19 de noviembre de 2026
En una decisión que marca un punto de inflexión para el sistema de salud privado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió este jueves que las empresas de medicina prepaga ya no podrán aplicar subas de manera unilateral y deberán volver a solicitar autorización previa al Estado nacional para modificar el valor de sus cuotas.
El fallo, firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, declaró la inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023. Esas disposiciones habían eliminado el esquema de control estatal vigente y habilitado a las compañías a fijar libremente sus aranceles.
Al analizar la validez constitucional de la desregulación dispuesta por el Poder Ejecutivo, los magistrados cuestionaron la falta de justificación para suprimir la intervención estatal en un área sensible vinculada al derecho a la salud.
"No basta con invocar una emergencia genérica", advirtieron los jueces en su resolución, señalando que los considerandos del decreto no lograron demostrar una relación concreta entre la crisis económica alegada y la necesidad de eliminar las facultades de fiscalización sobre el sector.
Con esta sentencia -la primera declaración de inconstitucionalidad de la Corte contra artículos del DNU 70/2023-, se ordena que la Superintendencia de Servicios de Salud, organismo dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, recupere plenamente sus atribuciones para revisar, evaluar bajo criterios de razonabilidad y aprobar cualquier ajuste en los planes.
La resolución del máximo tribunal confirmó parcialmente un fallo previo de la Cámara Federal de La Plata en el marco de una demanda iniciada por una afiliada contra la firma Swiss Medical.
Según consta en el expediente, tras la entrada en vigencia del decreto, la cuota de la usuaria sufrió un incremento acumulado del 110% entre diciembre de 2023 y febrero de 2024, frente al 6,26% que habría correspondido aplicando el índice oficial previo del Ministerio de Salud.
Más allá del caso puntual, la decisión tiene un fuerte efecto expansivo sobre el sistema judicial y los usuarios:
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