Justicia de EE.UU. ordena a la Argentina entregar el 51% de YPF como parte del fallo por la expropiación
La jueza Loretta Preska dispuso que el Estado argentino transfiera sus acciones Clase D de la petrolera estatal a los beneficiarios del juicio. La medida impactó de lleno en el valor de la compañía en Wall Street.
La Justicia federal de Estados Unidos emitió una resolución clave en el marco de la demanda por la expropiación de YPF, y ordenó al Estado argentino entregar el 51% de las acciones de la petrolera a los beneficiarios del fallo que condenó al país a pagar US$16.100 millones. La medida fue dispuesta por la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, y pone nueva presión sobre el Gobierno, que mantiene impago el monto estipulado.
La decisión se enmarca en la ofensiva judicial de los demandantes para ejecutar la sentencia y cobrar lo adeudado. Preska otorgó un plazo de 14 días para que la Argentina transfiera sus acciones Clase D a una cuenta de custodia global en BNYM (Bank of New York Mellon), ubicada en Nueva York.
“Se ordena a Argentina transferir sus acciones Clase D de YPF a una cuenta de custodia global en BNYM en Nueva York dentro de los 14 días posteriores a la fecha de la orden”, detalla la resolución.
Impacto directo en YPF y reacción del mercado
La decisión provocó un fuerte retroceso en la cotización de YPF en Wall Street, donde las acciones de la petrolera cayeron más del 5%, reflejando la preocupación de los inversores ante una eventual cesión de control.
La noticia fue difundida por Sebastián Maril, CEO de Latin Advisors, a través de su cuenta de X (ex Twitter), generando fuerte repercusión en medios financieros y políticos.
Argumentos jurídicos y rechazo a la inmunidad
La jueza Preska argumentó que la sentencia es ejecutable porque “las acciones de una empresa son libremente transferibles y asignables según la ley de Nueva York”. Además, aclaró que la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras no aplica en este caso, ya que la Argentina utilizó sus acciones “para una actividad comercial en los Estados Unidos”, incluyendo el programa de ADR, la cotización en la NYSE, el registro en la SEC y la venta de deuda a inversores estadounidenses.
En esa línea, sostuvo: “La propiedad de un estado extranjero utilizada para una actividad comercial en los Estados Unidos no será inmune a la ejecución si la propiedad es o fue utilizada para la actividad comercial en la que se basa la reclamación”.
La ley argentina no es un obstáculo, según Preska
En cuanto a la Ley de Expropiación de YPF y el Artículo 10 que impide transferencias sin autorización, la magistrada indicó que no hay un verdadero conflicto entre las normativas locales y el cumplimiento del fallo. Argumentó que Argentina puede modificar la legislación, obtener la aprobación del Congreso o acordar un mecanismo alternativo de pago.
“Incluso si hubiera un conflicto, las consideraciones de comunidad internacional favorecen la concesión del alivio solicitado por los demandantes debido al fuerte interés de los Estados Unidos en hacer cumplir sus sentencias”, afirmó.
EE.UU. había pedido no avanzar con la entrega de acciones
Cabe destacar que esta decisión fue adoptada a contramano del pedido del Gobierno estadounidense, que en septiembre de 2024 había solicitado no avanzar con la transferencia de acciones de YPF a los demandantes. Sin embargo, la jueza Preska priorizó los intereses legales del fallo y el marco jurídico estadounidense.
La Argentina ya apeló el fallo original
En 2023, el Gobierno argentino apeló la sentencia original que lo condenaba al pago de US$16.100 millones, pero hasta ahora no depositó la garantía judicial requerida, lo que habilita medidas de embargo o ejecución de activos.
Esta resolución abre un nuevo capítulo en el extenso litigio internacional que afecta directamente el patrimonio nacional y la soberanía sobre la empresa energética más importante del país. El Ejecutivo aún tiene la posibilidad de apelar esta nueva orden ante la Corte de Apelaciones.