07/11/2024
El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, no gana para disgustos en su relación con el campo: luego de lo que fue la polémica cuando el Banco Nación estuvo a punto de cerrar sus sucursales en esa provincia tras una suba de impuestos provinciales, ahora entró en un nuevo frente de conflicto con el sector.
¿El problema? La Ley 3.288, de 'Gestión Integral de Plaguicidas', que fue sancionada en 2020, pero todavía no se aplica porque aún no se ha reglamentado. En las últimas semanas comenzaron a conocerse los borradores de esa reglamentación y esto generó crispación en las asociaciones que representan a los productores, que salieron a recordar su 'firme rechazo' a esta normativa, y a pedir no solo que no se aplique, sino que sea directamente derogada.
LA
LEY DE PLAGUICIDAS DE LA PAMPA
En concreto, las cuatro entidades de la Mesa de
Enlace (Carbap, Federación Agraria, Coninagro y Sociedad Rural), más los
Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (CREA), la Asociación
Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), el Centro de
Acopiadores de Cereales, la Asociación de Profesionales Agropecuarios La Pampa
(APALP), la Cámara Empresaria Pampeana de Insumos Agropecuarios (CEPIA) y la
Cámara de Propietarios de Maquinaria Agrícola de La Pampa (Caproma), expresaron
su 'firme rechazo a la implementación de la Ley 3288, por los graves perjuicios
que provocará a la producción agropecuaria pampeana y por sus defectos de
origen'.
Es válido decir, en este contexto, que no es común
que todas las entidades que representan al sector se unan de esta manera para
manifestar su descontento.Al respecto, en el comunicado fundamentan tres
motivos por los que están en desacuerdo con la normativa:
a- En su redacción no se tuvo en cuenta el largo y
fecundo trabajo realizado en el seno de la COPROSAVE para la actualización de
la Ley 1173 en el que participaron referentes de entidades públicas y privadas.
b- Durante su tratamiento legislativo se soslayaron
todos los aportes realizados por organismos técnicos y de entidades
representativas del sector agropecuario, los que incluyeron serios y fundados
argumentos acerca de sus nocivas consecuencias.
c- La falta de aporte técnico en su redacción y
tratamiento hace que al día de hoy la Ley 3288 ya esté desactualizada y
contenga serios vacíos ante los avances tecnológicos.
Como si esto no fuera poco, el borrador de
reglamentación de la Ley incluiría más problemas -según la mirada de las
entidades-, bajo el siguiente detalle:
a- Incrementar hasta lo imposible la carga
burocrática innecesariamente.
b- Atentar contra el derecho a la propiedad privada
que está amparado por las Constituciones Nacional y Provincial.
c- Criminalizar la actividad agropecuaria.
d- Impactar fuertemente en los productores
agropecuarios pampeanos, muy especialmente en los de menor infraestructura
administrativa.
'Por todo lo manifestado, las entidades abajo
firmantes rechazan el tratamiento de la Reglamentación, advierten acerca de las
serias consecuencias de insistir en su implementación y solicitan la derogación
de la Ley 3288 por parte del poder legislativo', prosigue el comunicado.Y
cierra: 'Y se comprometen como lo hemos hecho cada vez que se nos convocó, a
trabajar en una nueva Ley que cuide la Salud, el Ambiente y la Producción de
nuestra querida provincia de La Pampa'.
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