El Gobierno oficializó un nuevo aumento en las tarifas de los servicios públicos que comenzará a regir en septiembre. Para los usuarios de Edenor y Edesur en el Área Metropolitana de Buenos Aires, la electricidad subirá cerca de un 3 %. El cálculo surge de la fórmula automática que utiliza el Ente Regulador de la Electricidad (ENRE), basada en la variación del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) y del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

En el caso del gas natural, los ajustes son más significativos. A la revisión tarifaria se suma un recargo del 6,8 % en el precio mayorista del gas en boca de pozo, destinado a financiar el régimen de “zonas frías”. Esto implica que gran parte de los usuarios residenciales —casi dos tercios del país— pagarán boletas más caras, incluso en regiones donde el consumo es estacionalmente más alto.

Contexto macroeconómico

En lo que va de 2025, el gasto en subsidios a la energía cayó un 60 % en términos reales. Este recorte es una de las piezas centrales de la estrategia fiscal para mantener el superávit primario. El ajuste se complementa con un esquema de segmentación de tarifas que busca trasladar progresivamente el costo pleno del servicio a los sectores de ingresos medios y altos, mientras que los usuarios vulnerables reciben un subsidio parcial.

El trasfondo es claro: el Estado busca equilibrar las cuentas, pero el costo se traslada directamente a las familias y a la actividad económica. Para muchos hogares, las tarifas de luz y gas pasaron en pocos meses de representar un gasto marginal a convertirse en un componente significativo del presupuesto mensual.

Impacto en los hogares

Una familia de clase media que paga $25.000 de electricidad podría ver un aumento cercano a los $750 adicionales este mes. En el gas, el impacto es mayor: si una boleta promedio de $30.000 incorpora el recargo del 6,8 % y la nueva tarifa mayorista, el incremento puede superar los $2.000. En barrios del conurbano y en provincias con climas fríos, el gasto energético empieza a competir con otras necesidades básicas como la alimentación o el transporte.

Además, estos aumentos se suman a un contexto de salarios que corren detrás de la inflación. Según datos oficiales, los ingresos reales todavía no recuperan el poder adquisitivo perdido en 2024. En la práctica, significa que las familias deben destinar una proporción cada vez mayor de sus recursos a pagar servicios esenciales, reduciendo el margen para consumo, ahorro o inversión.

Un dilema persistente

Los aumentos en las tarifas reflejan el dilema que atraviesa la política económica argentina: cómo lograr un esquema fiscal sostenible sin profundizar el deterioro del poder de compra. Mientras el Gobierno defiende el ordenamiento de precios relativos como condición necesaria para la estabilidad macroeconómica, los hogares sienten cada mes el peso del ajuste en sus bolsillos.

El resultado es un escenario de tensión permanente: más equilibrio en las cuentas públicas, pero más presión sobre las cuentas familiares.