Estafa millonaria en Pinamar: Cientos de inversores denuncian fraude en lujoso emprendimiento inmobiliario

Un grupo de alrededor de 300 personas, entre residentes de la ciudad de Pinamar y ciudadanos provenientes de la Capital y el conurbano bonaerense, ha denunciado penalmente lo que califican como una estafa a gran escala por parte de los responsables de uno de los emprendimientos inmobiliarios más exclusivos de la ciudad balnearia. Según la denuncia, los acusados engañaron a los compradores al prometerles la creación de un barrio privado de lujo que nunca existió como tal, además de intentar quitarles las áreas comunes que los vecinos mantenían desde su creación.

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El abogado Diego Pirota, uno de los damnificados y reconocido por su trayectoria, destacó con ironía que ni siquiera figuras como Leonardo Cositorto, famoso por sus estafas en otros contextos, habrían llegado a un fraude de tal magnitud. Pirota, quien también lidera la demanda, explicó que el proyecto inmobiliario se presentó como un exclusivo barrio para la élite porteña, con amenities de alto nivel, como canchas de polo, áreas de equitación, y otras instalaciones deportivas. Sin embargo, hoy los responsables de la empresa Pinamar S.A. pretenden vender los terrenos destinados a esas áreas comunes, lo que ha desatado la indignación de los propietarios.

El conflicto comenzó hace más de 20 años, cuando las firmas Pinamar S.A., Caec S.A. e Imfi S.A. firmaron un contrato de fideicomiso para desarrollar un proyecto inmobiliario en un terreno de grandes dimensiones, que incluía espacios verdes, un "Club House", canchas de polo y una piscina. El emprendimiento fue promocionado como el primer barrio privado de la ciudad, y se vendieron lotes con la promesa de exclusividad y seguridad. Sin embargo, ahora se sabe que los terrenos vendidos no forman parte de un barrio privado legalmente constituido, lo que constituye, según los denunciantes, un engaño.

Desde esta semana, el juez en lo Criminal y Correccional Diego Slupski y el fiscal Eduardo Rosende avanzan con la investigación. "Nos engañaron cuando nos vendieron los lotes y pretenden seguir engañándonos", dice la demanda.

Los acusados en la causa son Enrique Guillermo Shaw, Jorge Enrique María Shaw y sus empresas, entre las cuales se encuentran Pinamar S.A., Imfi S.A. y Caec S.A., junto a cualquier otra persona que pueda estar involucrada en el fraude. El juez Diego Slupski y el fiscal Eduardo Rosende están llevando adelante la investigación, y se espera que los responsables enfrenten cargos por defraudación.

La demanda resalta que los acusados aprovecharon la fama y la trayectoria de Pinamar S.A. en el sector inmobiliario para atraer a inversores con la promesa de un barrio exclusivo, con seguridad privada y una infraestructura de lujo. Sin embargo, los propietarios descubrieron que la realidad era muy distinta. Lo que parecía ser un exclusivo barrio privado era, en realidad, un negocio fraudulento. Los denunciantes explican que los lotes fueron vendidos a precios elevados bajo la premisa de que formaban parte de un barrio cerrado, lo que aumentaba el valor de la propiedad.

El escándalo tomó fuerza al conocerse que, en 2011, la web oficial del Gobierno Municipal de Pinamar mencionaba al barrio privado La Herradura como un espacio con extensos campos de polo y otras actividades deportivas, lo que alimentó aún más la confianza de los compradores. Sin embargo, hoy se sabe que las áreas deportivas que alguna vez fueron promocionadas como parte integral del emprendimiento podrían ser vendidas y loteadas para obtener ganancias millonarias, a pesar de que esos terrenos son mantenidos por los propios vecinos.

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La denuncia también subraya la actitud de los responsables, que en lugar de reconocer el error, han optado por intentar eliminar una de las principales características del emprendimiento: las áreas comunes y deportivas. Para los denunciantes, esta es una muestra de la codicia de los acusados, quienes, además de haber vendido terrenos bajo falsas premisas, buscan obtener ganancias adicionales al vender lo que queda del terreno común.

El abogado Pirota ha solicitado medidas de prueba, como informes a la Inspección General de Justicia sobre las empresas involucradas, y ha pedido una copia digitalizada de los expedientes municipales que acrediten la creación del barrio y su comercialización. Además, se pide que se convoque a indagatoria a los responsables de esta presunta estafa inmobiliaria.

El conflicto sigue en desarrollo, y los vecinos afectados esperan que la justicia tome medidas contundentes contra los responsables de este fraude millonario que ha afectado a cientos de familias que confiaron en el proyecto, que hoy parece ser solo un espejismo de lujo y exclusividad.