Blindar las rejas: la ofensiva del Estado contra el poder criminal en las cárceles federales

Comenzando a desandar la mitad de otro año (que rápido pasa el tiempo), entendemos como propicio el momento para el ejercicio analítico que, lejos de otras pretensiones, solo busca la claridad necesaria que nos permita comprender el sitio en el que nos encontramos como sociedad en la temática de seguridad pública (sobre todo, frente al emergente desafío de la criminalidad organizada y sus letales consecuencias), a un año y medio del cambio de paradigma que en materia securitaria a nivel nacional, ha operado con la nueva gestión gubernamental.

En contexto, sobre todo regional, advertimos como la dinámica de este fenómeno de criminalidad organizada (y sus vínculos eventuales con el terrorismo internacional), jaquea gobiernos y golpea a través de la supresión de vidas humanas que insume su lógica actuarial -ciertamente perversa- no solo no se detiene sino que adquiere la capacidad de reconfigurar escenarios donde a través de la corrupción sistémica que impera en estados débiles con escasa resiliencia y normativa inadecuada para enfrentar a este flagelo, suma a su amplia gama de opciones, la operatoria actores estatales que convergen en la empresa criminal en detrimento de la seguridad pública.

Cuando se menciona la participación de actores estatales en diferentes organizaciones criminales, sea por acción u omisión, se revela como una simplificación la percepción errónea (o al menos inexacta) que únicamente son cooptados por estas organizaciones los funcionarios de agencias de prevención secundaria o terciaria, es decir policías, penitenciarios o funcionarios de diferentes fuerzas de seguridad. Algunas de las políticas que se aplican en el terreno resultan ser consecuencia de sesgos ideológicos que posibilitan la proliferación de este tipo de organizaciones delictivas, en síntesis, los actores estatales coludidos superan ampliamente a quienes operan en el “territorio”.

Los líderes de organizaciones delictivas han puesto en evidencia que el delito no cesa con la captura de sus organizadores, sino que, a través de diversas investigaciones judiciales queda demostrado que continúan operando aun con mayor eficacia, cuando las actividades ilegales son planificadas desde el entorno seguro que –a pesar de los esfuerzos de gran parte del personal penitenciario– le brindan los establecimientos carcelarios. O brindaban puesto que, en rigor de verdad y (reitero) el cambio de rumbo operado hace mas de un año, parece haber mitigado u obturado hasta aquí de manera parcial pero satisfactoria, dicha práctica criminal.

Como consideramos desde esta columna, la seguridad pública debe ser abordada desde una concepción integral, multiagencial y de forma coordinada, siendo la seguridad penitenciaria parte esencial de la misma. Y en esa lógica ha actuado el Ministerio de Seguridad Nacional desde el minuto cero en que se hizo cargo de la gestión del Servicio Penitenciario Federal (como cabeza del Sistema Penitenciario Nacional), poniendo en valor el concepto de quinta fuerza de seguridad federal a la organización responsable de conseguir que el condenado adquiera la capacidad de respetar y comprender la ley, la gravedad de sus actos y la sanción impuesta, promoviendo su adecuada reinserción social, sin descuidar (por las características únicas de su función), la seguridad pública a través del control absoluto de los espacios de alojamiento de internos, categorizados en función del riesgo a que estos se encuentran expuestos o al que, potencialmente podrían someter a la sociedad en su conjunto.

Respaldo actuarial y limitaciones de alto riesgo

Casos como el del interno Gustavo Fabian Pelozo (a) “Calavera” responsable operativo del contacto internacional para la adquisición de cocaína boliviana, dentro de la organización liderada por Esteban Lindor Alvarado, que estando alojado en el C.P.F.I, ordeno en 2022 el doble homicidio de Guernica (dos cuerpos calcinados fueron hallados en el interior de un utilitario quemado) además de la frustrada transacción de 464 kilogramos de cocaína que pretendía canalizar a través de la hidrovia, o la frustrada planificación de rescate en helicóptero desde las instalaciones del Modulo de alojamiento de internos III del C.P.F.I mediante la cual proyectaba recobrar la tan ansiada libertad.

Precisamente, el ya mencionado líder narco rosarino Esteban Lindor Alvarado, más algunos ataques perpetrados con armas de fuego sobre establecimientos penitenciarios y amenazas a personal del SPF, fueron el combustible que alimento la rápida decisión de la nueva gestión a cargo de esta Fuerza de Seguridad, para que a partir del primer día del año 2024, el control carcelario, volviera a manos del Estado.

Dentro de esta dinámica la implementación del Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo, oficializado por la Resolución Nro. 35/2024 del Ministerio de Seguridad Nacional, es una de las principales medidas que materializan este enfoque.

Este sistema busca neutralizar la continuidad criminal de internos integrantes de organizaciones criminales, mediante la clasificación, segmentación y categorización según los riesgos que representan.

Medidas como el control financiero interno (límite de 15.000 pesos en cuentas intracarcelarias) y las restricciones en visitas y comunicaciones (solo familiares directos en locutorios, sin contacto físico, limitado solo a internos de alto riesgo) buscan desarticular la dirección de actividades delictivas desde la prisión.

El Sistema Integral de Gestión para Internos de Alto Riesgo es una medida contundente adoptada desde el S.P.F., para abordar el crimen organizado desde las cárceles, basándose en la identificación y clasificación de internos que configuren la caracterización necesaria para esta categoría (Alto Riesgo) y la restricción de sus contactos y recursos económicos.

Si bien se justifica por la necesidad de neutralizar la continuidad criminal y proteger la seguridad pública, los críticos advierten sobre el riesgo de afectar derechos individuales y la constitucionalidad de las medidas, así como de no abordar problemas estructurales más amplios como la corrupción y la sobrepoblación penitenciaria.

Endurecimiento de controles y visitas

La Resolución 153/2025, refuerza las medidas de control para los presos de alto riesgo. Se limita el contacto físico en las visitas, permitiendo hasta dos familiares directos mayores de 16 años y sus hijos menores cada 15 días por un lapso de 60 minutos, exclusivamente en locutorios. Se prohíbe el ingreso como visita a personas condenadas o investigadas por delitos, así como las visitas de apoderados y allegados.

Estas restricciones se justifican por la detención de nueve familiares directos y dos abogados de internos de alto riesgo, presuntamente involucrados en delitos vinculados a la actividad criminal dirigida desde uno de los establecimientos penitenciarios. El SPF debe denunciar cualquier delito del que tenga conocimiento en este contexto y puede requerir intervención de comunicaciones o suspensión de visitas.

La efectividad de estas medidas y su impacto a largo plazo siguen siendo objeto de debate y monitoreo.

Contrastes inevitables: el control y sus resultados

Surge como inevitable efectuar las comparaciones que dan sustento a lo vertido en la columna, enancándonos en el argumento incontrastable que el control de la gestión Penitenciaria ha resultado crucial en la estrategia de seguridad desarrollada por el Ministerio de Seguridad Nacional, así vemos que:

En el año 2024 se contabilizaron 176 víctimas de homicidios en la provincia de Santa Fe; 90 en el departamento Rosario y 35 en el departamento La Capital. Esto representó una disminución en la cantidad de homicidios del 55,8% a nivel provincial, del 65,5% en el departamento Rosario y del 55,1% en La Capital con respecto al año 2023. Asimismo, los tres recortes territoriales registraron los valores más reducidos de toda la serie temporal (2014-2024).

● La provincia de Santa Fe finalizó 2024 con 4,83 homicidios por cada 100.000 habitantes. Se trata de la tasa más baja de la última década, con una disminución del 56% frente a 2023. A nivel departamental, Rosario cerró el año con una tasa de 6,84 y La Capital de 5,82. En términos interanuales, dichas cifras significaron un descenso del 65,7% y 55,4%, respectivamente, siendo también las menores desde 2014.

● El número de homicidios cometidos con armas de fuego en la provincia de Santa Fe, en el departamento Rosario y en el departamento La Capital constituyó el registro más bajo desde 2014. Se trató de una disminución del 68,2% en el caso de la provincia, del 72,3% en el departamento Rosario y del 68,8% en La Capital en comparación con el año 2023.

● Cuatro de cada diez muertes registradas en la provincia sucedieron en contextos de economías ilegales u organizaciones criminales. Se trató del porcentaje más bajo de los últimos cuatro años, con una caída del 66,2% con respecto al año anterior. Por su parte, el departamento La Capital registró un descenso interanual del 70%, mientras que en el departamento Rosario la disminución fue del 68,6%.

Claro que, esto no fue magia, sino el resultado de una planificación basada en un análisis multidimensional de la realidad criminal de un amplio sector del territorio nacional, entre el cual se le ha dado un correcto a la vez que inédito rol preponderante a la política carcelaria, especialmente a la seguridad penitenciaria como parte imprescindible en un esquema de seguridad pública de carácter integral.

En efecto, los planes desplegados desde el mes de diciembre del año 2023, han sido ambiciosos y certeros en cuanto a sus objetivos. Entre los principales podemos mencionar:

Plan Bandera y la creación del Grupo Especial Antinarcotráfico Rosario

Las acciones del Plan Bandera son ejecutadas a través del Comando Unificado de Fuerzas Federales, creado a tal efecto. Las fuerzas de seguridad trabajan en las zonas de empeñamiento, elegidas para el despliegue por ser históricamente las más “calientes” de Rosario: Ludueña, Empalme Graneros, Barrio Industrial, La Tablada, General Las Heras, Villa Manuelita, Barrio Municipal, Triángulo, Moderno, Villa Banana y Vía Honda.

Según precisaron en el Ministerio:

• Se realizan a diario operativos de saturación simultáneos y de alta visibilidad en distintos puntos de Rosario, en los horarios de mayor nivel de incidentes violentos.
• Se incorporó el Servicio Penitenciario Federal (SPF) como un “actor clave para reducir o anular la comunicación de los jefes de las organizaciones” que están presos con el exterior, para quitarles la capacidad de seguir controlando las operaciones de sus bandas desde la cárcel y de mandar a extorsionar o a matar gente.
• Se consolidó el Grupo de Operaciones Conjunto (GOC) para investigaciones de lavado de activos, narcotráfico y crimen organizado.
• Se creó el Grupo de Elite Antinarcotráfico de Rosario (Geanro) para el trabajo conjunto con la Justicia federal y el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe.
• Se reactivaron los controles constantes de precursores químicos, tanto en rutas como en empresas.

Creación de la Unidad Antimafia y mesa MECOAM

• Mediante resolución134/2024 se impulsó la Unidad Antimafia, con representación en la Mesa de Evaluación de la Criminalidad Organizada (MECOAM)
• Busca nutrir decisiones estratégicas basadas en inteligencia centralizada y coordinación multiagencial.

Ciberpatrullaje y vigilancia digital

• Aprobado por la Resolución 428/2024, permite a fuerzas federales monitorear webs públicas, redes y fuentes abiertas mediante IA, para detectar drogas, trata, lavado, armas, terrorismo, ciberdelitos y más.

En síntesis, el foco en la cárcel como fuente del delito es una pieza fundamental de la política de seguridad actual, que busca enfrentar el crimen organizado a través de medidas de control y restricción sobre los internos de alto riesgo.

Desde la perspectiva del gobierno, la implementación del Sistema de Alto Riesgo ha permitido recuperar el control y ha contribuido a una ostensible baja de muertes violentas en Rosario, uno de los epicentros de la actividad del crimen organizado.

Si bien resta por definir la implementación de sistemas de neutralización de emisiones de radiofrecuencia en contexto carcelario, más la construcción de nuevos espacios acordes a los escenarios disruptivos que configura la gestión de la ejecución penal de internos en general -y especialmente de aquellos que formaron parte de bandas criminales de estructura compleja-, podemos concluir que la estrategia adoptada para fortalecer la seguridad penitenciaria sin descuidar la búsqueda de la reducción de la reincidencia a través del desistimiento del delito.

Hasta aquí, resulta satisfactoria desplegando una red de acciones coordinadas en busca de cerrar el circuito de continuidad criminal de los lideres criminales que cumplen pena de prisión.