Luego del fallo de la Corte, Pablo Otero, de Tabacalera Sarandí rompió el silencio con un duro comunicado

Luego que la Corte Suprema suspendiera la ejecución de la sentencia que habilitaba a Tabacalera Sarandí a no pagar el impuesto interno al tabaco, su presidente Pablo Otero acusó a medios, legisladores y a Phillip Morris de hostigar y acosar vía campaña mediática a su empresa.

A través de un comunicado expresó "en mi nombre y como Presidente de Tabacalera Sarandí queremos denunciar el constante hostigamiento, acoso, así como la campaña mediática y judicial orquestada por la Multinacional Massalin (Philip Morris) con la complicidad y connivencia del Grupo CLARÍN y diversos legisladores".

"El coordinado ataque dirigido por Massalin, amplificado por Clarín y con la extrema y sospechosa celeridad de la Corte Suprema, dejando decenas de temas de interés nacional de lado con demora de muchos años sin resolución, para dictaminar con urgencia contra las Pyme nacionales tabacaleras, "al dictado" y atendiendo expresamente los intereses particulares de la multinacional Philip Morris".

Además, Otero sostuvo "es vergonzosa la operación planificada por la Empresa Massalin junto a los 2 principales diarios de Argentina. Son más de 50 notas publicadas en dos meses, llenas de falsedades y manipulaciones, a puro escrache entre La Nación y Clarín. Mentiras, burlas y descalificaciones a mi persona y a una empresa, como Tabacalera Sarandí, con una trayectoria de más 30 años en el mercado y miles de familias que viven honestamente de la actividad".

En otra parte del comunicado, remarcó "nos vemos obligados a desmentir categóricamente toda esta serie de falsedades, publicadas sistemáticamente y aclaramos que No debemos ningún canon impositivo y que Si pagamos los mismos impuestos internos porcentuales que el resto del sector" y agregó "está muy claro que esta campaña responde a un plan de Massalin, apoyados por corporaciones mediáticas para eliminar a Tabacalera Sarandí y las PYME low cost del mercado, utilizando cualquier método de presión y extorsión".

También tuvo palabras para con la prensa, ya que entiende que "la supuesta prestigiosa prensa argentina definitivamente ha caído en esta porquería del escrache amarillista al servicio de la empresa más tramposa y sucia que se tenga registro, Massalin y sus laderos de British American Tobacco -BAT", siguió.

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Y cerró: "Desde Tabacalera Sarandí tenemos la conciencia tranquila y estamos dispuestos a competir según las pautas del mercado que sean. Por otra parte, agotaremos todas las medidas judiciales posibles que nos amparan, para compensar todo el daño que nos hagan a nuestra reputación empresaria y a mi persona, para defendernos y buscar justicia ante los ataques de toda una mafia corporativa".

Cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia decretó que la empresa de Pablo Otero, conocido como el "Rey del Tabaco", deberá comenzar a pagar los impuestos mínimos correspondientes a los cigarrillos que se había negado a abonar durante ocho años consecutivos.

Estos últimos años, Otero había evadido el pago de estos impuestos gracias a la presentación de medidas cautelares.

Además, el tribunal se pronunciará respecto a la constitucionalidad de dicho impuesto, tras la presentación de Tabacalera Sarandí. La Procuración General deberá emitir un dictamen y los jueces podrán tomar una decisión definitiva sobre el asunto.

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Durante estos últimos años, Otero había evadido el pago de estos impuestos gracias a la presentación de medidas cautelares. El empresario alegaba que el impuesto mínimo al tabaco era inconstitucional y suponía una expropiación. Además, Tabacalera Sarandí argumentaba ante los jueces que era una pequeña y mediana empresa, y que la suma de impuestos fijos le impedía competir en el mercado, ya que las marcas más conocidas ofrecían productos más asequibles. Gracias a esta estrategia legal, el Rey del Tabaco logró renovar las cautelares y evitar el pago del impuesto mínimo, posicionándose como uno de los principales actores del mercado.

Tras el fallo de la Corte Suprema, ahora se espera que la empresa comience a pagar los impuestos adeudados y se habilite la ejecución de la deuda acumulada durante estos años.

Se estima que la deuda alcanza los 1.060 millones de dólares entre los años 2018 y 2023, aunque esta cifra podría aumentar debido a la falta de fiscalización de los años anteriores y el último año fiscal.