El Gobierno de Javier Milei celebró la resolución de la Corte de Apelaciones de Nueva York que decidió mantener en suspenso la orden de la jueza Loretta Preska de entregar las acciones de YPF como pago en el juicio por la estatización del 51% de la compañía.

La medida fue informada este viernes por las autoridades judiciales estadounidenses. La jueza Preska había determinado en junio que el juicio de US$ 16.100 millones se cancelara con la transferencia de las acciones estatales en la petrolera.

La defensa argentina había acudido a la Cámara de Apelaciones para que se mantuviera el freno a la entrega de papeles de YPF, luego de presentar una cautelar temporaria a mediados de julio. La nueva decisión judicial permite que la Argentina apele aquella sentencia de Preska.

Además del monto principal, la condena de septiembre de 2023 incluye un interés diario superior a US$ 2 millones. El juicio se inició en 2015, tres años después de la expropiación, y tiene como principal beneficiario a Burford Capital, empresa dedicada a comprar derechos de litigios. El proceso no discute el derecho a expropiar, sino la falta de realización de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) que establecen los estatutos de la petrolera.

Magistrada. La jueza de Nueva York, Loretta Preska, había fallado en contra de la Argentina.
Magistrada. La jueza de Nueva York, Loretta Preska, había fallado en contra de la Argentina.

Apoyo de Estados Unidos a la posición argentina

La Procuración del Tesoro de la Nación informó que también se autorizó la participación como amicus curiae del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que respaldó la postura del país.

“Esta decisión garantiza que la República Argentina conserve la participación mayoritaria del Estado Nacional en la compañía mientras avanza la apelación, constituyendo un paso decisivo en la defensa de un activo estratégico y de los intereses de todos los argentinos”, señaló el organismo.

La Corte de Apelaciones aclaró que la medida se limita a la suspensión de la entrega de acciones dictada el 30 de junio, mientras se tramita la apelación.

Crítica del Gobierno a políticas anteriores

Desde la administración nacional se precisó que la decisión no modifica el curso de la apelación de fondo contra el fallo de septiembre de 2023, emitido tres meses antes del inicio de la gestión actual, que condena al país a pagar US$ 16.100 millones más intereses.

“Ese fallo es consecuencia directa de décadas de estatismo y políticas intervencionistas que perjudicaron gravemente a la Nación”, advirtió el Gobierno.