El Gobierno avanza con la privatización de Aerolíneas Argentinas en medio de tensiones laborales

El Gobierno de Javier Milei decidió no desarticular el paro nacional anunciado por la mesa nacional del transporte para el 17 de octubre, y reafirmó su compromiso de avanzar con el proyecto de privatización de Aerolíneas Argentinas en la Cámara de Diputados. De acuerdo con lo que indicó un funcionario del Gobierno, "no tenemos una línea de tiempo definida, pero la privatización avanza igual. La intención es que se sancione antes de 2025".

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De esta manera, la Casa Rosada mantiene su postura firme frente a los gremios aeronáuticos, mientras prepara reuniones con empresas como Avianca, Arajet y Air Europa para ofrecerles la operación de las rutas de la aerolínea de bandera. Aunque se consideraron contactos con Azul, esta opción fue desestimada debido a su situación financiera.

El paro de transporte coincide con el vencimiento del plazo para completar las vacantes en la gerencia operacional de Aerolíneas Argentinas. Un funcionario advirtió que "si no retroceden, la empresa va a quedar inoperativa y la pérdida va a ser mucho más profunda. El daño va a ser muy fuerte".

La Casa Rosada acelera la confrontación con los sindicatos aeronáuticos. En paralelo, prepara reuniones con Avianca, Arajet y Air Europa.

Asimismo, el 16 de octubre se definirá la continuidad de Pablo Biró, secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), en el directorio de Aerolíneas. La mesa chica del Ejecutivo desea discutir el convenio colectivo del sector y modificar el esquema de beneficios para los empleados de la empresa estatal.

En tanto, la mesa nacional del transporte oficializará el 8 de octubre su decisión de realizar el paro en un plenario de comisiones directivas y delegados de los gremios del sector, donde también se debatirán otras medidas de fuerza, como asambleas y paros sorpresivos. En la reunión del jueves participaron líderes de diversas organizaciones, incluyendo a Juan Pablo Brey (AAA), Pablo Moyano (Camioneros) y Mario Caligari (UTA).

Un segundo punto de fricción se presenta en torno a la reglamentación de la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo, que incluye un blanqueo laboral y cambios en el tratamiento de los trabajadores independientes. Aunque el secretario de Trabajo, Julio Cordero, acordó modificaciones con la CGT, aún persisten tensiones en torno a esta normativa.

Por su parte, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se reunirá el lunes con dirigentes del ala dialoguista de la central sindical, buscando negociar una reforma laboral ampliada y solicitando la designación de un representante para integrar el Consejo de Mayo, creado recientemente por el Gobierno para trabajar en proyectos legislativos.

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En un intento por debilitar la marcha federal universitaria programada para el 2 de octubre, el Gobierno convocó a los gremios universitarios este jueves para acordar la paritaria, previo al veto a la Ley de Financiamiento de las Universidades, que había sido sancionada por el Congreso. La estrategia de la Casa Rosada, coordinada por Francos junto a otros ministros, busca disminuir la repercusión de la movilización, mientras se enfrenta a un clima laboral cada vez más tenso en el país.