20 de noviembre de 2026
El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad pidió su sobreseimiento ante el juez Ariel Lijo. Su defensa cuestionó el peritaje de Gendarmería, reclamó excluir los audios y solicitó la nulidad de los primeros allanamientos.
La defensa del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) presentó un planteo ante el juez federal Ariel Lijo para excluir las grabaciones del expediente y declarar la nulidad de las primeras medidas judiciales. El abogado Pablo Parera cuestionó el peritaje de Gendarmería y sostuvo que no se pudo acreditar la identidad de las voces ni la autenticidad de los registros.
El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, pidió al juez federal Ariel Lijo que dicte su sobreseimiento en la causa que investiga presuntas maniobras de corrupción durante su gestión. A través de un escrito presentado este jueves, su abogado, Pablo Parera, cuestionó el resultado del peritaje de los audios realizado por la Gendarmería Nacional y reclamó que las grabaciones sean excluidas del expediente. Además, solicitó la nulidad de la resolución que dio inicio a la investigación y ordenó los primeros allanamientos en agosto de 2025.
El planteo de la defensa apunta a cuestionar la validez del procedimiento desde su origen y, en consecuencia, de las medidas judiciales que se dispusieron posteriormente. El argumento central es que la investigación comenzó a partir de la difusión pública de grabaciones cuya autenticidad, según sostiene el abogado, no pudo ser acreditada mediante los estudios técnicos.
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En su presentación, Parera sostuvo que los peritos oficiales no pudieron establecer que las voces registradas en los audios pertenecieran efectivamente a Spagnuolo. La Gendarmería no logró realizar el cotejo de habla previsto, por lo que el estudio no permitió determinar científicamente la identidad de quien aparece en las grabaciones, en las que se mencionan presuntas coimas y negociados ilícitos en la ANDIS.
Los especialistas de la Dirección Criminalística y Estudios Forenses detectaron, además, indicios de una posible "transferencia acústica". Se trata de una hipótesis según la cual los registros habrían sido reproducidos a través de un parlante y capturados nuevamente con otro dispositivo, una circunstancia que habría dificultado el análisis del material.
El informe también identificó cortes, discontinuidades y fragmentos repetidos entre distintos archivos. Para la defensa, esos elementos refuerzan la sospecha de que las grabaciones no serían registros originales, sino recortes editados y compaginados por terceros antes de ser entregados.
Otro de los puntos señalados por Parera fue que los especialistas tampoco pudieron confirmar ni descartar que las voces fueran sintéticas o hubieran sido modificadas mediante herramientas de inteligencia artificial. El estudio sí detectó características propias del habla humana, como variaciones de entonación, pausas respiratorias, cambios en la velocidad de articulación y repeticiones de sílabas.
A su vez, cinco peritos de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), propuestos por la fiscalía, firmaron el informe en disidencia. Según su postura, los laboratorios de esa dependencia cuentan con capacidad técnica para realizar el cotejo de voz que Gendarmería no pudo completar.
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El abogado también solicitó que Lijo declare la nulidad de la resolución del 21 de agosto de 2025, cuando el expediente todavía estaba a cargo del juez federal Sebastián Casanello. Aquella decisión dispuso el inicio de la investigación y ordenó los primeros allanamientos.
La defensa sostiene que las grabaciones tuvieron un papel determinante en ese impulso inicial. Como respaldo, señaló que la resolución de Casanello hizo referencia a un dictamen de la fiscalía que mencionaba los audios y un presunto esquema de corrupción vinculado con la compra de medicamentos, con posibles conexiones entre sectores de la Administración Pública Nacional y la droguería Suizo Argentina.
El planteo entra en tensión con la postura del fiscal federal Franco Picardi, quien sostiene que los audios nunca funcionaron como prueba para construir la acusación. Sin embargo, Parera remarcó que las grabaciones sí fueron mencionadas en la resolución que habilitó los primeros procedimientos judiciales.
La defensa también recordó que la Cámara Federal porteña había supeditado la validez de la causa a la finalización del estudio técnico de las grabaciones. A partir de los resultados, el abogado consideró que los registros perdieron eficacia probatoria y reclamó que se aplique la regla de exclusión, que impide utilizar elementos obtenidos mediante la vulneración de garantías constitucionales.
Uno de los aspectos centrales del escrito es el intento de extender una eventual nulidad a las medidas judiciales realizadas después del inicio de la investigación.
Parera argumentó que los teléfonos secuestrados, las extracciones de datos, los pedidos de informes bancarios y las declaraciones testimoniales posteriores integraron una misma cadena de procedimientos cuyo punto de partida fueron los audios difundidos públicamente.
Según la defensa, no existió un "cauce independiente" ni una prueba "paracaidista" que hubiera llegado al expediente por una vía autónoma. Por ese motivo, solicitó que una eventual declaración de nulidad de la resolución inicial también alcance a las medidas posteriores.
El abogado puso especial énfasis en que Picardi dejó de mencionar los audios en sus dictámenes a partir de octubre de 2025. Sin embargo, sostuvo que para entonces las grabaciones ya habían servido como fundamento para ordenar allanamientos, aperturas de cajas de seguridad y registros de visitas en barrios privados.
Parera definió esa situación como una "prueba invisible": un elemento que, aunque dejó de aparecer expresamente en los documentos judiciales, habría continuado funcionando como telón de fondo de las medidas que impulsaron la investigación.
El planteo de Spagnuolo pone así en discusión dos cuestiones centrales de la causa ANDIS: la validez técnica de los audios que dieron origen a la investigación y la posibilidad de sostener las medidas posteriores si se cuestiona el fundamento de los primeros procedimientos. Ahora, el juez Ariel Lijo deberá resolver los pedidos de la defensa, que busca dejar sin efecto el avance judicial y conseguir el sobreseimiento del exfuncionario.
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