El protocolo de orden público que el Gobierno que pondrá en práctica este miércoles, con motivo de una movilización a la Plaza de Mayo convocada por Unidad Piquetera, prevé, entre otros puntos, la actuación de las fuerzas de seguridad "sin que necesariamente medie una orden judicial", cuando una protesta impida el tránsito de personas o vehículos con cortes de calles, avenidas y rutas.

La resolución 943/2023, publicada el 15 de diciembre pasado en el Boletín Oficial y que lleva la firma de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, justificó la implementación del denominado "protocolo antipiquetes" en que "la recurrencia, intensidad, extensión y frecuencia de la interrupción del tránsito en rutas, autopistas y otras vías transitables ha derivado en una situación insoportable para la población que sufre esos actos ilícitos, en desmedro de su trabajo y de su calidad de vida".

Entre los principales puntos, el llamado "Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación" entiende por impedimentos al tránsito "cualquier concentración de personas o colocación de vallas u otros obstáculos que disminuyeren el ancho de las calles, rutas o avenidas, o que estorbaren el tránsito ferroviario, aun cuando no crearen una situación de peligro, o que impidieren el ingreso de personas a lugares públicos o empresas".

La medida indica que serán "las fuerzas policiales y de seguridad federales" las que "intervendrán frente a impedimentos al tránsito (...) sin que necesariamente medie orden judicial".

Según el protocolo, el accionar de las fuerzas de seguridad "estará orientada a despejar los accesos y las vías" de tránsito "hasta dejar liberado el espacio destinado a la circulación".