El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó una reestructuración del gobierno que reduce el número de ministerios de 20 a 14 y de secretarías de Estado de 9 a 3, según informó la portavoz gubernamental, Carolina Jaramillo. La medida, que implica una disminución del 41% en las carteras de Estado, incluye la desvinculación inmediata de 5.000 funcionarios públicos del Ejecutivo y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Bajo el objetivo de buscar la “eficiencia administrativa”, desde el Gobierno aseguraron que la movida no responde a criterios políticos, sino a un análisis interno que identificó a funcionarios que “obstruyen el trabajo eficiente” de las instituciones.

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Se trata del recorte más grande realizado desde que Noboa asumió el poder en noviembre de 2023. Asimismo, la reducción del gasto está alineada con las metas de achicamiento del déficit fiscal, en el marco del cumplimiento de un programa crediticio de USD 5.000 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Los despidos no afectan a médicos, enfermeros, profesores, policías, militares ni personas de grupos vulnerables, y el gobierno prevé financiar liquidaciones e indemnizaciones, respetando las leyes laborales y la Constitución.

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Los recortes ordenados por el Gobierno de Noboa se enmarcan en el cumplimiento de las metas establecidas con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

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Por su parte, en el marco de las transformaciones ordenadas en el área de Seguridad, Noboa ordenó que el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) y el Servicio Integrado de Seguridad ECU-911, que antes reportaban directamente a la Presidencia, pasen al Ministerio del Interior. Las fusiones de ministerios, como las de Cultura y Deporte con Educación, Vivienda con Transporte, y Ambiente con Energía, implicarán más desvinculaciones, aún no cuantificadas, y algunas carteras se convertirán en viceministerios. Los detalles de estas reorganizaciones se anunciarán en los próximos días.

El gobierno niega que los despidos sean una imposición del FMI, e insiste en que responden a un plan de modernización estatal. Sin embargo, la Ley de Integridad Pública, recientemente aprobada y con demandas de inconstitucionalidad, podría derivar en más salidas tras evaluaciones futuras. La reestructuración coincide con otras medidas de Noboa, como la extradición de alias “Fito” y la propuesta de castración química para violadores, en un intento por abordar la violencia y la inseguridad que afectan al país, con un homicidio por hora registrado en 2025.

La reducción del aparato estatal, aunque presentada como una apuesta por la eficiencia, ha generado un intenso debate sobre su impacto social y político en un Ecuador marcado por la inestabilidad.