Con propuestas para salir de la crisis, sólo tres candidatos presidenciales participaron del último debate en Bolivia
Con la agobiante crisis económica como eje, los candidatos presentaron sus propuestas de cara a las elecciones del próximo 17 de agosto.
Con propuestas para salir de la asfixiante crisis económica que atraviesa el país como tema central, tres de los ocho candidatos a la Presidencia de Bolivia que competirán en las elecciones del próximo 17 de agosto presentaron sus iniciativas económicas para atraer dólares al país y reactivar la actividad.
Pavel Aracena, de Libertad y Progreso ADN; Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y Eduardo del Castillo del Movimiento Al Socialismo (MAS) se cruzaron en el último debate organizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) a días de los comicios.
Por el actual oficialismo, Eduardo del Castillo, ministro del Interior de Luis Arce y candidato a presidente del MAS expuso su plan para atraer alrededor de USD 12 mil millones al país, y de esa manera paliar la crisis económica e impulsar al agro, la minería y los hidrocarburos, este último, uno de los sectores que más ha sufrido la declive económica durante los últimos años y ha visto reducirse considerablemente los saldos exportables.
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“Tenemos un plan de gobierno que quiere transformar la realidad de las grandes mayorías. El MAS hizo cosas muy buenas y otras la pudo hacer mejor, por eso queremos gobernar. Para atraer inversiones en el agro, la minería e hidrocarburos plantea cambiar al menos siete leyes”, planteó el funcionario arcista.
Además de plantear un enfoque más pro mercado de la economía boliviana, del Castillo ofreció la reducción de 17 a 12 ministerios y crear una nueva cartera de Comercio Exterior; además bajar de 56 a 31 viceministerios para tener un ahorro de Bs 240 millones que serán reinvertidos en el pueblo.
Por su parte, Aracena de Libertad y Progreso ADN planteó que se necesitan obtener alrededor de USD 6 mil millones para comenzar con la reactivación de la economía, para lo que propuso llevar a cabo un referéndum en las jurisdicciones de Oruro, Potosí y Santa Cruz, que en caso de ser acompañado por la población, habilite a vender hasta el 3% de las reservas de litio y tierras raras. Además, también planteó un “blanqueo” para legalizar ahorros bolivianos, con un límite de hasta USD 100 millones de dólares.
“El país vivió de vivillos, gente que espera no pagar impuestos. Cada quien paga lo que debe, somos pro empresa privada, queremos que Bolivia alcance la economía de libre mercado”, expresó.
El último de los participantes, Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano (PDC) convocó a reducir el Estado “obeso” , y en ese marco planteó que cada ciudadano sea propietario de los recursos naturales y por ello reciba una renta directa.
“Para la economía informal habrá crédito barato, impuestos y aranceles por debajo de 10 (por ciento), cerrar la Aduana corrupta y vamos a adelgazar este estado obeso. Los jóvenes tendrán su crédito también”, explicó.
Del debate, no participaron Samuel Doria Medina (alianza Unidad), Jorge Tuto Quiroga (Libre), Manfred Reyes Villa (APB -Súmate), Andrónico Rodríguez (Alianza Popular) y Jhonny Fernández (La Fuerza del Pueblo).
Panorama económico
Con una deuda aproximada de USD 13 mil millones de dólares, equivalente al 25% del Producto Bruto Interno (PBI) Bolivia enfrenta serios desafíos económicos, entre los cuales se sitúa el alto nivel de inflación que se sitúa en alrededor de 16,92% en los primeros siete meses de 2025.
A este escenario, debe sumarse que el país enfrenta una sangría de divisas que, en nueve años, redujo el nivel de reservas internacionales de alrededor de 15 mil millones de dólares a solo 2807 millones en el primer semestre del año, de acuerdo con lo indicado por el Banco Central de Bolivia.
Como si fuera poco, a todo ello debe de sumársele la persistente crisis energética que azota al país y que debido al decline en la producción gasífera, y por ende la reducción de saldos exportables y como consecuencia el aumento de su valor en el mercado interno (que alimenta el aumento de precios) resulta un verdadero dolor de cabeza para las arcas del sector público.
