22/11/2024

Política

La Corte Suprema absolvió a Domingo Cavallo en la causa sobresueldos

El máximo tribunal consideró que la causa no presentaba mayor complejidad y admitió falta de celeridad en el proceso de justicia. El exministro había sido acusado de utilizar fondos reservados para pagar "sobresueldos" a miembros del Poder Ejecutivo durante el gobierno de Carlos Menem.

La Corte Suprema de Justicia sobreseyó al ex ministro de Economía y Relaciones Exteriores, Domingo Cavallo, por la causa de los sobresueldos que pagó durante el gobierno de Carlos Menem.

A través de un fallo, el máximo tribunal consideró que se violó "el plazo razonable" ya que el proceso se demoró 18 años y revocó la condena previa de 3 años y 6 meses de prisión que Cavallo había recibido por peculado.

El delito por el que fue juzgado está relacionado a la percepción del pago de gastos protocolares con fondos de la Ley Secreta 18.302. El caso se lo conoció públicamente como de los "sobresueldos".

La causa contra el exfuncionario había comenzado en 2004, cuando se comenzó a investigar la supuesta "sustracción de caudales públicos entre 1989 y 1999 mediante la asignación mensual, y paralela a las remuneraciones del cargo, de sumas de dinero a varios funcionarios de alta jerarquía del Poder Ejecutivo nacional". Estos recursos estuvieron destinados a cubrir gastos protocolares, compensaciones y sobresueldos, que terminó dándole nombre a la causa.

Los fondos que se utilizaron provenían de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), que contaba con partidas presupuestarias reservadas, pero que según la ley estaban destinadas a actividades estrictamente relacionadas a la defensa y seguridad del Estado Nacional.

El fallo de la Corte llevó la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda.

En esta causa también había sido condenado el propio Menem a 4 años de prisión, pero con su muerte, fue declarada extinguida la acción penal.

La decisión de la Corte genera debate sobre la aplicación de la justicia en nuestro país y la necesidad de agilizar los procesos judiciales, especialmente en casos de corrupción que involucran a figuras públicas de alto rango.

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