02/05/2024

País

Tucumán impulsa un polémico programa de retiro voluntario para trabajadores estatales

La administración del gobernador Osvaldo Jaldo ofrece 70% del sueldo, asignaciones familiares y otros beneficios por un período de cuatro años para quienes se anoten en el programa.

Alineado con la Casa Rosada desde que se tratara por primera vez el proyecto de Ley Ómnibus en Diputados, el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, sacó su propia motosierra y busca recortar la planta de empleados públicos de la provincia del norte del país.

No obstante, a diferencia del presidente Javier Milei, el mandatario optó por un camino diferente al del recorte masivo de puestos de trabajo en el ámbito público.

La administración peronista impulsa un plan de retiro voluntario para aquellos trabajadores estatales con hasta tres años de antigüedad en planta permanente o seis en planta transitoria.

El Sistema de Retiro Voluntario Programado para agentes de la Administración Pública Provincial consta de un 70% de sueldo garantizado, asignaciones familiares y otros beneficios por un lapso de cuatro años para quienes se acojan al programa y se retiren.

Desde el gobierno tucumano aseguran que, con esta medida, se ahorrarán unos $4.000 millones del erario provincial.


Por lo pronto, la Legislatura aprobó esta iniciativa -la cuarta de este tipo en las últimas dos décadas- con 38 votos a favor y únicamente 9 en contra.

"Los sueldos no están alcanzando, y una ley de estas características que permite hacer uso del beneficio, que la provincia siga pagando el 70%, el aporte jubilatorio y la obra social, da la posibilidad de poder conseguir otro trabajo, porque con el trabajo del Estado no alcanzaba", argumentó Jaldo, tras conocerse la sanción de la norma.

"El retiro garantiza un mínimo de tu sueldo y permite quedar libre para poder conseguir otro trabajo y con dos ingresos poder mantener mejor a la familia", remarcó.

La medida es considerada como una herramienta destinada a los empleados públicos de la provincia, tanto a nivel provincial, municipal y comunal, para abordar la necesidad de equilibrar las finanzas públicas y contener el gasto.

Sin embargo, desde la oposición cuestionan la medida impulsada por el oficialismo provincial y denuncian que actualmente existen unos 40.000 empleados que no tienen tareas asignadas.

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