotes estuvieran bajo custodia de un tercero, el procedimiento dependería de los derechos contractuales, las condiciones de entrega, las verificaciones y la logística internacional.

No se trata de que un ministro pueda ordenar que alguien cargue los lingotes en un avión y los traiga de regreso al país. Hay procedimientos financieros, legales, de custodia, transporte, seguros y seguridad que deben cumplirse.

Pero hay una pregunta política que sigue sin respuesta pública suficiente: ¿el oro puede ser retirado libremente por el Banco Central o está sujeto a condiciones, compromisos, garantías u operaciones que podrían limitar o encarecer su recuperación?

La diferencia entre tener un activo registrado y disponer efectivamente de él es precisamente la que vuelve relevante esta discusión.

Si el Gobierno asegura que el oro está a salvo, que no fue comprometido de manera perjudicial y que puede recuperarse cuando la autoridad monetaria lo disponga, debería poder explicar -sin revelar información que comprometa la seguridad física- cuáles son las garantías institucionales que respaldan esa afirmación.

Porque la confidencialidad puede ser una herramienta legítima para proteger reservas. Pero no debería transformarse en un cheque en blanco para evitar rendir cuentas.

Caputo, Bausili y el silencio que se convirtió en un problema político

El oro se convirtió en un problema político para el Gobierno porque cada explicación abre una nueva pregunta. Cuando Luis Caputo fue consultado sobre el destino de los lingotes, la respuesta lejos de disipar las dudas alimentó el debate sobre el manejo de las reservas. Y cuando Bausili tuvo que explicar la operatoria ante el Senado, el oficialismo volvió a refugiarse en los argumentos de confidencialidad y administración financiera.

El Gobierno pretende que la discusión se cierre con una explicación técnica. Pero la cuestión tiene una dimensión política mucho más profunda: se trata de activos públicos, de la reserva del Banco Central y de decisiones adoptadas sin que la ciudadanía conozca de manera clara el alcance de la operatoria.

La Argentina conoce demasiado bien las consecuencias de las decisiones financieras tomadas entre pocos, explicadas tarde y justificadas con tecnicismos que terminan siendo incomprensibles para el ciudadano común.

No alcanza con afirmar que el oro sigue existiendo, que su volumen no cambió o que la operación fue conveniente. La discusión también exige saber qué se hizo, por qué se hizo, qué se obtuvo a cambio, cuáles son los riesgos asumidos y quién responde si algo sale mal.

En una economía donde el Gobierno reclama confianza, disciplina y sacrificios, la transparencia sobre las reservas debería ser una obligación política elemental.

El oro es de los argentinos. La explicación también debería serlo.

El Gobierno puede defender el traslado como una decisión eficiente de administración financiera. Puede argumentar que depositar oro en instituciones internacionales permite mejorar su liquidez, obtener rendimientos o ampliar las herramientas de intervención monetaria.

Lo que no puede pretender es que la sociedad acepte la operación sin preguntas.

¿Dónde está exactamente el oro? ¿Cuánto se trasladó? ¿Quién lo custodia físicamente? ¿Está comprometido como garantía? ¿Qué beneficios concretos produjo? ¿Cuánto costó la operatoria? ¿Quién puede ordenar su repatriación y cuánto demoraría? ¿Existe alguna restricción que impida traerlo de regreso?

En Basilea, Londres o cualquier otra plaza financiera, el oro puede estar bajo custodia de instituciones de primer nivel. Pero la solvencia de esas instituciones no reemplaza el derecho de los argentinos a conocer qué sucede con sus reservas.

Porque una cosa es administrar el patrimonio nacional y otra muy distinta es pedir confianza mientras las respuestas permanecen lejos, a más de 11.000 kilómetros de casa.

El oro podrá estar en una bóveda europea. La responsabilidad política, en cambio, sigue estando en Buenos Aires.

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