El debate sobre la baja de imputabilidad para menores de 16 Años vuelve al Congreso con urgencia

El debate sobre la baja de la edad de imputabilidad para los menores de 16 años se reavivará con fuerza la próxima semana en la Cámara de Diputados, cuando los bloques de La Libertad Avanza (LLA) y el PRO busquen sellar acuerdos con otras fuerzas parlamentarias para sancionar la iniciativa impulsada por el Gobierno en julio de 2024.

Hasta el momento, el proyecto ha enfrentado numerosos obstáculos, con siete reuniones de comisiones en la Cámara de Diputados que no lograron avanzar debido a la falta de consenso. La propuesta, promovida por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ha generado divisiones profundas en el Congreso y, aunque el Gobierno la considera clave, no ha conseguido reunir la mayoría necesaria para su sanción.

En un comunicado reciente, la presidenta de la comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado (PRO), informó que en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso se presentará el cronograma de trabajo para 2025, con el objetivo de avanzar en la aprobación del proyecto. Según Rodríguez Machado, la reforma es "una prioridad para ponerle fin a la impunidad", y aseguró que "no podemos seguir mirando para otro lado mientras los delitos se multiplican".

El nuevo régimen propuesto busca ofrecer una respuesta contundente a la creciente preocupación por la criminalidad juvenil. "Se trata de darles a las víctimas la justicia que merecen y a los jóvenes una oportunidad de resocialización, pero con un mensaje claro: el que comete un delito debe pagar por ello", afirmó la legisladora.

El proyecto, que fue girado por el Gobierno el 26 de julio, plantea reducir la edad de imputabilidad a los 13 años y establece un nuevo Régimen Penal Juvenil. Este régimen contempla penas de prisión de hasta 20 años para los adolescentes que cometan delitos tipificados en el Código Penal, aunque prohíbe la reclusión perpetua. Además de las penas privativas de libertad, se incluyen sanciones alternativas, como amonestaciones, prohibición de acercamiento a la víctima, monitoreo electrónico y servicios a la comunidad.

El régimen también contempla un sistema de resocialización, con programas educativos, deportivos y de formación ciudadana, y contempla la figura del supervisor, encargado de acompañar al infractor en su proceso de rehabilitación. Sin embargo, la reforma no implica la reducción de la responsabilidad penal por los delitos cometidos, sino que busca un equilibrio entre la justicia y la rehabilitación de los jóvenes.

Fuentes legislativas señalaron que LLA y el PRO están preparando un nuevo esquema de trabajo para la próxima semana, con la meta de alcanzar un dictamen de comisión antes de la sanción definitiva en el recinto. Esta iniciativa ha cobrado mayor urgencia tras el asesinato de la niña Kim Gómez en La Plata, un caso que involucró a dos adolescentes de 14 y 17 años.

Kim Gómez fue asesinada en julio de 2024 durante un robo: los jóvenes la arrojaron desde un vehículo en movimiento y la arrastraron durante 15 cuadras, lo que le causó la muerte. Este crimen ha aumentado la presión sobre el Gobierno y los legisladores para acelerar el tratamiento del proyecto.

Para que la reforma prospere, el oficialismo deberá lograr el respaldo de una mayoría en las cuatro comisiones en las que se está tratando el tema, además de contar con los votos necesarios en el recinto para su sanción. La discusión sobre la baja de imputabilidad y el nuevo régimen penal juvenil se perfila como uno de los puntos clave en la agenda legislativa para 2025.