El 25 de julio no es una fecha con glitter institucional. No cotiza en los actos oficiales ni circula en la agenda de protocolo de embajadas. Es una fecha de grieta encarnada, de mujeres afrodescendientes que no piden permiso ni cuotas, sino que irrumpen con historia viva, con cuerpo migrante, con memoria de látigo y dignidad de cimarrona.

En 1992, en plena posguerra fría y auge neoliberal, mujeres afrolatinoamericanas y afrocaribeñas se reunieron en República Dominicana para gritar lo que los Estados no querían oír: que el racismo no había sido abolido con la esclavitud, sino reciclado como exclusión estructural. Que el feminismo debía ser negro o no sería. Que la historia oficial olía a blanqueo institucional.

Treinta y tres años después, la pregunta arde: ¿qué significa conmemorar el 25 de julio en la Argentina gobernada por Javier Milei, abrazada a la doctrina Trump y rendida ante los nuevos pedagogos de la crueldad?.

En esta Argentina de 2025, hablar de interseccionalidad parece un lujo posmoderno para quienes pueden pagarse terapia. Y sin embargo, es más urgente que nunca. Porque mientras cierran merenderos en los barrios, el Gobierno de la Ciudad licita por 30 mil millones la “puesta en valor por segunda vez” de un centro cultural céntrico para que las élites se saquen selfies con la cultura empaquetada. Porque mientras el desempleo arrasa a las trabajadoras de casas particulares —mujeres pobres, negras y migrantes, en su mayoría—, el presidente celebra la destrucción del Estado como si fuera una fogata libertaria. Porque mientras más de 4 millones de niños y adolescentes no tienen garantizada su comida diaria y la inseguridad alimentaria golpea a más del 50% de los hogares, el discurso oficial se enorgullece de “achicar el gasto” y privatizar derechos básicos. Porque mientras las infancias crecen sin acceso a una alimentación digna ni un presente seguro, desde el norte global nos imponen discursos de civilización disfrazados de “cooperación estratégica”.

La pedagogía de la crueldad: cuando gobernar es violentar

Vivimos en un país donde la motosierra es política de Estado, la meritocracia se volvió dogma y los cuerpos negros, migrantes, trans o empobrecidos se convirtieron en blanco móvil de las narrativas del odio.

Rita Segato la nombró con precisión: pedagogía de la crueldad. Se trata de un aprendizaje social que nos habitúa a ver cuerpos sufrientes sin conmovernos, que convierte el dolor ajeno en paisaje, y que legitima el castigo como método de orden. En la Argentina de 2025, esa pedagogía se institucionalizó.

Con Javier Milei en el poder, la violencia se transformó en política de Estado. Se recortan derechos con sonrisa libertaria, se persigue a las organizaciones sociales como si fueran carteles criminales, se despide a miles con discursos de eficiencia. Las mujeres negras y migrantes, que siempre estuvieron en el margen, ahora están en la mira.

No es casual. El racismo estructural necesita de chivos expiatorios: cuerpos feminizados, racializados, empobrecidos. Se criminaliza la pobreza, se persigue la protesta, se erotiza el castigo. Y en ese contexto, resistir con cuerpo, memoria y voz se vuelve una urgencia política y vital.

El nuevo rostro del colonialismo: Lamelas y la diplomacia extractivista

La designación de Peter Lamelas como embajador estadounidense en Argentina sintetiza el nuevo orden. Médico exitoso, empresario del sistema de salud privatizado, exiliado cubano y fiel al trumpismo, Lamelas no llega con una agenda diplomática, sino con una hoja de ruta económico-política: blindar los intereses estadounidenses, desactivar la influencia china, garantizar mercados para sus empresas y celebrar a Milei como modelo de "reformas valientes".

Sus declaraciones públicas dejan en evidencia su concepción de la diplomacia como un brazo operativo del mercado. Al afirmar que quiere trabajar con "su amigo Javier" para “expulsar a China poco a poco” y elogiar al gobierno por “liberar al país del socialismo”, Lamelas rompe de lleno con el principio de no injerencia en los asuntos internos de los Estados, consagrado en la Carta de las Naciones Unidas y en múltiples tratados internacionales. Su presencia y sus dichos vulneran los marcos jurídicos del derecho internacional público, transformando a la embajada en una sucursal ideológica y comercial.

La subordinación explícita del país a una agenda extractivista y geopolítica que no contempla la justicia social ni la soberanía cultural reactualiza las lógicas coloniales bajo ropaje diplomático. La embajada como instrumento de tutelaje. La cooperación como doctrina del control. La economía como campo de batalla.

El mapa global de la crueldad: Gaza, Ucrania, Sudán y Haití

Mientras Lamelas despliega sus planes desde Buenos Aires, el mapa del mundo exhibe una cartografía de la crueldad institucionalizada. En Gaza, el genocidio no solo es televisado, sino también legitimado por las potencias que dicen defender la democracia. El exterminio del pueblo palestino bajo ocupación israelí ya no puede llamarse conflicto: es una limpieza étnica sostenida por la impunidad y la complicidad internacional. Hospitales arrasados, infancias masacradas, barrios reducidos a polvo. Y un sistema internacional que, al no sancionar ni intervenir con firmeza, deviene cómplice por omisión.

En Ucrania, la guerra continúa como tablero geopolítico de la OTAN, con civiles como rehenes de las estrategias militares. La narrativa heroica oculta los intereses de la industria armamentística y el sufrimiento cotidiano de quienes viven entre ruinas.

Sudán sangra en silencio. Más de 13 mil personas asesinadas y nueve millones desplazadas por una guerra civil que casi no figura en la agenda mediática global. Porque son cuerpos negros, pobres, periféricos. Porque el humanitarismo occidental tiene GPS: donde hay petróleo, aparecen cámaras. Donde hay negritud y resistencia, hay olvido.

En Haití, el laboratorio colonial por excelencia, la intervención internacional bajo el rótulo de “misión de paz” refuerza un modelo de ocupación sistémica. Las fuerzas extranjeras no sólo no resuelven la crisis: la profundizan. El país que inauguró la independencia negra en América vive hoy sitiado por deudas impagables, violencia paramilitar y tutelaje imperial.

Este mapa no es casual. Es un manual de gobierno global que enseña quién debe vivir y quién puede ser sacrificado. Y las primeras en esa lista de sacrificio son, como siempre, las mujeres racializadas, las comunidades indígenas, los pueblos del sur.

Francia Márquez y el caso colombiano: el racismo como estrategia de poder

En Colombia, la figura de la vicepresidenta Francia Márquez se convirtió en blanco de una violencia política y mediática feroz. Su sola presencia incomoda al status quo: mujer negra, del Pacífico profundo, lideresa social y portadora de una narrativa que desarma los pactos del poder blanco-mestizo.

La persecución contra ella no es sólo ideológica, es también racial. Se la acusa sin pruebas, se la estigmatiza como conspiradora, se la responsabiliza por conflictos que no generó. El racismo estructural no soporta a una mujer negra en el centro de la política nacional. Su liderazgo no es un error, es una amenaza.

Pero además, la arremetida contra Márquez se inscribe en un patrón más amplio: utilizar el racismo como herramienta para desgastar políticamente a actores que encarnan procesos emancipatorios. La vicepresidenta ha denunciado las omisiones estatales, los pactos clientelares, la violencia contra su región. Su voz incómoda desarma relatos de gobernabilidad hegemónica. Por eso la quieren fuera del juego.

Defender derechos en territorios situados: la masacre invisible de defensores en América Latina

Según el informe 2025 de Front Line Defenders, el 80 % de los asesinatos a defensores de derechos humanos ocurrieron en América Latina. Sólo Colombia, México y Guatemala concentran el 67 % de las muertes.

Detrás de cada asesinato hay una historia de lucha: por el agua, por la tierra, por la vida comunitaria. Liderazgos campesinos, ambientales, indígenas. Mujeres defensoras que resisten megaproyectos, monocultivos, mineras y ejércitos. Y un sistema judicial que no investiga, ni sanciona, no protege.

En Guatemala, comunidades enteras tienen cientos de órdenes de captura. En México, defensores reciben condenas de 40 años por oponerse a un tren. En Colombia, más del 80 % de los crímenes quedan impunes. Defender la vida se volvió una sentencia de muerte.

La criminalización de la defensa del territorio es una estrategia de disciplinamiento social. Se busca eliminar no solo a las personas, sino a los modelos de vida que amenazan el orden extractivista. Es el racismo ambiental en su forma más cruel.

Conmemorar como acto de insumisión amorosa

En este contexto, el 25 de julio no es una fecha decorativa. Es un grito. Una declaración de existencia. Una afirmación de humanidad. No conmemoramos solo a nuestras ancestras. Nos conmemoramos a nosotras mismas, las que seguimos de pie, las que criamos, las que marchamos, las que contamos historias, las que escribimos estas palabras.

Reivindicamos la reparación histórica, la soberanía territorial, el derecho a una vida digna sin tener que pedir permiso. Porque no hay democracia sin pueblo negro, ni feminismo posible sin justicia antirracista.