La jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, emitió un nuevo fallo contra la Argentina este lunes, al ordenar la transferencia de acciones de YPF al fondo buitre Bainbridge, como parte del pago parcial de una sentencia que asciende a US$95 millones más intereses, relacionada con deuda soberana en default.

Se trata del segundo revés judicial en el mismo día para el país, ya que más temprano la misma magistrada había dispuesto que la Argentina entregue el 51% de las acciones de YPF a los beneficiarios del fallo por la expropiación de la compañía, por el cual se estableció una condena por US$16.100 millones.

Argentina, en la mira por sus activos estratégicos

El fallo a favor de Bainbridge se inscribe en una causa diferente a la de la estatización de YPF. En este caso, responde al incumplimiento del pago de títulos soberanos, y se enmarca en los múltiples litigios internacionales que enfrenta la Argentina por su manejo de la deuda pública y sus activos estatales.

En un segundo fallo emitido el mismo día, la jueza federal de distrito Loretta Preska ordenó a la República Argentina transferir sus acciones de YPF al fondo Bainbridge como pago parcial de una sentencia separada relacionada con deuda soberana en default”, informó Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors, a través de sus redes sociales.

X de Sebastian Maril

Antecedentes y presión sobre el BCRA

Bainbridge es el mismo fondo que, meses atrás, había solicitado información sobre el oro de las reservas del Banco Central de la República Argentina, especialmente aquellas porciones que habrían sido trasladadas fuera del país. Esta estrategia forma parte de una serie de acciones judiciales orientadas a embargar activos argentinos para cumplir con sentencias impagas.

El nuevo dictamen de Preska se alinea con pedidos realizados a principios de 2025, en los que se exigía al país que identificara bienes ejecutables, entre los que se contaban acciones de empresas estatales y reservas de oro.

Un día negro para la estrategia judicial del Estado

Los dos fallos dictados por la jueza neoyorquina representan un duro golpe para la posición jurídica y financiera de Argentina en tribunales internacionales. Además de incrementar la presión sobre la gestión de activos estratégicos, refuerzan el reclamo de los fondos demandantes para que el país cumpla con las obligaciones establecidas en las diferentes sentencias.

El Gobierno argentino, que ya anticipó su intención de apelar la decisión que involucra el 51% de las acciones de YPF, aún no se ha pronunciado oficialmente sobre este nuevo dictamen a favor de Bainbridge, aunque todo indica que también buscará frenar su aplicación por la vía judicial.