06/06/2024

Política

Investigan a otras tres empresas truchas que se habrían usado para facturar millones al Polo Obrero

El juez federal Sebastián Casanello avanza sobre las dos empresas investigadas por realizar facturas truchas al Polo Obrero, de las que se estima se usaron para simular gastos y ocultar el destino final de los millones de pesos que la organización recibió como unidad de gestión del Potenciar Trabajo. De esta manera, la Justicia tiene probado que de los $113 millones que el Polo Obrero recibió del ex Ministerio de Desarrollo Social, $25 millones se desviaron a la imprenta Rumbos y a Coxtex S.A, que para la AFIP es una empresa que se creó con un único objetivo: hacer facturas truchas.


Los dueños de esas empresas son los mismos que de Coxtex.

Vale mencionar que esta última compañía hizo en favor del Polo Obrero recibos apócrifos por un total de $5 millones, los que se cree luego se ocultaron en otras tres empresas fantasmas. Coxtex fue fundada en 2020 por Luis Alexander Pichuaga y Mariana Soledad Vega, quienes, a su vez, crearon en estos últimos años tres compañías más: Ciriano Shoes CRL; Recinsur S.A. y VSP Consulting S.A. El juzgado de Casanello cree que parte de los $5 millones que el Polo Obrero le envió a esta empresa, la que luego emitía facturas por servicios o elementos que no se prestaban o entregaban, terminaron en esas tres firmas apócrifas.

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Los investigadores siguen la pista de una serie de empresas truchas que se habrían usado para ocultar el destino final de la plata. Incluso, se remarcó que Coxtex se creó el mismo año en que el Polo Obrero comenzó a recibir millones de pesos del Potenciar Trabajo. Ese dinero se debía destinar a la compra de herramientas, materiales de trabajo y vestimenta para los beneficiarios del programa. La Justicia encontró facturas a través de las que Coxtex supuestamente proveyó al Polo Obrero en el marco de estos convenios computadoras, parlamentes y softwares por un total de $5 millones.

En tanto, los investigadores quieren saber dónde está esa plata que no terminó en los beneficiarios del Potenciar Trabajo. Asimismo, la AFIP sostiene que Coxtex es una empresa apócrifa porque realiza multiactividades: tiene pocos empleados y no presenta finanzas que sustenten sus actividades, entre otras irregularidades.

La Justicia no descarta que Pichuaga y Vega, fundadores de Coxtex, sean titulares "falsos" de esta compañía, es decir, que en rigor ellos hayan firmado su fundación para ocultar a los verdaderos dueños.

Por su parte, la imprenta Rumbos, a la que el Polo Obrero desvió $20 millones, también suma elementos que la ponen en la mira. La Cámara Nacional Electoral confirmó que esa compañía aportó para las campañas electorales e institucionales del Partido Obrero unos $18 millones entre 2020 y 2023. Los investigadores creen que parte del dinero desviado tenía como objetivo final financiar al propio Partido Obrero, que compite en las elecciones dentro del Frente de Izquierda, que tiene entre sus referentes a Gabriel Solano y Romina Del Plá.

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Entre 2020 y 2023, la imprenta Rumbos le facturó a la Asociación Civil Polo Obrero unos $20 millones. En ese lapso de tiempo, la empresa aportó $18.000.000 para el PO. Ahora, la Justicia tendrá que comprobar si esos aportes se hicieron mediante una maniobra de defraudación al Estado Nacional, es decir, con la plata que el ex Ministerio de Desarrollo Social le enviaba al movimiento para que comprara herramientas de trabajo de los beneficiarios, ropa y otros elementos que debían utilizar los beneficiarios de la iniciativa. La Justicia considera que además Rumbos contrataba agencias de publicidad que luego colaboraban con la campaña del Partido Obrero, o pagaba otras cuestiones logísticas.


Los dueños de esas empresas son los mismos que de Coxtex.

Cabe recordar que la Asociación Civil Polo Obrero, en su condición de unidad de gestión del Potenciar Trabajo, debía garantizar las condiciones de trabajo para los beneficiarios del programa. En esos años recibió $360 millones del Estado Nacional mediante distintos convenios, de los que según información que Capital Humano le entregó a la Justicia solo se rindieron $113 millones.


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