¿El Mossad va a pagar nuestras jubilaciones?
Mientras los jubilados argentinos pierden derechos, el gobierno aplica un convenio firmado por Macri para otorgar beneficios previsionales a ciudadanos israelíes, en medio de una guerra genocida en Gaza y acuerdos opacos por el agua. ¿Qué esconden Milei y Mekorot detrás de la bandera de Israel?
¿Quién se lleva la plata de tus aportes mientras te niegan la moratoria?. En medio de una crisis económica feroz, con hospitales vaciados y obras paralizadas, el gobierno argentino reactiva un convenio previsional con Israel firmado por Macri, mientras entrega recursos hídricos a Mekorot y se alinea sin matices con un Estado acusado de genocidio en Gaza. Javier Milei declara que Irán es “enemigo de la patria” y nos mete de lleno en una guerra que no es nuestra. Todos olvidan que un funcionario estrella aseguró en foros internacionales que “el problema de Argentina son los argentinos”. Este informe revela la verdad detrás del convenio, los negocios turbios, y la narrativa oficial que esconde mucho más que un trámite jubilatorio.
Qué maravilla cuando las discusiones previsionales se vuelven tema de conversación en la verdulería. Uno escucha a una señora con la bolsa de naranjas preguntando si ahora “les van a dar la jubilación a los israelíes sin que hayan laburado nunca acá”, mientras que un pibe se saca los auriculares respondiendo que “sí, porque Milei se las regala”. En el medio, un jubilado que cobra la mínima murmura: “A mí me sacaron la moratoria, pero a ellos los bancamos todos”. Y así, en menos de dos minutos, la política exterior, la ética y el sistema previsional se mezclan con el precio del tomate. Eso también es soberanía.
En las últimas semanas, algunos sectores del Congreso han levantado una bandera con fuerza: la derogación del Convenio de Seguridad Social entre Argentina e Israel, aprobado por ley allá por 2021. El argumento es fuerte, contundente, incluso moralmente hiperbólico: “No podemos sostener con fondos públicos a ciudadanos de un Estado genocida mientras miles de argentinos no pueden jubilarse”. Suena bien. El problema es que es mentira. O, si uno quiere ser más indulgente, es una mentira políticamente útil, que toma algo real —la injusticia estructural del sistema previsional argentino— y lo usa como pantalla para otra discusión que no se quiere dar de frente: la relación con Israel en el contexto de Gaza, Mekorot, los negocios del agua, el lobby sionista y un presidente argentino que le canta el Hatikva con más emoción que el himno nacional.
¿Qué dice realmente el convenio?
El Convenio de Seguridad Social entre la República Argentina y el Estado de Israel fue firmado el 12 de septiembre de 2017 aquí aplica el a pero macri, y aprobado por la Ley 27.641, sancionada en agosto de 2021. Se trata de un acuerdo de reciprocidad previsional, es decir, un instrumento técnico-jurídico que permite que los trabajadores de ambos países que hayan residido y trabajado legalmente en el otro, puedan computar los períodos de aportes realizados a fin de acceder a una prestación jubilatoria proporcional.
A diferencia de las versiones alarmistas que circulan, el convenio no otorga jubilaciones automáticas, ni beneficios sin aportes, ni asignaciones sociales a extranjeros que nunca residieron en Argentina. El acuerdo fue complementado por un Acuerdo Administrativo firmado en febrero de 2024 (publicado en el Boletín Oficial el 7 de mayo), que detalla el mecanismo técnico entre ANSES y su contraparte israelí para el reconocimiento recíproco de los derechos jubilatorios. Establece cómo se presentan las solicitudes, qué tipo de documentos deben ser verificados, cómo se intercambia información entre los organismos previsionales de ambos países y qué procedimientos se deben seguir para determinar la proporción de los beneficios según el tiempo de aportes en cada sistema.
El convenio se inscribe en una tradición legal que Argentina mantiene desde hace décadas: acuerdos bilaterales de seguridad social con países como España, Italia, Francia, Chile, Uruguay, Brasil y Alemania. En todos los casos, el objetivo es garantizar derechos previsionales a trabajadores migrantes —tanto argentinos en el exterior como extranjeros que trabajaron en nuestro país— sin que deban renunciar a años de aporte por haber migrado. Son acuerdos de justicia previsional, no de dádiva política.
Según estadísticas oficiales, los convenios bilaterales representan menos del 3% del total de beneficios previsionales otorgados en Argentina. Y hasta junio de 2025, no se había otorgado ni una sola jubilación al amparo del convenio con Israel, ya que su implementación práctica se encuentra aún en etapa preliminar. Sin embargo, el clima político y el contexto internacional han instalado un relato que atribuye al convenio intenciones que no tiene y efectos que no produce.
Gaza, Mekorot y la diplomacia de la entrega
El escándalo mediático sobre las jubilaciones de ciudadanos israelíes estalla justo cuando Israel sostiene una ofensiva militar brutal sobre la Franja de Gaza, bajo el pretexto de eliminar al grupo terrorista Hamas. Desde octubre de 2023, más de 36.000 palestinos han muerto, en su mayoría mujeres, niños y ancianos. Las Naciones Unidas y organismos internacionales de derechos humanos han denunciado el uso sistemático del hambre como arma de guerra, el bombardeo a hospitales y escuelas, y la destrucción planificada de la infraestructura civil. Mientras se discute la supuesta jubilación de un puñado de israelíes, se oculta que la verdadera cesión de soberanía ocurre en los acuerdos firmados con Mekorot, la empresa estatal israelí del agua, denunciada por aplicar políticas de apartheid hídrico en Palestina.
Mekorot ya opera en Mendoza, San Juan y provincias del norte argentino a través de convenios con el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y acuerdos bilaterales firmados sin control parlamentario. Provee tecnología, diseño y consultoría, pero también impone condiciones técnicas y financieras que atentan contra el control estatal de los recursos hídricos. Mientras Milei canta “Yo soy el León” y se cree Moises, se negocian nuestras cuencas desde escritorios que no hablan castellano.
Todo esto sucede mientras Israel se encuentra en una guerra regional con Irán, mientras Estados Unidos blinda diplomáticamente a su aliado histórico, bloqueando resoluciones del Consejo de Seguridad y vetando investigaciones internacionales. La Argentina de Milei, lejos de asumir una posición de neutralidad activa o de defensa de los derechos humanos, se alinea sin matices con la lógica de guerra y exterminio. El convenio previsional, entonces, es el blanco más fácil para una indignación justificada pero mal dirigida.
El problema no es el convenio. El problema es la mentira
Entonces, ¿por qué se dice lo que se dice?. ¿Por qué se insiste en que el convenio “subsidia a israelíes” o que “los israelíes acceden a jubilaciones sin aportes”?. ¿Ignorancia?. ¿Mala fe?. ¿Exceso de épica militante?. ¿O una combinación de todo eso aderezada con oportunismo parlamentario?.
La respuesta, sospecho, está en otro lado. El verdadero eje del proyecto de derogación no es jurídico ni previsional. Es geopolítico. Los legisladores que lo impulsan lo dicen claramente: “No se puede mantener un acuerdo con un Estado genocida mientras bombardea Gaza”. Y ahí sí: toda la potencia de la indignación se vuelve justa. Porque es cierto que Israel —su gobierno, no su gente— comete crímenes de guerra. Es cierto que el acceso al agua en Palestina está controlado como instrumento de dominación. Es cierto que Mekorot, la empresa israelí del agua, opera en provincias argentinas sin control público real. Es cierto que Milei firma acuerdos con Netanyahu mientras la Corte Penal Internacional pide su captura. Es cierto todo eso. Pero nada de eso está en el texto del convenio previsional.
El juego sucio de la confusión
Lo que el proyecto hace es tomar un instrumento técnico-jurídico de cooperación previsional y convertirlo en chivo expiatorio de una política exterior entreguista, hipócrita y funcional a intereses extranjeros. Y en lugar de ir al hueso —la extranjerización del agua, el saqueo ambiental, el alineamiento incondicional con Israel en el conflicto de Gaza—, se elige atacar un convenio inocuo, posiblemente el más inocente de todos.
¿Quién se beneficia de esta confusión?. El gobierno, claro. Porque mientras se discute si el Mossad va a financiar el PAMI, nadie pregunta cuántos acuerdos firmó Argentina con Mekorot en las últimas décadas. Nadie indaga sobre las cláusulas secretas, las sesiones de cuencas hídricas, el poder del Consejo Federal de Inversiones. Nadie revisa los viajes oficiales a Tel Aviv, ni los discursos de la ex canciller Mondino —desplazada por “comunista” según el propio presidente—, proclamando que Argentina será “la mejor aliada de Israel en América Latina”.
Nadie recuerda que los veteranos de Malvinas siguen sin un convenio previsional con el Reino Unido, o que los inmigrantes senegaleses, bolivianos o paraguayos que tributan acá se enfrentan obstáculos sistemáticos para acceder a derechos previsionales. Mientras tanto, Javier Milei declara públicamente que Irán “es un enemigo de Argentina”, alineando de facto al país en un conflicto internacional de enorme escala, y comprometiendo nuestra neutralidad histórica en Medio Oriente. Con una frase, nos mete en una guerra que no es nuestra. Y no es casual: lo hace mientras sostiene relaciones asimétricas con un Estado acusado de genocidio en Gaza y bloquea toda crítica interna con acusaciones de antisemitismo.
Para completar el cuadro, nadie recuerda cuando el funcionario Demian Reidel, presidente del Consejo Nuclear Argentino, se despacha en un foro internacional diciendo que “el problema de Argentina es que está poblada por argentinos”. El mismo cinismo de siempre: extranjerizar el país, culpar al pueblo y blindar intereses externos. Y si alguien dice que el convenio lo firmó Macri en 2017, tienen razón. Pero esta gestión no solo lo aplica: lo convierte en pancarta ideológica. El “Ah, pero Macri” ya no sirve cuando lo que se critica se perfecciona en nombre de la patria ajena.
La historia de convenios previsionales en Argentina
El primer convenio bilateral de seguridad social que firmó Argentina fue con España en 1964. Le siguieron Italia, Chile, Uruguay y una serie de países europeos con fuerte presencia migratoria en nuestro país. A todos se les garantizó el derecho a sumar aportes y acceder a una prestación justa. Nadie gritó “sus jubilaciones nos las sacan a nosotros”. Nadie dijo que eso era regalarle plata a extranjeros. ¿Por qué ahora sí?.
La respuesta está en el componente étnico y geopolítico de este caso. Israel no es Italia ni España. Está en guerra. Tiene una diplomacia agresiva. Y carga con el peso de una ocupación territorial que el derecho internacional condena. El problema no es la jubilación. El problema es la política exterior del gobierno argentino, que se arrodilla ante Tel Aviv y privatiza la soberanía con la excusa de la innovación.
La política exterior no se tapa con jubilaciones
Y entonces, ¿qué hacemos?. ¿Aceptamos todo con resignación?. ¿Firmamos convenios sin saber qué implican?. No. Pero tampoco usamos verdades a medias para justificar decisiones que nos gustaría tomar por otras razones. Si el Congreso argentino quiere romper relaciones con Israel, que lo diga con todas las letras. Si queremos sancionar económicamente a un Estado por sus crímenes de guerra, hagámoslo con leyes que vayan al grano, que digan: “Cortamos relaciones diplomáticas hasta que cese el genocidio”. Pero no tiremos por la borda un acuerdo previsional que no tiene la culpa de los misiles ni de los desalojos forzados en Gaza.
Derogar este convenio no va a frenar la colonización del agua ni va a proteger los derechos de los jubilados argentinos. De hecho, podría empeorarlos, porque desprotege a los que sí trabajaron, sí aportaron, y están en medio de su trámite jubilatorio hoy, mientras leés esta nota.
Final sin final
Es más fácil indignarse con una firma que con un entramado de poder global. Es más fácil gritar “¡no a la jubilación de israelíes!” que organizar una auditoría nacional de los convenios hídricos, revisar los tratados de libre comercio, o reformar el sistema previsional argentino para que nadie más quede fuera por no tener los 30 años de aportes.
Pero lo fácil, ya lo sabemos, casi nunca es lo más justo.
El día que dejemos de confundir política exterior con trámite previsional, quizás podamos discutir lo que de verdad importa: qué país queremos construir, con qué soberanía, con qué memoria, y para quiénes.
Y, por qué no, quién va a regar nuestros campos cuando el agua no sea nuestra.