La Justicia investiga irregularidades en la compra de medicamentos oncológicos durante la gestión de Alberto Fernández

A partir de una denuncia realizada por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, el juzgado federal de Julián Ercolini investiga presuntas irregularidades en la compra de medicamentos de alto costo, como oncológicos y para HIV-SIDA, durante la gestión de Alberto Fernández por $65.289.274.180. Cabe mencionar que la denuncia se llevó adelante tras que una auditoría interna revelara falta de controles en la compra de "medicamentos costosísimos" que posibilitó la adquisición de esos insumos con sobreprecios a través de "compras dirigidas", selección antojadiza de proveedores y presupuestos informales.

Asimismo, las operaciones se realizaron mediante la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE). Se trata de un área que por decisión del ex mandatario fue trasladada del entonces Ministerio de Salud, a la ex cartera de Desarrollo Social.

El escrito judicial remarca que mediante estas maniobras se habrían realizado "negocios imperdonables a expensas de los más necesitados y por temas sumamente sensibles", para personas sin cobertura y en situación de alta vulnerabilidad y que tramitaron subsidios para la adquisición de drogas de alto impacto económico como medicamentos inmunosupresores, oncológicos, para enfermedades del sistema inmune, de fibrilación auricular, entre otras además de prótesis para operaciones como de caderas.

Cabe mencionar que la auditoría de Capital Humano también critica el traslado de la DADSE de Salud a Desarrollo Social, que durante la gestión de Fernández estuvo a cargo de Daniel Arroyo, Juan Zavaleta y Victoria Tolosa Paz. Por tal motivo, mediante la Decisión Administrativa 76/2024, Pettovello traspasó la DADSE de su cartera al Ministerio de Salud, "de donde nunca debió salir".

En tanto, la subsecretaria legal del Ministerio de Capital Humano, Leila Daniela Gianni, presentó ante Ercolini el listado de la totalidad de subsidios que otorgó la DADSE entre el 21 de mayo de 2020 al 6 de diciembre de 2023 a pedido del magistrado. Se trata de 33.008 imputaciones de pagos que oscilan entre $78.000 a más de $34.000.000 cada una de ellas. En 2020 se gestionaron y otorgaron subsidios para la compra de este tipo de medicamentos por $1.582.388.462. En 2021 la cifra ascendió a $7.609.569.424. Mientras que para el año 2022 fueron $17.024.535.217 y en 2023 los subsidios otorgados alcanzaron un valor de $39.072.781.075. En total fueron $65.289.274.180.

Las millonarias compras investigadas por supuestas irregularidades circularon por menos de 30 laboratorios, farmacias, droguerías y proveedores hospitalarios.

"La selección de los proveedores de la DADSE a los efectos de que el Estado argentino adquiera medicamentos por miles de millones de pesos se realizaba vía e-mails (correos electrónicos simples y comunes, no encriptados, sin sobre cerrado ni seguridad) a una cadena de usuarios que no se actualizaba periódicamente ni se certificaba su titularidad. Una vez recibidos dichos e-mails, ciertos supuestos proveedores remitían presupuestos informales sin firma ni rigurosidad alguna", señala el escrito presentado por Pettovello.

La denuncia penal indica que el trámite para acceder con los medicamentos y otros insumos de alto valor iniciaba "con el envío de un correo a una lista de contactos" desde el correo electrónico urgentedadse@desarrollosocial.gob.ar. Una vez recibidos los mails, "ciertos supuestos proveedores remiten presupuestos informales sin firma ni rigorismo alguno y es, en virtud de tales presupuestos, se seleccionaba antojadizamente al proveedor al que se le compraban los costosísimos medicamentos, sin siquiera un cuadro comparativo como exigen las normas" dispuestas por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) por la que se rige la totalidad de la Administración Pública Nacional (APN).

De esta manera, se investigan los presuntos delitos de "defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad y violación e incumplimiento de los deberes de funcionario público". Por su parte, Capital Humano aclaró que "los pacientes que reciben los insumos no son el motivo de la denuncia y seguirán manteniendo sus medicamentos".