Caso YPF: la jueza Preska define si acepta la apelación argentina
La jueza Loretta Preska resolverá este lunes si acepta la apelación presentada por Argentina contra el fallo que la obliga a pagar USD 16.100 millones por la expropiación de YPF en 2012.
La Corte del Distrito Sur de Nueva York tomará este lunes una decisión crucial en lo que refiere al litigio iniciado por los fondos Burford Capital y Eton Park contra el Estado argentino por la expropiación de la petrolera YPF, tras la sentencia emitida por la jueza Loretta Preska que condena a pagar a los litigantes una suma de USD 16.100 millones por parte del país austral a raíz de la nacionalización de la compañía.
El conflicto en cuestión se remonta a 2012, cuando el gobierno argentino, bajo la presidencia de Cristina Kirchner, decidió expropiar el 51% de las acciones de YPF, que estaban en manos de la española Repsol. La medida, aprobada por el Congreso con amplio respaldo, fue justificada como un acto de soberanía para recuperar el control de un recurso clave. Sin embargo, los fondos de inversión Burford Capital y Eton Park, que adquirieron los derechos de litigio de accionistas minoritarios, iniciaron una demanda en Nueva York, argumentando que la expropiación violó las normas de protección de inversiones.
En ese marco, en 2023, Preska falló en contra de Argentina, y estableció una indemnización de USD 16.100 millones, la mayor en la historia de los tribunales estadounidenses contra un Estado soberano. La sentencia no solo impone una carga financiera significativa, sino que también ordena que Argentina entregue acciones de YPF como garantía, lo que generó preocupación por la posible pérdida de control sobre la empresa estatal. Según la Ley 26.741, que rige la expropiación de YPF, cualquier transferencia de acciones requiere la aprobación del Congreso por una mayoría calificada, un requisito que el fallo de Preska no contempla, lo que ha sido calificado por el gobierno argentino como jurídicamente inaplicable.
En los últimos meses, Argentina ha intensificado sus esfuerzos para revertir el fallo. En febrero de 2025, el país presentó argumentos ante Preska, solicitando una revisión de la sentencia. Además, en julio, el gobierno pidió la suspensión del fallo mientras prepara una apelación formal, apoyándose en el respaldo del gobierno de Estados Unidos, que ha expresado su preocupación por las implicancias del caso. La Casa Blanca, a través de un escrito, señaló que la ejecución del fallo podría afectar las relaciones bilaterales y la estabilidad económica de Argentina. La decisión de Preska, esperada para este lunes, será determinante. Si acepta la apelación, Argentina podría ganar tiempo para negociar o reformular su estrategia legal. En cambio, si la rechaza, el país enfrentará un escenario complejo, con la posibilidad de embargos sobre activos estatales en el exterior o la presión para ceder participaciones en YPF.
Esto último sería especialmente delicado, dado el rol estratégico de la petrolera en la economía nacional, particularmente en el sector energético.El gobierno argentino, a través de sus representantes legales, ha argumentado que el fallo desconoce la inmunidad soberana y las leyes nacionales que protegen los activos de YPF. Asimismo, ha advertido sobre el impacto económico que representaría el pago de la indemnización, equivalente a una porción significativa de las reservas del Banco Central.
La resolución de Preska marcará un hito en una disputa que combina cuestiones legales, económicas y políticas de enorme relevancia.