El show del derrame: subsidios para calmar la tormenta
En pleno año electoral, el gobierno reparte subsidios por única vez mientras promete libertad y ajusta a los de siempre. El famoso “derrame” llega, pero en cuentagotas y solo para calmar la tormenta antes de las urnas. Puro show, poco sustento.
El 16 y 17 de mayo, siete localidades bonaerenses quedaron bajo el agua. Zárate, Campana, Arrecifes, Capitán Sarmiento, Salto, Mercedes y San Antonio de Areco fueron testigos de cómo el abandono estatal, las obras inconclusas y el desprecio por la planificación se combinan para convertir la lluvia en catástrofe. Un mes después, y tras las quejas airadas de intendentes y vecinos, llegó la respuesta libertaria: un subsidio por única vez, con nombre marketinero y control estatal centralizado. Bienvenidos al SUPLEMENTO ÚNICO PARA LA RECONSTRUCCIÓN (S.U.R.), un parche con estética de plan social y lógica de salvataje publicitario.
El Decreto 497/2025, firmado por Javier Milei y su gabinete, crea un fondo de hasta 10 mil millones de pesos para asistir a los damnificados. Es decir, menos de la mitad de lo que se adjudicó a la Casta del Litio en un trimestre. Y aunque parezca un alivio, en realidad es un cálculo: apagar el incendio con marketing, sin tocar ni una coma del ajuste fiscal.
Emergencia sí, planificación no
En lugar de fortalecer políticas de mitigación, el Gobierno nacional improvisa subsidios con formato de limosna institucional. Mientras el S.U.R. promete compensaciones materiales “por única vez”, no hay ni una línea sobre obras hídricas, redes de drenaje ni programas de prevención. Es decir, no se gobierna, se reacciona. La Agencia Federal de Emergencias, ese invento nuevo del decreto 225/2025, aparece como ejecutora del plan, pero sin experiencia real, sin estructura en territorio y sin control social.
El reparto se hará a través de declaraciones juradas individuales, sin participación de los municipios ni de las organizaciones sociales locales que conocen el terreno. En otras palabras: centralismo autoritario, control vertical y cero participación comunitaria.
¿Derecho a la reconstrucción o reparto electoral?
¿Quién decide cuánto recibe cada damnificado? ¿Qué pasa con quienes perdieron todo pero no pueden demostrarlo en un formulario? ¿Y los que ya estaban en situación de precariedad y quedaron aún más hundidos? El decreto, cuidadosamente redactado para evitar compromisos estructurales, se limita a hablar de “pérdidas materiales” y de la posibilidad de establecer montos arbitrarios por vía reglamentaria. Todo queda en manos del Ministerio de Seguridad, como si el problema fuera un delito y no una falla estatal.
¿Y la asistencia alimentaria? ¿Y los subsidios para alquileres o reconstrucción de viviendas populares? Nada. El S.U.R. no es un plan integral: es un vale por única vez, pensado para sacarse de encima la presión mediática y decir que “se hizo algo”. En criollo: una política de marketing para tapar la falta de política pública.
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¿Reparación o disciplinamiento?
El Decreto 497/2025 no sólo regula la entrega del subsidio, sino que incluye una amenaza silenciosa: quien reciba ayuda sin cumplir los requisitos o “falsifique información” podrá ser sancionado penalmente. Es decir, la mano dura alcanza también al que pide ayuda. Se invierte la carga de la prueba: no hay responsabilidad del Estado por no haber prevenido la inundación, sino sospecha sobre el pobre que perdió todo.
Este patrón ya lo vimos. En los noventa, el “Plan Trabajar” se usó para condicionar territorios, fragmentar organizaciones y castigar políticamente a quienes reclamaban. Hoy, el S.U.R. replica la lógica: un subsidio sin rostro, sin derechos, sin garantías. No se trata de asistir, sino de controlar.
Precedentes: cuando la catástrofe fue negocio
Durante el menemismo, la respuesta a las inundaciones en Santa Fe (1992 y 1998) fue igual de improvisada: bonos, subsidios sin control, clientelismo y endeudamiento para obras que nunca llegaron. En 2003, tras la catástrofe del Salado, la gestión nacional creó un fondo de emergencia que terminó judicializado por corrupción y subejecución.
En contraste, en 2013, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner implementó un sistema más amplio y coordinado tras las inundaciones de La Plata: relevamientos puerta a puerta, participación de universidades, créditos blandos para damnificados y control ciudadano de la reconstrucción. También se crearon fideicomisos específicos y un sistema de alertas tempranas. El modelo no fue perfecto, pero al menos partía de la idea de que el Estado tiene responsabilidades activas, no solo caridad.
El S.U.R. no toma nada de eso. No hay prevención, ni diálogo, ni justicia territorial. Solo un subsidio seco, sin alma ni horizonte.
¿Y si llueve otra vez?
El S.U.R. no es un derecho. Es una ayuda excepcional. No crea programas de contingencia, ni fondos para reconstrucción a largo plazo, ni políticas habitacionales. Tampoco establece mecanismos de transparencia ni seguimiento. Si dentro de un mes vuelve a llover y se inunda otra vez el mismo barrio… ¿habrá otro decreto? ¿Otro parche? ¿Otro spot?
Mientras tanto, el Estado se borra de los mapas y la ciudadanía se seca en la espera.
