En medio de las protestas, Noboa declaró el estado de excepción en 10 provincias
Además de la restitución del subsidio al diésel, los manifestantes reclaman por la baja del IVA, una mayor inversión en servicios públicos y la liberación de los detenidos.
El presidente Daniel Noboa emitió un decreto ejecutivo para declarar el estado de excepción por "grave conmoción interna" en 10 provincias ecuatorianas, en respuesta a las protestas indígenas convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) contra la eliminación del subsidio al diésel, que han derivado en violencia con un fallecido, más de 150 heridos y un centenar de detenidos.
La medida dictada por Noboa estará vigente por 60 días, y entre algunos de sus alcances restringe la libertad de reunión las 24 horas y moviliza a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para contener la radicalización, tras la anulación parcial de un decreto previo por la Corte Constitucional.
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De esta forma, el estado de excepción alcanza a las provincias de Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Cañar, Azuay, Orellana, Sucumbíos y Pastaza. El decreto llega tras 13 días de protestas organizadas por la Conaie en protesta a la eliminación del subsidio al diésel, una medida anunciada por el presidente Daniel Noboa para ahorrar 1.100 millones de dólares y cumplir con compromisos del Fondo Monetario Internacional (FMI). Tras el anuncio del mandatario, el precio del combustible se elevó de 1,80 a 2,80 dólares por galón, lo que impactó en el transporte y la agricultura.
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El epicentro de las manifestaciones se ha situado en la provincia de Imbabura, y se ha extendido a otras regiones como Pichincha (donde se ubica Quito) y áreas amazónicas. La Conaie exige no solo la restitución del subsidio, sino también la reducción del IVA del 15% al 12%, mayores inversiones en salud y educación, y la liberación de 12 comuneros detenidos por presunto terrorismo al inicio del paro.
Por su parte, el gobierno de Noboa sostiene que el subsidio beneficia principalmente a contrabandistas y minería ilegal, no a los más pobres, y afirma que "no hay marcha atrás" en la política. Sin embargo, las movilizaciones han generado pérdidas económicas superiores a los 70 millones de dólares, según empresarios, y han incluido bloqueos de vías que paralizan actividades.
En tanto, los manifestantes advirtieron por la profundización de conflicto si el mandatario ecuatoriano no da marcha atrás con la eliminación del subsidio al diésel. “Si el Gobierno no hace caso, vamos a estar convencidos de tomarnos Quito. Ya no podemos seguir aguantando. Ya no podemos seguir soportando”, expresó uno de los líderes de los manifestantes durante una reunión en El Chimborazo.
No obstante, las protestas reivindican también otras demandas como la baja del IVA, una mayor inversión en servicios públicos y la liberación de los detenidos.
Este conflicto recuerda las protestas de 2019 y 2022, cuando la Conaie lideró movilizaciones masivas contra la eliminación de subsidios a combustibles por presidentes como Lenín Moreno y Guillermo Lasso, obligándolos a retroceder para cumplir metas del FMI. En ambos casos, las manifestaciones llegaron a Quito, colapsando el país y forzando concesiones.