Un reciente fallo judicial en Italia puso en cuestión las nuevas restricciones al derecho de ciudadanía por lazos de sangre. La decisión, emitida por el juez Fabrizio Alessandria del Tribunal de Turín, cuestiona directamente la constitucionalidad de la Ley 74/2025, una norma impulsada por el gobierno de Giorgia Meloni que recortó severamente el acceso a la ciudadanía italiana para bisnietos y tataranietos de ciudadanos italianos.

La ley establecía como plazo máximo el 27 de marzo de 2025 para presentar solicitudes de este tipo, lo que generó una fuerte reacción entre organizaciones, abogados especializados y comunidades italianas en el exterior. La norma fue acusada de violar principios como la igualdad ante la ley y la seguridad jurídica.

Un caso emblemático que podría cambiarlo todo

El recurso fue presentado por una familia venezolana, apenas días después de sancionada la ley. Su caso es el primero en alcanzar una instancia judicial de esta magnitud y podría convertirse en un precedente clave para los descendientes que buscan recuperar la ciudadanía italiana.

El pedido contó con el respaldo de las asociaciones AGIS y AUCI, reconocidas por su defensa activa del Ius Sanguinis, el principio legal que permite heredar la ciudadanía por descendencia.

Entre los principales argumentos, se destaca que la Ley 74/2025 impone restricciones retroactivas, fue aprobada por vía de urgencia, y establece discriminación hacia los italianos nacidos fuera del país, algo que entraría en conflicto con tratados internacionales vigentes.

Ahora será la Corte Constitucional quien deba definir si la norma es válida en su totalidad, o si debe ser anulada total o parcialmente. Una eventual declaración de inconstitucionalidad permitiría reabrir el camino para miles de solicitantes excluidos por el nuevo marco legal.

Fila. Descendientes de italianos esperando para tramitar la nacionalidad del país europeo.
Infobae

Cómo cambiaron los requisitos para obtener la ciudadanía italiana

Hasta hace poco, la ciudadanía italiana se transmitía de manera relativamente automática a los descendientes de italianos, incluso si sus antepasados se habían naturalizado en otros países. Sin embargo, la nueva reinterpretación del artículo 12 de la Ley 555 de 1912 modificó este criterio.

A partir de ahora, si el antepasado italiano se naturalizó en otro país mientras su hijo era menor de edad, ese hijo ya no podrá transmitir la ciudadanía a sus propios descendientes. Este cambio impacta especialmente en familias de América Latina, donde muchos italianos emigraron a principios del siglo XX.

El nuevo requisito implica que los solicitantes deberán demostrar que su ancestro no se naturalizó antes de que sus hijos alcanzaran los 21 años, lo que complejiza el proceso y deja a muchos potenciales ciudadanos fuera del beneficio.

Documentación clave para verificar si se conserva el derecho

Para confirmar el derecho a iniciar un trámite, es necesario verificar el estatus migratorio del antepasado. En Argentina, este paso puede realizarse ante la Cámara Nacional Electoral, que emite un certificado oficial indicando si un ciudadano extranjero fue naturalizado argentino y en qué fecha ocurrió.

Este documento es esencial para saber si la línea de ciudadanía permanece válida. También es recomendable consultar archivos históricos, registros migratorios y actas de matrimonio o defunción, que pueden contener referencias indirectas al cambio de nacionalidad.

Si se confirma que el antepasado se naturalizó antes de que su hijo fuera mayor de edad, el derecho a la ciudadanía podría considerarse interrumpido. En esos casos, los interesados deberán evaluar alternativas migratorias si desean establecerse en Italia o en otro país de la Unión Europea.