¿Peligra la libertad de expresión? Bullrich autoriza ciberpatrullaje y requisas sin orden judicial
Un decreto firmado por Javier Milei y Patricia Bullrich habilita a la Policía Federal a patrullar redes sociales e intervenir sin orden judicial. Organismos de derechos humanos, periodistas y especialistas alertan sobre un posible quiebre en las garantías constitucionales. ¿Se instala un sistema de vigilancia estatal que atenta contra la libertad de expresión?
Por Redacción Mundo Poder
El Gobierno nacional encendió todas las alarmas. Con la publicación del decreto 383/2025 en el Boletín Oficial, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich autorizó a la Policía Federal a realizar ciberpatrullajes en redes sociales abiertas sin intervención judicial. Además, se habilitan requisas personales, vehiculares y detenciones por hasta diez horas sin orden de un juez.
La medida, firmada por el presidente Javier Milei, representa un cambio profundo en el modo en que el Estado puede intervenir en la vida privada de los ciudadanos. Y una pregunta se instala con fuerza:
¿Está en juego la libertad de expresión en Argentina?
El nuevo régimen legal establece que la Federal podrá actuar de manera “proactiva” para detectar posibles delitos en “espacios públicos digitales”, lo que incluye redes sociales como X, Facebook, Instagram o TikTok, sin autorización de la Justicia.
Aunque el decreto asegura que se respetará “la privacidad, la intimidad y la libertad de expresión”, no hay mecanismos de control, protocolos judiciales ni límites precisos que impidan que esta herramienta se use para perseguir opiniones políticas o disidencias ideológicas.
Las redes sociales, bajo la lupa oficial
Durante la gestión de Mauricio Macri, ya hubo antecedentes de detenciones por publicaciones críticas. El caso de Nicolás Lucero —quien fue imputado por tuitear una frase irónica contra el expresidente— fue citado como ejemplo por organismos de derechos humanos.
Hoy, ese mismo mecanismo podría volver, pero más sofisticado, automatizado y sin filtro judicial. Así lo advierte la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI):
“Es un ciberpatrullaje recargado. Van a perseguir ideas disfrazadas de delitos”.
¿Periodistas en la mira?
El decreto no distingue entre usuarios comunes y periodistas, referentes sociales o activistas. La posibilidad de que se monitoreen publicaciones críticas al Gobierno sin orden judicial inquieta al ecosistema de medios independientes.
Desde distintas redacciones ya se preguntan si esta medida no es, en la práctica, una herramienta para condicionar coberturas, generar autocensura o incluso armar causas penales con mensajes o posteos descontextualizados.
Libertades democráticas en jaque
A esto se suman las requisas sin orden judicial y la posibilidad de detener a personas “sospechosas” por no portar documentación o no justificar su presencia.
Para la exministra de Seguridad Sabina Frederic, se trata de un “régimen policial sin garantías judiciales”:
“La arbitrariedad está legalizada. Es peligroso para todos”.