El Gobierno Nacional analiza la posibilidad de derogar por decreto la ampliación del Régimen de Zona Fría, una política que subsidia parte del consumo de gas natural en regiones con bajas temperaturas. Esta decisión busca desarticular una medida aprobada por ley durante la gestión de Alberto Fernández, que amplió el alcance del beneficio a millones de hogares más allá de las zonas tradicionalmente afectadas por el frío extremo.

Según reveló el sitio especializado EconoJournal, abogados del Ministerio de Economía están trabajando sobre los aspectos legales de un posible Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para avanzar con la eliminación de esta política. La ley 27.637, sancionada en 2021, amplió el régimen para incluir a 3,1 millones de nuevos usuarios, elevando el costo fiscal de la medida a unos 300 millones de dólares anuales para el Estado.

El ministro de Economía, Luis Caputo, busca retrotraer la ampliación del régimen que otorga hasta un 50% de subsidio sobre la tarifa de gas a usuarios de zonas consideradas “de bajas temperaturas”. Este esquema había sido originalmente implementado a principios de los 2000 para asistir a los hogares de la Patagonia, afectados por el clima riguroso.

Durante la expansión de 2021, la cobertura del beneficio se extendió a casi la mitad de los usuarios residenciales del país, incluso en provincias de clima templado como Buenos Aires, Córdoba y Mendoza, sin tener en cuenta el nivel socioeconómico de los hogares. Como resultado, muchos usuarios de ingresos medios y altos comenzaron a recibir un subsidio considerable.

Este financiamiento se sostiene por dos vías:

  • Un recargo del 7% en las facturas.
  • Aportes del Tesoro Nacional.
Impulsor. El ministro de Economía está detrás de la iniciativa del Gobierno que prevé la derogación del régimen de zona fría.

Un regreso al régimen original

El plan del gobierno de Javier Milei y Luis Caputo contempla regresar a un sistema similar al diseñado por la ley 25.565, aprobada en 2002, que beneficiaba a 850.000 hogares en la Patagonia, la Puna y Malargüe. El cambio dejaría sin efecto los subsidios para unos 3,1 millones de usuarios adicionales, incorporados en 2021.

En el oficialismo consideran que la única vía viable para revertir la ampliación es mediante un DNU, ya que el Congreso difícilmente avale una modificación por ley. Si bien varios legisladores reconocen en privado que el sistema se desvirtuó, los gobernadores no quieren cargar con el costo político de avalar un aumento de tarifas en sus provincias.

La medida podría aplicarse después de las elecciones legislativas de octubre, como parte de una estrategia para contener el gasto fiscal y racionalizar los subsidios.

Además, desde el área energética ya se comenzaron a restringir beneficios dentro del régimen, como en los casos de usuarios con más de un medidor.

Impacto en el consumo

Un informe de la consultora Economía y Energía, dirigida por Nicolás Arceo, muestra que la ampliación del régimen tuvo efectos distorsivos: entre 2021 y 2024, el consumo de gas por hogar aumentó un 7% en las zonas incorporadas al régimen, mientras que en las regiones excluidas, la demanda cayó hasta un 9% en el mismo período.

Esta situación refuerza el argumento del Gobierno para avanzar con una modificación que limite el alcance del subsidio a quienes realmente lo necesitan, en línea con una política de mayor eficiencia en el gasto público.