Atentado con coche bomba en Guayaquil deja un muerto y más de una veintena de heridos
De los 26 heridos registrados por la explosión del coche bomba, dos serían de gravedad. De momento se desconoce quién podría estar detrás del atentado que costó la vida de un taxista que pasaba por el lugar.
Una explosión de coche bomba frente a un centro comercial en el corazón financiero de Guayaquil, Ecuador, dejó un muerto —un taxista— y al menos 26 heridos, dos de gravedad, según la Gobernación del Guayas, en un acto calificado de "terrorismo puro" por el gobernador Humberto Plaza. La Fiscalía y la Policía investigan el atentado, que incluyó un segundo vehículo con explosivos neutralizado, mientras una segunda explosión en el puente Churute y dispositivos encontrados en vías sureñas intensifican la crisis de inseguridad en el país, en el marco de protestas indígenas y la declaración de conflicto armado interno por el presidente Daniel Noboa.
El estallido en Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador con más de 3 millones de habitantes, se produjo en la noche del martes 15 de octubre de 2025, durante la hora pico de salida laboral, cuando el centro comercial bullía de peatones y vehículos. El coche bomba, descrito por el ministro del Interior John Reimberg como un artefacto de "elaboración profesional" por grupos delincuenciales —no artesanal—, detonó frente a la entrada principal, generando una onda expansiva que rompió vidrios, dañó fachadas y provocó pánico masivo. La Policía Nacional y bomberos evacuaron la zona inmediata, acordonándola para preservar indicios, mientras la Fiscalía inició peritajes con grabaciones de cámaras de seguridad y testimonios de testigos oculares. En la escena, se identificó un segundo vehículo cargado de explosivos que no detonó, neutralizado de inmediato por artificieros, lo que elevó la alerta a nivel nacional.
La víctima fatal fue un taxista que pasaba por la zona al momento de la explosión, según confirmó Jorge Montanero, del cuerpo de bomberos de Guayaquil, quien detalló que el hombre sucumbió por la onda de choque y escombros. En tanto, de los 26 heridos, dos permanecen en estado grave con quemaduras y fracturas, atendidos en hospitales locales como el Clínica Kennedy.
La Gobernación del Guayas reportó que la detonación buscaba "causar el máximo daño y la mayor cantidad de muertos", colocada en un punto de alta circulación peatonal para maximizar el terror. El gobernador Humberto Plaza lo calificó de "terrorismo puro y duro", mientras la prefecta Marcela Aguiñaga lamentó: "Guayaquil arde, ¿y no pasa nada? Estamos hartos de las condolencias. Queremos acciones. Lo que vivimos es una tragedia nacional que nos desangra hace tiempo (…) Porque si no lo hacemos ahora, no quedará nada de esta tricolor convertida en una fosa común". El alcalde Aquiles Álvarez fue aún más gráfico: "Unos ponen las bombas y otros los sacan de la cárcel si los capturan (…) No tienen límites. Su próximo objetivo será dinamitar lugares llenos de niños y mujeres, no toleran que los guayaquileños se niegan a vivir encerrados", criticando la "comercio" con la vida de la gente.
Horas más tarde, en la mañana del miércoles 16 de octubre, una segunda explosión sacudió el puente Churute, en la provincia de Guayas, cerca del km 26 con dirección a Naranjal. La Prefectura del Guayas cerró vías y acordonó el área, solicitando videos de la zona para la investigación, mientras la Policía confirmaba el origen en un coche bomba. No se reportaron víctimas inmediatas, pero el incidente paralizó el tránsito en una ruta clave para el comercio sureño. En paralelo, el ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, reveló que se descubrieron explosivos en dos puntos adicionales de vías que conectan Guayas con Machala y Cuenca, al sur del país, elevando la amenaza a un nivel de "ataques coordinados" por bandas criminales. Reimberg reiteró en X: "No se trata de un artefacto fabricado artesanalmente, se trata de elementos de elaboración profesional por parte de grupos delincuenciales que quieren ocasionar caos en el país".
Estos eventos se inscriben en una ola de violencia que azota Ecuador desde 2023, exacerbada por la escalada de narcotráfico y extorsiones que llevó al presidente Daniel Noboa a declarar el "conflicto armado interno" en 2024, permitiendo operaciones militares contra carteles. Antecedentes incluyen el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio en 2023, que desencadenó una serie de coches bomba en Quito y Guayaquil, y explosiones en cárceles como la de Guayaquil en septiembre de 2025 —que dejó un guardia muerto— y marzo de 2025 en la prisión más grande del país. La Policía y Fiscalía investigan nexos con bandas como Los Choneros o Los Lobos, que controlan rutas de narcotráfico desde Colombia, en un país donde la criminalidad violenta subió un 30% anual, según datos oficiales.
La crisis de inseguridad coincide con protestas indígenas contra la eliminación del subsidio al diésel, que cumplen cuatro semanas y han herido a 13 soldados en bloqueos como el de Otavalo en Imbabura. Noboa, que enfrenta elecciones en un mes, impulsa una Asamblea Constituyente para reformar la seguridad y el Estado, pero enfrenta críticas por represión y falta de resultados. Organizaciones como la Conaie exigen diálogo, mientras la OEA monitorea la escalada de violencia. El puente Churute y los explosivos sureños sugieren una estrategia para desestabilizar el sur productivo, afectando exportaciones de banano y camarón.