Organizaciones sociales denunciaron ante la CIDH el impacto de las políticas sociales del gobierno de Milei

Representantes de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la organización Mujeres en Empleo Informal Globalizando y Organizando (WIEGO) presentaron una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, acusando al gobierno de Javier Milei de "destruir las políticas sociales" y poner en marcha un "plan de miseria planificada" que, según afirman, está generando una grave crisis humanitaria en Argentina.

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La denuncia se realizó durante una audiencia en la que el secretario general de la UTEP, Alejandro Gramajo, fue uno de los oradores principales. Gramajo, quien también es dirigente del Movimiento Evita, calificó al gobierno de La Libertad Avanza como responsable de un "exterminio social" y señaló que las políticas del actual Ejecutivo están exacerbando la pobreza y la desigualdad en el país. "El gobierno de Milei representa un plan de miseria planificada. Estamos viviendo una gran crisis humanitaria", afirmó durante su intervención.

Por su parte, el gobierno de Javier Milei, representado por el Secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, presentó un informe en defensa de las políticas implementadas desde su asunción en diciembre de 2023. En el documento, el Ejecutivo refutó las acusaciones de las organizaciones sociales y detalló las medidas que ha adoptado en materia de asistencia social. Según el informe, el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, ha ejecutado el 82,43% del presupuesto destinado a políticas alimentarias, destacando que desde la llegada del nuevo gobierno se ha incrementado el monto de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Prestación Alimentar.

Además, el informe subraya que el gobierno de Milei ha adoptado medidas para desintermediar la asistencia social, buscando transferir los recursos directamente a las familias más vulnerables. "Se priorizó la asistencia directa a las personas en situación de vulnerabilidad, eliminando la intermediación de cooperativas y organizaciones sociales", se asegura en el documento, que también detalla cómo la cobertura de la Tarjeta Alimentar se ha ampliado hasta los 17 años, beneficiando a unos 500.000 adolescentes.

Durante las audiencias, los representantes de las organizaciones sociales también expusieron cifras alarmantes sobre el aumento de la pobreza y la indigencia en el país. Según Diego Morales, director de Litigio y Defensa Legal del CELS, la pobreza aumentó un 11% en el primer semestre de 2024, mientras que la indigencia creció en más de seis puntos porcentuales. Morales también denunció que el presupuesto destinado a políticas alimentarias sufrió una caída real del 29% respecto al año anterior, afectando especialmente a los comedores y merenderos comunitarios.

Tania Espinoza Sánchez, de WIEGO, advirtió sobre la creciente precarización laboral en el país y señaló que la falta de protección social para los sectores más bajos constituye un acto de discriminación. "Reducir la protección social de los sectores más vulnerables es un golpe directo a la dignidad humana", manifestó.

Otro de los puntos destacados por las organizaciones fue la desfinanciación de los programas de urbanización en asentamientos precarios, que afecta a más de cinco millones de personas, de las cuales casi la mitad son niños y adolescentes. Nicolás Rechanik, abogado de la UTEP, denunció además la existencia de toneladas de alimentos sin distribución, como mil toneladas de leche en polvo, en un contexto de grave inseguridad alimentaria.

El gobierno, a través del informe de la Secretaría de Derechos Humanos, argumentó que la situación económica y social heredada a fines de 2023 fue extremadamente difícil, con altos índices de inflación y una economía en crisis. "Las primeras medidas del gobierno de Milei se orientaron a bajar la inflación y dar inicio a un proceso de recuperación económica que ya está mostrando efectos", señaló el informe.

El Ejecutivo también defendió su política de asistencia social, destacando que el gobierno ha eliminado la intermediación en los programas sociales, buscando que los recursos lleguen directamente a las familias sin la participación de organizaciones sociales que, según el informe, "no habían mejorado la calidad de vida de los beneficiarios, sino que los mantenían en una situación de dependencia".

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Las organizaciones que llevaron el caso ante la CIDH pidieron que el organismo internacional exhorte al gobierno argentino a cumplir con los fallos judiciales que obligan al Estado a garantizar el suministro de alimentos a los comedores y merenderos comunitarios. También solicitaron que la CIDH envíe una delegación a Argentina para realizar un informe sobre la situación de los derechos humanos en el país, especialmente en lo que respecta a la vulnerabilidad de los sectores más desfavorecidos.

Antes de cerrar la audiencia, Gramajo reiteró su llamado a la CIDH para que intervenga en lo que considera una "grave crisis humanitaria". A su vez, las organizaciones sociales pidieron que la CIDH exhortara al gobierno argentino a no retroceder en las políticas sociales que benefician a los sectores más pobres y vulnerables de la sociedad.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos no tiene plazos establecidos para emitir su resolución, y aunque sus decisiones no tienen carácter vinculante, su influencia política podría generar presión sobre el gobierno argentino. Con el nuevo contexto económico y social, las políticas de asistencia social seguirán siendo un tema central en la agenda nacional e internacional, mientras las organizaciones sociales continúan exigiendo cambios sustanciales en la forma en que se abordan los derechos humanos y la pobreza en el país.