El crimen perfecto: desfinanciar al Garrahan sin asumir el costo político

El ajuste sobre el Hospital Garrahan no se decretó, no se votó en el Congreso ni se anunció en cadena nacional. No hubo un funcionario que pusiera la firma para cerrar salas, ni una ley que dispusiera la renuncia de médicos, ni una resolución que ordenara suspender trasplantes. Y sin embargo, todo eso está ocurriendo. Lo que no se dice en voz alta, se ejecuta por la vía más eficaz del sistema: el recorte silencioso, metódico y sin firma.

Este es el tipo de política que no deja rastros directos, pero sí consecuencias concretas. Se congela el presupuesto nominal desde 2023, se giran menos fondos en términos reales en 2025 (un 7,2% menos respecto al año anterior), mientras la inflación acumulada supera el 250%. El deterioro no es un error de cálculo: es un plan fiscal que busca achicar el Estado sin hacerse cargo del impacto humano.

El truco es conocido. En vez de anunciar un recorte, se lo disfraza de reestructuración. En lugar de cerrar un servicio, se lo fusiona. Cuando no hay anestesistas, no se habla de emergencia sanitaria: se dice que hay “problemas de organización”. Mientras tanto, se siguen cayendo turnos, se demoran tratamientos, se agota el personal y la atención se degrada. Pero la narrativa oficial sigue intacta: no hay ajuste, hay "eficiencia".

Esta estrategia permite algo fundamental para el Gobierno: evitar el costo político. Porque recortar el Garrahan tiene un peso simbólico que ningún ministerio se quiere cargar. Entonces, la táctica es delegar la responsabilidad. Se acusa a las gestiones anteriores, al Consejo de Administración, o incluso al personal médico por “malgastar recursos”. Se sugiere que hay "ñoquis", "militancia", o “resistencia al cambio”. Todo sin pruebas, pero con el efecto buscado: desviar la atención del núcleo del problema.

A eso se suma el desvío de prioridades. Mientras el hospital pierde profesionales por sueldos indignos, el Estado destina $33.000 millones en lo que va del año a la Secretaría de Inteligencia, o redirecciona partidas a áreas de seguridad, defensa o pauta oficial. Son decisiones políticas disfrazadas de tecnicismos. Y por eso no se asume públicamente el ajuste: porque se está ejecutando en sectores donde hay consenso social en que no se debe tocar. La salud infantil es uno de ellos.

El resultado es un vaciamiento sin escándalo, sin imágenes de cierre, sin cortes de cinta negra. Un crimen administrativo perfecto: nadie se hace cargo, pero todos sufren las consecuencias. Médicos que se van, familias que viajan desde el interior y no encuentran turnos, quirófanos que no abren, y una institución clave que empieza a caerse sola, como si fuera una fatalidad natural y no el producto de una elección presupuestaria.

Porque eso es, al final de cuentas: una elección. Entre sostener el Garrahan o fundirlo por omisión. Entre reforzar la salud pública o dejarla colapsar con excusas de Excel. Y quienes toman esa decisión, lo saben. Por eso el ajuste es silencioso, casi como ese invitado que nadie ve llegar pero que se lleva la mejor parte del asado. El daño, sin embargo, es irreversible y está ahí, cantando en voz alta aunque intenten taparlo con música de fondo. Y si esta introducción no te dejó bien claro lo grave que es lo que está pasando, no te preocupes: te lo cuento con todos los detalles, con pelos, señales y hasta el chisme de pasillo, porque esto no es para subestimar a nadie. Acá la cosa es seria, pero se puede contar sin perder la picardía.

Contexto general: el Garrahan como emblema sanitario nacional

El Hospital de Pediatría Prof. Dr. Juan P. Garrahan abrió sus puertas el 25 de agosto de 1987, concebido como un centro público de alta complejidad dedicado a la atención infantil a nivel nacional . Desde entonces se ha consolidado como el hospital pediátrico de referencia en Argentina y Latinoamérica, recibiendo pacientes de todas las provincias e incluso países vecinos con enfermedades graves o poco frecuentes . Cada año, el Garrahan registra cifras asistenciales impactantes: más de 610.000 consultas ambulatorias, 12.000 cirugías, 110 trasplantes, 2,4 millones de análisis de laboratorio y 180.000 estudios por imágenes; en total, atiende a más de 28.000 niños y niñas por año . Cuenta con 587 camas de internación (132 de ellas de terapia intensiva), 20 quirófanos, 200 consultorios externos y áreas especializadas en trasplantes, neonatología, quemados y un Centro Integral de Oncología Infantil . Además, alberga el único servicio público de radioterapia pediátrica del país, equipado con acelerador lineal .

El Garrahan se financia mediante un esquema único de co-gestión entre Nación (80% del presupuesto) y Ciudad de Buenos Aires (20%), con autonomía administrativa (ente autárquico SAMIC) . Su misión histórica ha sido brindar atención gratuita y de alta calidad a cualquier niño o niña que lo necesite, sin importar su nivel socioeconómico ni su provincia de origen. Por su excelencia profesional, investigación médica y formación de especialistas, este hospital público se convirtió en símbolo del sistema de salud argentino. Familias de todo el país ven al Garrahan como su último recurso cuando los tratamientos locales fallan: “para muchas familias, el Garrahan es la última esperanza” señalan los trabajadores . No es casualidad que, aun en la adversidad, se lo considere “el futuro del país” hecho hospital, dada la vida de miles de niños que allí se salvan cada año .

Situación actual: infraestructura al límite y servicios comprometidos

Después de décadas de laburo constante, el Garrahan está atravesando “el peor momento de su historia”, como dicen, con la voz cansada y los ojos llenos de historia, quienes lo conocen desde adentro hace años. Una mezcla explosiva de falta de personal, escasez de insumos y un ajuste presupuestario que aprieta cada vez más ha empezado a golpear el corazón mismo de la atención médica. Lo cuentan los profesionales como si fuera un lento derrumbe, una especie de colapso progresivo que se ve en los pasillos: salas de internación cerradas por no tener quien las atienda, pacientes trasladados de un lado a otro en maniobras de urgencia que ellos llaman “reciclaje”.

Por ejemplo, la sala de cuidados intermedios –donde los pibes se recuperan después de operarse– se cerró y la pasaron al sector respiratorio porque no hay suficientes médicos residentes, y los médicos de planta están desbordados. Así, se mezclan pacientes con distintas patologías, una situación que no sólo es incómoda, sino también peligrosa. “Es grave y peligroso, no se debería internar en la misma sala a un chico que tuvo septicemia junto a otro con una afección respiratoria, pero no hay alternativa. Faltan recursos materiales y humanos”, dice Teresa Alfaro, enfermera de toda la vida, con 37 años dentro del hospital.

Los signos de esta crisis ya se notan: procedimientos de alta complejidad que se caen, demoras que ya no sorprenden a nadie. Dicen desde adentro que tuvieron que reducir trasplantes cardíacos y otras cirugías mayores por cómo está todo. Las largas esperas, la postergación de turnos, los retrasos en estudios diagnósticos ya son moneda corriente. Terapias intensivas al límite: hay más de 110 pibes internados en UTI, todas las camas críticas ocupadas, y alrededor de 250 pacientes pediátricos distribuidos en las salas generales, mientras que en la guardia y consultorios se atienden cerca de 450 consultas por día. Y claro, los mismos médicos lo admiten: esta sobrecarga y la falta de insumos están demorando la atención y poniendo en jaque prestaciones esenciales. Como dice Alfaro, resignada: “Si esto continúa, no sé qué va a pasar con tantos niños que dependen de este hospital”.

Las áreas que más sufren los recortes, paradójicamente, son las que alguna vez hicieron del Garrahan un modelo de excelencia. Cirugías complejas, trasplantes, terapia intensiva, oncología pediátrica… todos espacios donde falta gente capacitada y recursos críticos. Los profesionales hablan de la falta de insumos básicos para atender, desde medicamentos, descartables, hasta instrumental quirúrgico o incluso mantenimiento de equipos. Esto obliga a racionar materiales, y muchas veces a suspender intervenciones no urgentes. También hay obras de infraestructura paradas hace años, ampliaciones y renovaciones que nunca se terminaron por la falta de fondos. Así, tanto profesionales como pacientes se enfrentan a condiciones precarias en un lugar que alguna vez fue orgullo nacional. “El Garrahan se está apagando por goteo”, dicen algunos, con tristeza, viendo cómo el hospital se va vaciando de a poco, como si se deshilachara en silencio.

Renuncias masivas: éxodo de profesionales y consecuencias en la atención

Uno de los signos más crudos de esta crisis no se ve en las paredes, ni en los pasillos, sino en la ausencia de quienes alguna vez los recorrieron con vocación y entrega. Lo que está ocurriendo en el Garrahan es una hemorragia de personal calificado, y no es una metáfora: desde que comenzó este declive –que se arrastra hace más de un año y medio– ya se fueron alrededor de 200 trabajadores, muchos de ellos médicos especialistas con años de experiencia. La propia administración del hospital lo reconoce: en 2024 se fueron 56 profesionales, a los que hay que sumar 24 más en lo que va de 2025, además de 46 en 2023 y 51 en 2022.

Pero los representantes de los trabajadores dicen que el número real es mayor, que hay más de 200 renuncias desde fines de 2024. Y detrás de esa estampida hay un motivo que se repite como un eco: “salarios de miseria”, condiciones laborales insostenibles, y una frustración profunda por la falta de insumos. Médicos y enfermeros describen el fenómeno como un éxodo silencioso de profesionales formados en la casa, que terminan buscando mejores condiciones en el sector privado o directamente en el exterior. Con cada profesional que se va, no solo queda un vacío en la atención, sino también en la transmisión del saber, en la formación de los futuros médicos. Las vacantes se multiplican en áreas clave, y la sobrecarga recae con toda su fuerza sobre quienes se quedan.

Hay guardias nocturnas donde un solo médico tiene que atender a 30 pacientes a la vez, sin ningún tipo de refuerzo. En los hechos, los residentes –unos 300 en total– han quedado como la columna vertebral de la atención diaria, pero como también faltan, los médicos de planta tienen que duplicar funciones, haciéndose cargo además de las tareas que antes llevaban los residentes.

Las consecuencias son directas y dolorosas: menos personal significa menos capacidad de respuesta. Hay salas funcionando al mínimo, cirugías reprogramadas por falta de anestesiólogos o instrumentadores, y una caída en el tiempo de calidad que cada profesional puede dedicar a cada paciente. A esto se suma la crisis en la formación de nuevos especialistas, uno de los roles fundacionales del Garrahan. Sin médicos de experiencia que los guíen, los residentes quedan a la deriva. “El éxodo de profesionales con experiencia perjudica nuestra formación. Nosotros aprendemos viéndolos; sin ellos, no tenemos práctica”, advierte Azul Santana, médica residente.

La renuncia masiva de trabajadores por sueldos bajos y condiciones adversas ha encendido un círculo vicioso: menos personal → más sobrecarga → peores condiciones → más renuncias. La calidad y seguridad de la atención médica, que durante décadas fueron el orgullo del Garrahan, hoy están comprometidas por esta sangría lenta y constante de quienes sostenían el hospital con su trabajo.

Política salarial y condiciones laborales: reclamos vs. ofertas insuficientes

En el fondo de cada renuncia, de cada paro, de cada guardia cubierta a desgano o con cansancio crónico, late una misma certeza: los salarios no alcanzan. Y no es una queja aislada ni una exageración de quienes protestan en la puerta del hospital. Es la constatación diaria de que la política salarial del Garrahan se volvió insostenible. Hace meses que los trabajadores vienen advirtiendo lo mismo: sus ingresos quedaron pulverizados por la inflación, mientras las condiciones laborales se vuelven más y más duras.

Un médico residente, con una carga horaria extenuante –entre 60 y 70 horas semanales, incluyendo al menos seis guardias de 24 horas al mes– cobró en abril de 2025 alrededor de $797.000 brutos. Esa cifra, lejos de parecer un sueldo profesional, está por debajo de la línea de pobreza para una familia tipo, que ese mismo mes se estimó en $1.110.000. Haciendo cuentas, eso da apenas $2.800 por hora trabajada, y significa una pérdida del 53% del poder adquisitivo con respecto al salario real que recibían a fines de 2023.

En conjunto, los gremios estiman que, en el último año y medio, los sueldos del Garrahan se depreciaron un 60% en términos reales, devorados por una inflación imparable y ajustes salariales claramente insuficientes.

El gobierno de Javier Milei, que asumió en diciembre de 2023, no hizo más que profundizar esa tendencia: otorgó aumentos muy por debajo del costo de vida, empujando aún más el deterioro. Durante 2024 se anunciaron algunos incrementos nominales –se habla de un 244% interanual en el presupuesto de personal–, pero con una inflación que superó ampliamente ese número, el ingreso real siguió cayendo.

Ya en 2025, en pleno conflicto, la única oferta inicial concreta fue un plus de $200.000 por productividad, destinado a los residentes y financiado con fondos propios del hospital. Los médicos lo rechazaron de plano: lo vieron como “un parche”, algo improvisado para evitar discutir lo esencial, que es un aumento real del salario base.

Recién a fines de mayo, después de marchas, paros y asambleas, el gobierno mostró cierta disposición a rever la situación: se planteó la posibilidad de elevar el sueldo de residentes a $1.200.000, igualando lo que paga la Ciudad de Buenos Aires. Pero esa recomposición aún no se había formalizado al cierre de ese mes, y estaba condicionada a que los profesionales suspendieran las medidas de fuerza por 48 horas para negociar detalles.

Desde las asambleas y los gremios, la respuesta fue clara: las ofertas siguen siendo insuficientes. No se trata solo de recuperar lo perdido; se trata también de anticiparse a la inflación futura, de construir una base salarial digna y estable. Además del sueldo, exigen mejoras urgentes en las condiciones laborales: reducción de jornadas agotadoras, pago justo de horas extras y guardias, insumos adecuados para trabajar, y cobertura de vacantes que alivie la sobrecarga.

“Llegamos a un límite de vaciamiento y asfixia salarial”, resumió el secretario de la Junta Interna de ATE, al describir que la pérdida de poder adquisitivo ronda el 40% solo en este último período.

La respuesta oficial hasta ahora se enmarca en discursos de austeridad. Desde el Ministerio de Salud aseguran que recompusieron parcialmente la hora de guardia, y que otorgaron un “plus de alta complejidad” a algunos sectores. Pero puertas adentro, hasta los propios funcionarios lo admiten: los sueldos son “un desastre”. Cecilia Loccisano, viceministra de Salud, dijo sin rodeos que el salario de los residentes es “muy poco” y que “la urgencia se entiende”, aunque insistió en que cualquier solución “debe ser sostenible” y no un mero resultado de la presión gremial.

Médicos, enfermeros y técnicos del Garrahan reclaman una recomposición salarial de emergencia, acorde a una inflación interanual que supera el 100%, y un plan real de recuperación del poder adquisitivo. Piden lo justo: “lo que corresponde, el dinero que los trabajadores merecen”, como dijo la delegada Alfaro. Hasta ahora, la brecha entre los reclamos gremiales y las ofertas oficiales sigue abierta, y con ella, el riesgo latente de un conflicto aún más profundo.

Insumos, infraestructura y presupuesto: recortes encubiertos y recursos sin ejecutar

Los problemas de financiamiento que atraviesa el Hospital Garrahan no se limitan a los salarios y a la dotación de personal, sino que se extienden de forma crítica a la provisión de insumos médicos, el mantenimiento de equipamiento y el desarrollo de infraestructura. Aunque desde el Ministerio de Salud se ha declarado públicamente que “no se ha aplicado ningún tipo de recorte” en las asignaciones al hospital, los datos disponibles evidencian una realidad sustancialmente distinta.

Tras el cambio de gobierno, el presupuesto 2024 fue prorrogado con los montos nominales del año 2023, sin ajustes por inflación. Esta misma lógica se mantuvo durante varios meses de 2025, lo que, en un contexto de inflación acumulada superior al 200%, implicó una pérdida real considerable en el poder adquisitivo. Según estimaciones del Banco Central, mantener para 2025 un presupuesto de $169.445 millones representa una reducción del poder de compra cercana al 30%. A ello se suma que, en los primeros cinco meses de 2025, el Estado nacional transfirió al Garrahan un 7,2% menos de fondos nominales que en el mismo período del año anterior, profundizando el ahogo financiero.

Por su parte, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tampoco actualizó sustancialmente su participación del 20%. En 2024, el aumento fue de apenas un 7,8% respecto a 2023, muy por debajo de la inflación registrada. Para el año 2025, el presupuesto porteño proyectado para el Garrahan representa una caída real del 21,5%, salvo que se asignen partidas extraordinarias. En conjunto, tanto Nación como Ciudad han contribuido al proceso de desfinanciamiento estructural, a pesar de que las autoridades afirman que “no faltan recursos”.

Este recorte encubierto se manifiesta en la práctica mediante la reducción de compras de insumos médicos, la postergación en la adquisición de equipamiento nuevo, y la disminución del mantenimiento edilicio. Diversos reportes, así como denuncias de la Asociación de Profesionales, señalan que muchas partidas presupuestarias no fueron ejecutadas en tiempo y forma, generando episodios de desabastecimiento de insumos críticos. Por ejemplo, los laboratorios del hospital enfrentaron escasez de reactivos, y se registraron demoras en la reposición de instrumental quirúrgico de alta rotación.

Desde el gobierno, se insiste en que los fondos “están en el hospital, pero mal aplicados” por gestiones ineficientes. No obstante, documentos internos filtrados muestran que la ejecución presupuestaria del primer trimestre de 2025 fue muy baja, con una clara subejecución en áreas clave como equipamiento médico e insumos descartables, a la espera de reasignaciones que nunca llegaron.

En cuanto a la infraestructura, la situación también es crítica. Proyectos de ampliación y mejora edilicia, planeados en años anteriores, se encuentran paralizados. Un caso emblemático es la construcción de un nuevo sector de internación especializada, cuya ejecución fue detenida en 2021 y no se retomó. Como consecuencia, áreas saturadas funcionan en espacios adaptados, lo que impacta directamente en la calidad de atención. Asimismo, equipos de alta tecnología como respiradores y equipos de imágenes están siendo utilizados más allá de su vida útil recomendada. Esto ha generado fallas frecuentes, falta de reposición asegurada y retrasos significativos en la atención, como en el caso del resonador magnético, cuya eventual rotura implicaría meses de espera debido a la falta de alternativas operativas.

Las protestas del personal del Garrahan, visibilizadas en la entrada del hospital, apuntan directamente a la falta de insumos y al deterioro edilicio. El personal denuncia que el presupuesto congelado desde 2023 ha derivado en carencias materiales, mientras que el gobierno sostiene que se trata de un problema de “mala administración” de recursos.

El punto más conflictivo se sitúa en las acusaciones cruzadas entre el personal hospitalario, que denuncia un proceso de vaciamiento, y el gobierno, que habla de “desorden administrativo”. Mientras médicos y gremialistas señalan un desfinanciamiento deliberado o negligente, el ministro Lugones insiste en que “no hay motosierra en Salud” y que no se recortó el sistema público. Sin embargo, los datos oficiales muestran que, aunque el presupuesto consolidado de Nación y Ciudad creció un 41% nominal entre 2024 y 2025 (de $168.700 a $238.125 millones), la inflación prevista para ese mismo período ronda el 70%, lo cual representa un nuevo ajuste real cercano al 17%.

Especialistas como González y Prieto (2025) sostienen que este ajuste se suma a reducciones reales de años anteriores —en 2019, 2022 y 2023, cuando también se registraron caídas de entre 18% y 25%—, situando al hospital en un contexto de fragilidad estructural. La actual crisis no constituye un fenómeno aislado, sino el resultado acumulado de una década de presupuestos insuficientes, profundizados por el ajuste promovido por la administración de Javier Milei. Según relatan profesionales con larga trayectoria, “el hospital siempre luchó por mantenerse en pie en contextos económicos adversos, pero ahora enfrenta un límite nunca visto”.

El Garrahan como símbolo del ajuste estatal: contexto político, económico y rol del ministro Lugones

La crisis del Hospital Garrahan no ocurre en el vacío, sino que debe entenderse como parte de un ajuste estructural más amplio impulsado por el gobierno de Javier Milei. Bajo la consigna de reducir drásticamente el gasto público –la famosa “motosierra”– múltiples áreas sensibles han sido impactadas, y la salud pública no es la excepción. Desde comienzos de 2024, el Ministerio de Salud implementó recortes de personal y programas sanitarios: en enero de 2025, fueron cesanteados 1.400 trabajadores en distintas dependencias, incluyendo hospitales federales como el Posadas, el Sommer y el Bonaparte, así como direcciones clave como Vacunación y VIH.

Estos recortes, presentados como medidas de eficiencia y eliminación de “cargos innecesarios”, implicaron en la práctica una reducción de personal médico, técnico y administrativo. El Hospital Garrahan fue alcanzado directamente por estos despidos, agravando su ya precaria situación operativa. En paralelo, la administración de Milei tomó decisiones ideológicas de alto impacto, como anunciar el retiro de Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS), argumentando que sus políticas no arrojaban resultados y que era prioritario redirigir esos fondos a necesidades internas. Esta ruptura inédita desató críticas de la comunidad médica, especialmente frente al resurgimiento de enfermedades como el sarampión en un contexto de caída en la tasa de vacunación.

En este panorama de ajuste y tensión sanitaria, el Garrahan se erige como caso testigo de una política sanitaria de perfil austero, coherente con la ideología liberal-radical del gobierno pero cuestionada en cuanto a sus consecuencias sociales. Su situación simboliza el dilema entre la búsqueda de equilibrio fiscal y la garantía de derechos básicos como la salud. El deterioro del hospital se inscribe en un cuadro mayor: hospitales como el Posadas denuncian falta de insumos y renuncias masivas, campañas de vacunación han debido reforzarse de urgencia, e instituciones científicas enfrentan recortes presupuestarios severos.

En el centro de esta controversia se encuentra el Ministro de Salud, Dr. Mario Lugones, una figura tan central como polémica en la gestión actual. Asumió en septiembre de 2024, tras la renuncia de Mario Russo, con el mandato explícito de aplicar el orden fiscal en el área sanitaria. Cardiólogo de trayectoria en el sector privado, Lugones llegó con un enfoque alineado con la lógica libertaria de Milei: priorizar la eficiencia, reducir el gasto y cumplir con la meta de déficit cero.

Una de sus primeras acciones fue la remoción del Consejo de Administración del Garrahan, luego de que éste otorgara a su personal un bono extraordinario de $500.000 como reconocimiento. Según Lugones, ese plus violaba las pautas salariales del gobierno y no fue consultado con el Ministerio, por lo que exigió las renuncias del directorio completo. Desde entonces, ha sostenido que no hay un recorte de recursos, sino un control más riguroso del uso del presupuesto, denunciando la existencia de “ineficiencias” y una estructura “inflada” en el hospital. La viceministra Loccisano incluso afirmó que habría más empleados administrativos que médicos, insinuando la existencia de “ñoquis”, aunque sin brindar cifras concretas.

Las críticas contra Lugones no tardaron en llegar. Organizaciones gremiales, personal del hospital y figuras políticas lo acusan de encabezar un “desfinanciamiento deliberado” de la salud pública. La Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) denuncia aumentos salariales por debajo de la inflación y una política que pone el ajuste por encima de la vida de los niños. Incluso desde la oposición se ha señalado la incongruencia en las prioridades del gobierno: mientras el hospital enfrenta escasez, se han destinado $33.000 millones adicionales a la SIDE, lo que podría cubrir el presupuesto anual del Garrahan.

A pesar de las crecientes protestas, Lugones ha delegado las vocerías en su vice, manteniéndose en silencio ante el conflicto, lo que ha sido interpretado como falta de voluntad de diálogo. Sin embargo, se mantiene firme en su postura: niega que se esté desmantelando el hospital y atribuye los problemas a gestiones anteriores, defendiendo su política como una forma de mejorar la calidad del servicio sin desviarse del objetivo fiscal.

Hay que reconocer también que la vulnerabilidad del Garrahan no nació con el actual gobierno. Durante gestiones previas –como las de Mauricio Macri y Alberto Fernández– se produjeron recortes en los aportes y retrocesos presupuestarios, que dejaron al hospital dependiendo parcialmente de ingresos autogestionados y acumulando reclamos salariales no resueltos. La gestión de Milei, sin embargo, no solo no revirtió esta situación, sino que la profundizó: aunque el recorte real 2024–2025 (≈17%) es menor que los de 2022–2023, se suma a un proceso de deterioro estructural.

La crisis del Hospital Garrahan se ha convertido en un epicentro simbólico del ajuste estatal, exponiendo el alto costo social de las políticas de austeridad. Las decisiones del Ministro Lugones han encendido el debate sobre hasta dónde puede llegar el orden fiscal sin vulnerar derechos esenciales. En las calles y en el Congreso, crece el reclamo: “¿Vale la pena el ajuste si el precio es la salud de los niños?”. La respuesta sigue abierta, marcada por el conflicto y la resistencia.