Causa Vialidad: Inician las audiencias y la fiscalía pedirá agravar la condena de Cristina Kirchner

La Cámara Federal de Casación Penal comienza, este lunes, a revisar la condena a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a los demás acusados por el juicio de corrupción en la obra pública en la provincia de Santa Cruz. Asimismo, se espera que en el inicio de las audiencias, el fiscal ante Casación, Mario Villar, solicite la revocación de la absolución a Cristina Kirchner por el delito de asociación ilícita y que sea condenada a 12 años de cárcel.

De esta manera, a partir de hoy y hasta mediados de abril, el máximo tribunal penal del país escuchará en audiencias programadas las posturas de todas las partes respecto al fallo del TOF 2 de diciembre 2022, que aún no está firme. Cabe recordar que la sentencia condenó a CFK a seis años de prisión por "administración pública", pero la absolvió del delito de asociación ilícita en un fallo dividido del Tribunal Oral Federal 2, integrado por los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez.

En cuanto al fiscal Villar, mantuvo la apelación del veredicto de su colega ante el TOF 2, Diego Luciani, que había pedido 12 años de cárcel para la ex vicepresidenta de la Nación en el juicio oral. Se trata de un reclamo que mantuvo en su apelación al veredicto y que ahora se estima que sostenga ante los jueces de Casación Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña.

En tanto, las audiencias que comienzan este lunes serán presenciales y se desarrollarán en los tribunales federales de Comodoro Py, en Retiro. Una vez terminadas las mismas, el tribunal deberá resolver si confirma, revoca o agrava las condenas, en un plazo de 20 días hábiles, aunque ese período podría extenderse. Además del reclamo de Villar por el agravamiento de la condena a Cristina Kirchner por corrupción en la causa "Vialidad", estará la presentación de la defensa de la ex vicepresidenta, que dejó de tener fueros tras su salida del poder el pasado 10 de diciembre.

La defensa de CFK pedirá que se revoque la condena a seis años de prisión por administración fraudulenta y que se dicte su absolución, al sostener que no hay pruebas directas y que los jueces actuaron de manera "arbitraria". Además, ante Casación se debatirán el resto de las absoluciones por asociación ilícita, entre ellos, Lázaro Báez, Julio De Vido y José López.

Vale mencionar que CFK y el resto de los acusados en la causa "Vialidad" fueron condenados el 6 de diciembre de 2022. Al año siguiente se difundieron los fundamentos de la sentencia y se abrió el período para las apelaciones, presentadas por la fiscalía y las defensas. Se trató de un veredicto dividido en lo relativo a la condena solicitada por el delito de asociación ilícita. Los jueces Gorini y Giménez Uriburu absolvieron a la ex mandataria, al empresario Báez y otros imputados por este delito en tanto el tercer magistrado, Basso votó por condenar.

Los tres jueces coincidieron en que hubo delito de administración fraudulenta en la adjudicación a empresas de Báez, entre ellas Austral Construcciones, de 51 obras públicas viales en Santa Cruz entre 2003 y 2015, y constituyó "un hecho de corrupción estatal" que derivó en un "perjuicio descomunal" a las arcas públicas. Según expresa el fallo, las maniobras se cometieron con un "fin económico", en "beneficio del empresario y sus socios comerciales". De esta manera, los condenados por el juicio "Vialidad" fueron CFK, Báez, el ex secretario de Obras Públicas, López, y el ex director de Vialidad Nacional, Periotti. También, los ex funcionarios Mauricio Collareda, Juan Carlos Villafañe, Raúl Osvaldo Daruich, Raúl Gilberto Pavesi y José Raúl Santibáñez. Todos recibieron penas de entre tres y seis años de cárcel por delitos cometidos con la obra pública nacional en Santa Cruz entre 2003 y 2015.

De acuerdo con la acusación, el 80% de la obra vial fue asignada a empresas del grupo Báez y hubo irregularidades como sobreprecios y falta de controles. Tanto CFK como Báez llegaron al juicio procesados por presunta "asociación ilícita agravada por su calidad de jefe" y "administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública". Por su parte, en el fallo que todavía no está firme, se ordenó el decomiso de unos $85.000 millones.