En la Argentina de Javier Milei, los derechos no se garantizan, se rematan. El ajuste no es una motosierra ciega: es selectiva y voraz. Corta por los cuerpos más vulnerables, por los barrios que no cotizan en Nasdaq y por las gargantas que siguen creyendo que la política puede ser otra cosa que delivery para fondos buitres. Y ahora, lo que está en juego es el agua. Sí, el agua. No es metáfora, ni titular clickbait. Es la privatización real, sin anestesia, del derecho más básico: el de hidratarse sin hipotecar la dignidad.

El decreto 494/2025, publicado en el Boletín Oficial con la pomposidad burocrática de quien firma la entrega de un país sin transpirar, autoriza la venta del 90% de las acciones de AySA, la empresa estatal de agua potable y saneamiento. No es solo una licitación: es una liquidación. Y no es solo un retroceso: es un salto al vacío con la excusa de la eficiencia. Como si las canillas supieran de balances contables.

Lo interesante –si uno quiere encontrarle algún mérito literario al desastre– es que esto ya lo vimos. Se llama "Aguas Argentinas", versión 1993. Consorcio privado con mayoría de Suez (Francia), tarifas que se disparan, servicios que se derrumban, promesas de inversión que se evaporan. Final anunciado: rescisión del contrato en 2006 y reestatización con AySA. ¿Aprendizaje colectivo?. Nada. En la Argentina libertaria, los errores no se corrigen: se fetichizan.

Pero la cosa no queda ahí. Porque además de entregar el 90% de AySA a manos privadas, el gobierno habilita convenios de "asesoramiento técnico" con Mekorot, la empresa estatal israelí denunciada internacionalmente por implementar un régimen de apartheid hídrico en Palestina. Sí, esa misma Mekorot que controla el 80% del suministro en Cisjordania y le vende agua a los palestinos... extraída de sus propios acuíferos. El modelo: eficiencia, despojo y geopolítica. ¿Y por casa cómo andamos?.

Entre 2022 y 2024, bajo la gestión de Wado de Pedro, se firmaron convenios con Mekorot en más de diez provincias argentinas. Nada nuevo: lo viejo vestido de smartwater. Lo llamaban "cooperación internacional", pero era la antesala de una privatización encubierta. Sin consulta pública, sin debate legislativo, sin impacto ambiental. Y con cláusulas que habilitan la cesión de soberanía, la entrega de datos sensibles y el sometimiento a arbitrajes internacionales. En criollo: si algún día un gobernador con conciencia decide ponerle límites a Mekorot, la empresa puede demandar al Estado argentino en tribunales del Banco Mundial. Y lo pagamos todes.

El decreto 494/2025 cristaliza ese proceso. Le da marco jurídico a lo que antes era apenas negocio entre amigos. Y lo peor: lo hace en nombre del pueblo. "Libre competencia", "desregulación", "modernización". Las palabras parecen salidas de un catálogo de marketing empresarial, pero en realidad son los eufemismos con los que se bendice la entrega. El resultado: un país que no decide sobre sus recursos, una población que no puede pagar su tarifa y un gobierno que le rinde cuentas a los mercados antes que a su pueblo.

¿Quién gana?. Fondos de inversión con sede en Delaware, operadores locales con olor a offshore, empresas transnacionales con prontuario. ¿Quién pierde?. Quienes viven en barrios populares, quienes dependen del Estado para acceder al agua potable, quienes todavía creen que el agua no es una mercancía. Las estadísticas no mienten: más del 20% del conurbano bonaerense no tiene acceso formal a la red de agua. Con esta medida, lo que se privatiza no es solo el servicio: es el derecho.

Lo dijo sin sonrojarse Demian Reidel, asesor estrella de Milei, en un foro de inversión: "El problema de Argentina es que está poblada por argentinos". Traducción: hay que desalojar el país de derechos, de voces, de democracia. Porque la verdadera eficiencia, para esta élite tecnocrática, no es brindar servicios: es maximizar dividendos. Y si el agua no llega, que beban mercado.

¿Y la legalidad?. Bien, gracias. El decreto burla al Congreso, elimina el rol del ENOHSA, y se pasa por alto la ley 27.275 de Acceso a la Información Pública, que exige transparencia en convenios que afectan bienes comunes. Pero no importa: en la Argentina de 2025, el Estado de Derecho es un trámite molesto. Lo verdaderamente importante es que el Excel cierre.

¿Y la historia?. También fue ignorada. Porque además del antecedente nefasto de Aguas Argentinas, tenemos casos recientes de retrocesos: el fracking sin consulta indígena en Vaca Muerta, el litio vendido a precio de remate en Jujuy, las represas en Santa Cruz paralizadas por conflictos de transparencia. La lógica es siempre la misma: primero la entrega, después la catástrofe. Y finalmente, la memoria selectiva.

Pero algo cambia. Porque esta vez, la indignación no se queda en la academia ni en los papers. Hay organizaciones que ya denunciaron estos acuerdos: la APDH, Stop the Wall, la comunidad palestina en Argentina, la Asamblea por el Agua de Mendoza, el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas. Algunas provincias, como Neuquén y Chubut, frenaron sus convenios. Otras, como Mendoza y Río Negro, siguen adelante con la fe ciega del converso.

Y la pregunta es: ¿vamos a dejar que el modelo del apartheid hídrico se instale en nuestro país?. ¿Vamos a permitir que la canilla se convierta en un privilegio y no en un derecho?. ¿Vamos a aceptar que donde había un derecho, nazca un negociado?.

Porque eso es exactamente lo que está pasando. Y lo dicen sin pudor. Lo explican con PowerPoint. Lo celebran con whisky importado.

En nombre de la libertad, nos están secando. En nombre del ahorro, están vendiendo el agua. En nombre de la eficiencia, están destruyendo la patria.

Pero la historia –esa que a veces despierta– tiene reservas. Y a veces, cuando el pueblo se entera de lo que pasa, se planta. Por eso este artículo no es un cierre. Es una advertencia. Y una invitación.

Porque donde había un derecho, nació un negociado. Pero donde hay memoria, hay respuesta. Y donde hay agua, hay pueblo.