Motosierra en las aulas: Examen del conflicto en la educación pública tras el llamado del gobierno a las universidades

En la Casa Rosada se sabe bien que la marcha del 23 de abril es inevitable. Los frenéticos intentos por desactivar una manifestación que se anticipa como megaconvocante por la diversidad y masividad del reclamo y por la reacción social que provoca el daño a una fibra siempre sensible de la identidad argentina como lo es la educación pública nacieron, esperadamente, ya marchitos. El gobierno de Javier Milei pondrá pues la mejilla y, tras el inmenso recorte de presupuesto a las universidades nacionales, llamará el 30 de abril a un cónclave para debatir una eventual actualización del plan financiero para el sector académico.

El ministerio de Economía no pudo cumplir su cometido: los tibios intentos de recomponer las partidas esgrimidos en las últimas horas por la cartera no fueron más que "una propuesta informal" que "no resuelve nada" para las casas de estudio nacionales, muchas de las cuales han visto prorrogados para este año los mismos fondos que en 2023 como si en medio no se hubiera registrado un 370% de inflación acumulada en materia de Salud y Educación: la Universidad de Buenos Aires (UBA) advierte que no llegará a julio; el Hospital de Clínicas, que se halla "al límite de funcionamiento" frente a facturas "multiplicadas por siete".

Será tarea entonces del ministerio de Seguridad hacer frente a una movilización que se plantea "histórica". Es que incluso si se diera luz verde la iniciativa presentada bajo la forma de un anuncio inconsulto por parte del Palacio de Hacienda, que dispone un aumento del 70% en marzo para los gastos de funcionamiento, esos costos explican nada más que el 10% del presupuesto total de las instituciones: el otro 90% incluye, entre otras asignaciones, los salarios docentes, que perdieron un 35% de su poder adquisitivo mientras los aumentos a senadores y a funcionarios públicos se otorgan a diestra y siniestra.