18/03/2024

Economía

La UOCRA en estado de alerta por 80 mil despidos en lo que va de la era Milei

El secretario general del sindicato, Gerardo Martínez, dijo que buscarán alianzas con los gobernadores para revertir la caída producida por la caída de la obra pública.

El de la construcción es uno de los rubros más golpeados por la crisis económica que comenzó a acentuarse aún más con la llegada de Javier Milei a la presidencia al llevar adelante su promesa de dejar de lado la obra pública financiada por el Estado.


En ese marco, la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) se declaró en "estado de alerta y asamblea permanente en todas las obras del país" ante la masiva pérdida de puestos de trabajo en el sector, unos 80 mil, "producto de la paralización de las obras públicas dispuesta por el gobierno nacional".


De los 440.000 trabajadores que había en julio de 2023, se redujeron un 11% hacia fin de año, un 18% en enero y un 20% en febrero, y se estima que en marzo "continuarán bajando dado que no se han revertido ninguna de las causas que motivan la caída".


La UOCRA también señaló que, otra de las motivaciones para llevar adelante esta medida fue por "la desaceleración de la inversión que pone en riesgo la continuidad de las obras privadas en ejecución y su consecuente impacto en la continuidad laboral de los trabajadores y trabajadoras en actividad y la ausencia de gestión e interlocutores válidos por parte del poder ejecutivo nacional, que se desentiende de la problemática que afecta a nuestra industria".


Por ese motivo el titular de la entidad sindical, Gerardo Martínez anunció ante la prensa la puesta en marcha de un "plan de lucha territorial" e indicó que buscará conformar "alianzas programáticas con cada gobernador".


Gerardo Martinez, titular de la UOCRA.

Según el sindicalista, "la construcción genera que por cada 100 empleos activos hay unos 30 indirectos que se ven beneficiados por el desarrollo". "En el mundo, la industria de la construcción es madre de la industria", dijo.


Según un informe realizado por el sindicato, "De esos 80.000 puestos (que se perdieron) están estrechamente relacionados con ocupados en obras públicas -agregó-, dado que históricamente alrededor del 25% de los empleos están relacionados con las obras que tienen financiamiento del sector público central y de las provincias".


La UOCRA señaló que, "esta situación tan extremadamente seria se produjo ante las decisiones gubernamentales de no pagar un peso de certificados de obra nacionales, ni aun aquellas financiadas por los organismos internacionales, y dejar de transferir a las provincias los fondos por convenios de financiamiento compartido".



En el informe de la entidad también sostienen que, "en la provincias más chicas, muy dependientes de las obras de vivienda sociales y otras obras públicas, son las más afectadas Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, San Luis y Santiago del Estero, mientras aquellas jurisdicciones en las cuales las obras privadas tienen más relevancia han sufrido menos el impacto, como CABA, Mendoza, Santa Fe, Córdoba y Tucumán".


"Estas obras privadas que amortiguaron la caída son obras en ejecución que no pueden pararse pero han disminuido su ritmo y no vemos obras de reemplazo para compensar el ritmo a su finalización", advirtió el sindicato de la construcción en su informe sobre la crisis del sector.


La UOCRA también alertó que la situación provoca un "grave impacto" en la obra social Construir Salud, ya que "pierde mas de un 20% de sus ingresos en un momento de aumentos en las prestaciones, que en algunos casos superan el 200%, con el agravante que todos estos beneficiarios que perdieron su empleo mantienen la prestación por ellos y sus familias durante 90 días". "Desde el propio gremio se está apoyando a la obra social para poder mantener su sustentabilidad".


Desde la entidad sindical detallaron que el país afronta una "caída abrupta y generalizada de la actividad económica" y que este panorama "se agrava en la industria de la construcción por la reticencia del sector empresario a acordar una recomposición salarial justa y suficiente que preserve el poder adquisitivo", expresaron con preocupación.


Por último,apuntaron contra el gobierno nacional por "no responsabilizarse de las consecuencias económicas, laborales y sociales de sus propias medidas". Además, cuestionaron que "no convoque al diálogo social y ponga en riesgo la seguridad jurídica en materia de inversión en obras públicas" ya que consideraron que resultan afectadas las "impostergables demandas por desarrollo económico y social de todas las regiones del país", concluyó el comunicado de la Unión Obrera.

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