Tierra del Fuego bajo presión: el nuevo decreto que reconfigura su matriz industrial

Con la publicación del Decreto 333/2025 en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional dio un giro significativo a la política industrial de Tierra del Fuego. La normativa reduce a la mitad -a partir de enero de 2026- los aranceles de importación para teléfonos celulares y consolas de videojuegos, al tiempo que disminuye el impuesto interno a productos electrónicos, incluso aquellos fabricados dentro del régimen promocional fueguino.

Este movimiento -enmarcado dentro de un discurso de mayor apertura comercial y competencia de precios- genera fuertes repercusiones en el entramado productivo de la provincia más austral del país. Las cámaras empresariales alertan por el impacto directo sobre un ecosistema industrial que emplea a más de 8.000 trabajadores en forma directa y sostiene a más de 30.000 familias.

Tierra del Fuego ha sido durante décadas un enclave estratégico de la política de sustitución de importaciones en el sector tecnológico, consolidando una plataforma manufacturera para productos electrónicos de consumo bajo beneficios fiscales e impositivos específicos. Las nuevas disposiciones, sin una estrategia compensatoria de reconversión productiva, suponen un quiebre en este modelo.

Según voceros del sector privado, la medida anticipa un escenario de pérdida de competitividad frente a productos importados con estructuras de costos muy inferiores. En paralelo, se pone en duda la continuidad de inversiones ya comprometidas y la sostenibilidad de la cadena de valor asociada, que incluye logística, proveedores de insumos, transporte y servicios técnicos.

Desde el Gobierno, en cambio, se sostiene que la baja de aranceles apunta a mejorar la oferta y los precios al consumidor final, dinamizando el mercado a través de una mayor competencia. No obstante, diversos analistas remarcan que este tipo de decisiones requiere una planificación industrial a largo plazo, que contemple no solo la lógica de consumo, sino también la protección del empleo y el desarrollo regional.

Para el sector empresarial argentino, el caso fueguino vuelve a poner en debate el equilibrio entre apertura económica y sostenimiento de la producción nacional. En un contexto global donde los países refuerzan políticas de desarrollo estratégico e incentivos locales, la desarticulación de este polo industrial podría implicar un retroceso en capacidades industriales consolidadas y un aumento de la dependencia tecnológica.

INDUAR seguirá monitoreando la evolución del tema, en contacto con cámaras sectoriales, autoridades provinciales y empresas afectadas.