Mendoza: analizan suspender a una diputada acusada de desviar fondos públicos

La Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza recibió una solicitud de informe sobre la situación procesal de la diputada de La Unión Mendocina, Janina Ortiz, quien había sido sometida a un desafuero luego de que la Justicia solicitara el permiso al Poder Legislativo provincial para investigarla en el marco de una causa por presunto fraude a la administración pública.

De esta manera, el proyecto de resolución fue presentado por el presidente de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC), Franco Ambrosini (UCR), quien contó con las firmas de los miembros del bloque radical y parte de los integrantes del LUM.

Los representantes de la Cámara baja explicaron que el pedido formulado a la Fiscalía de Instrucción N° 28 y a la Fiscalía N° 7 de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos e Informáticos se trató de un paso previo que debían dar por cuestiones "de economía procedimental y celeridad" antes de cumplir con el artículo tercero del proceso de desafuero que provocaría que Ortiz fuera suspendida de sus funciones legislativas.

El pedido de desafuero en contra de Ortiz fue solicitado el 17 de noviembre de 2023 por el fiscal Flavio D' Amore, titular de la Fiscalía de Instrucción N° 7, y la fiscal Patricia Atur, en representación de la Fiscalía de Instrucción N° 32. Luego de que la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales convocara a la diputada "para que ejerciera su derecho de defensa", la misma área aprobó el tema para que fuera tratado en el recinto.

En tanto, las causas por las que fue imputada la integrante de La Unión Mendocina, quien ejerció como secretaria de Gobierno de Las Heras hasta el 10 de diciembre, incluyen haber cometido los delitos de "fraude en perjuicio de la Administración Pública" y "coacciones".

El fiscal D'Amore encabezó la investigación por supuesta defraudación pública, en la que la diputada fue acusada de haber participado de una "cooperativa fantasma" junto a un grupo de funcionarios y allegados. Los implicados se habrían enriquecido al desviar fondos pertenecientes al Estado municipal mediante supuestas licitaciones y contrataciones de origen irregular.

Además, sobre Ortiz recayó también la acusación de presuntamente haber ordenado pagos a una cooperativa llamada "Manos a la Obra", sin contar con la firma del intendente, y de integrar la comisión de pre-adjudicación que avaló todo lo actuado.

Por otra parte, la fiscal Atur abrió la causa por coacciones vinculadas a una denuncia realizada por una empleada municipal que aseguró que la sospechosa la habría amenazado para que mantuviera relaciones sexuales con un funcionario para grabar el acto, con la intención de obtener información de parte del tercer implicado. Pero, el expediente fue trasladado a la jurisdicción de la Fiscalía N° 28, quien continuaría con el resto del procedimiento judicial.