19 de noviembre de 2026

Sucesos

Sucesos. La Corte declaró inconstitucional la desregulación de las prepagas y restituyó el control estatal

En una decisión que marca un punto de inflexión para el sistema de salud privado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió este jueves que las empresas de medicina prepaga ya no podrán aplicar subas de manera unilateral y deberán volver a solicitar autorización previa al Estado nacional para modificar el valor de sus cuotas.

El fallo, firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, declaró la inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023. Esas disposiciones habían eliminado el esquema de control estatal vigente y habilitado a las compañías a fijar libremente sus aranceles.

Los fundamentos del máximo tribunal

Al analizar la validez constitucional de la desregulación dispuesta por el Poder Ejecutivo, los magistrados cuestionaron la falta de justificación para suprimir la intervención estatal en un área sensible vinculada al derecho a la salud.

"No basta con invocar una emergencia genérica", advirtieron los jueces en su resolución, señalando que los considerandos del decreto no lograron demostrar una relación concreta entre la crisis económica alegada y la necesidad de eliminar las facultades de fiscalización sobre el sector.

Con esta sentencia -la primera declaración de inconstitucionalidad de la Corte contra artículos del DNU 70/2023-, se ordena que la Superintendencia de Servicios de Salud, organismo dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, recupere plenamente sus atribuciones para revisar, evaluar bajo criterios de razonabilidad y aprobar cualquier ajuste en los planes.

El caso testigo y el impacto en cientos de causas

La resolución del máximo tribunal confirmó parcialmente un fallo previo de la Cámara Federal de La Plata en el marco de una demanda iniciada por una afiliada contra la firma Swiss Medical.

Según consta en el expediente, tras la entrada en vigencia del decreto, la cuota de la usuaria sufrió un incremento acumulado del 110% entre diciembre de 2023 y febrero de 2024, frente al 6,26% que habría correspondido aplicando el índice oficial previo del Ministerio de Salud.

Más allá del caso puntual, la decisión tiene un fuerte efecto expansivo sobre el sistema judicial y los usuarios:

  • Causas pendientes: Sienta un precedente directo para alrededor de 500 expedientes análogos que aguardaban definición en el máximo tribunal.
  • Reclamos en curso: Proyecta efectos sobre miles de amparos tramitados en juzgados federales de todo el país.
  • Eventuales restituciones: Abre la puerta a reclamos de afiliados que abonaron los aumentos desregulados y buscan la devolución o compensación de las diferencias pagadas.

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