Este jueves 21 de agosto, Colombia sufrió dos atentados coordinados que dejaron un saldo trágico de al menos 18 muertos y más de 50 heridos.

El primer ataque ocurrió en Cali, donde un camión cargado con cilindros bomba detonó cerca de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, causando seis muertos y alrededor de 71 heridos, según reportes de la Alcaldía y la Secretaría de Salud de Cali.

Horas antes, en Amalfi, Antioquia, un helicóptero de la Policía Nacional fue derribado, presuntamente con un dron explosivo, durante operaciones de erradicación de cultivos de coca, resultando en la muerte de 12 policías y varios heridos.

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Las autoridades atribuyen ambos ataques a disidencias de las FARC, específicamente al Frente 36, liderado por alias Calarcá, en el caso de Amalfi, y a la estructura Jaime Martínez del Estado Mayor Central (EMC) en Cali.

El presidente Gustavo Petro y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, han señalado a estas facciones como responsables, vinculándolas al narcotráfico y al terrorismo. En respuesta, se han ofrecido recompensas de hasta 400 millones de pesos (aproximadamente 90,000 USD) por información sobre los responsables, y se han detenido al menos dos sospechosos en Cali.

Estos atentados, que se producen tras una serie de ataques en junio pasado en el Valle del Cauca y Cauca, han intensificado la crisis de seguridad en el país, generando críticas a la política de "paz total" del gobierno de Petro.

La militarización de Cali y un consejo extraordinario de seguridad reflejan la gravedad de la situación, mientras la ONU y países vecinos como Venezuela y Panamá han condenado los hechos y expresado condolencias.

“Colombia merece vivir en paz. Lo ocurrido hoy en Cali frente a la Base Aérea Marco Fidel Suárez es un acto cobarde y criminal que rechazamos de manera absoluta”, manifestó la vicepresidenta, Francia Márquez.