La condenada a muerte fue dada de alta de un hospital estadounidense y trasladada nuevamente a una cárcel de Tennessee. Su caso reavivó las críticas sobre los protocolos de inyección letal y el sistema de pena capital en Estados Unidos.
Con la aprobación de la legislatura y la firma del gobernador, se hará efectiva el 1° de octubre, aunque va en contra de un fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos.
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