Mercado Pago: entre la inclusión y la concentración en el sistema financiero argentino

La economía argentina siempre fue una mesa de truco en la que los naipes están marcados, el mazo es ajeno y las reglas cambian según quién reparte. Nadie juega limpio, pero todos fingen que sí. Billetes arrugados que cambian de dueño sin dejar rastro, changarines que sobreviven a fuerza de efectivo y desconfianza, cuentas en dólares escondidas en paraísos fiscales, remesas pasadas de mano en mano sin que nadie pregunte demasiado. En ese ecosistema inestable, donde la astucia vale más que la norma y la trampa se volvió forma de vida, irrumpió Mercado Pago con la estética amable del progreso y la promesa de orden digital. Pero detrás de los colores brillantes y los botones intuitivos, la lógica de fondo seguía siendo la misma de cualquier arquitectura de poder: facilitar para dominar. Códigos QR que reemplazan al vuelto, ahorros que rinden solos, préstamos sin historial ni oficina. Una revolución sin épica, silenciosa, casi imperceptible, pero con consecuencias estructurales: lo que antes era circuito informal ahora es base de datos privada, lo que antes era desorden ahora es concentración, lo que antes era calle ahora es algoritmo.

Entre 2019 y 2023, el uso de billeteras virtuales se multiplicó por diez. El 98,5% de los adultos argentinos ya tiene una cuenta bancaria o virtual. Los pagos por QR pasaron de 10 millones mensuales a 384 millones. Una transformación sin precedentes, que redefinió la manera de comprar, vender, cobrar y ahorrar. Pero también una mutación profunda en quién controla qué en la economía argentina. Porque esa inclusión masiva, real y concreta, vino envuelta en una concentración feroz: Mercado Pago controla más del 70% de las billeteras digitales, procesa el 80% del e-commerce minorista, canaliza miles de millones de pesos en inversiones diarias, administra los fondos de más de 10 millones de personas. Todo desde una interfaz. Todo sin regulación bancaria. Todo con la promesa de una libertad que se cobra en dependencia.

Y ahí algo empieza a hacer ruido. Porque la concentración de poder rara vez se presenta con estética de dictador. A veces llega con emojis. Con colores pastel. Con cashback. Con una notificación sonriente que dice: '¡Tu dinero ya está rindiendo!'. Y mientras tanto, nadie se pregunta quién realmente está ganando.

No estoy en contra del avance. No niego sus beneficios. Uso Mercado Pago. Me resulta práctico, rápido, eficaz. Como a millones. No es una crítica desde el purismo ni desde la nostalgia por los formularios y las filas del banco. Es desde la desconfianza lúcida: me hace ruido —mucho ruido— que el fundador de este imperio, Marcos Galperin, sea quien más se benefició de la legislación local y a la vez el que más la denosta.

No es solo una contradicción: es un modelo. Galperin logró encarnar el sueño emprendedor mientras aprovechaba —con notable habilidad— las grietas del aparato estatal. Su figura condensa una épica contemporánea cuidadosamente construida: la del joven brillante que funda una empresa desde el sur del mundo y la lleva, paso a paso, a lo más alto del capitalismo digital. El relato oficial —porque eso es, un relato— lo consagra como símbolo del mérito individual, del esfuerzo inquebrantable, de la disrupción frente a la inercia burocrática y el atraso. Es, en clave local, la versión criolla del mito californiano: un garaje, una idea, algo de código fuente y el éxito como horizonte. Pero cuando esa épica se observa sin la neblina del marketing, aparece menos como una historia de riesgo y más como el resultado de una cadena de oportunidades estructurales. Su crecimiento no fue una excepción prodigiosa, sino el fruto de regulaciones favorables, beneficios fiscales, incentivos públicos y un ecosistema irregular donde Mercado Libre supo instalarse en los huecos que dejaron otros. Más tarde, cuando el músculo financiero ya era suficiente, trasladó su residencia a Uruguay, salió a cotizar en Nasdaq, diversificó su cartera con fondos globales y se declaró, con gesto sobrio, autónomo.

Mientras tanto, en su cuenta de Twitter, alterna arengas contra el “populismo” y críticas al “Estado ladrón”, al tiempo que su empresa se benefició con un ahorro fiscal superior a los 110 millones de dólares en 2023, cortesía del régimen de promoción tecnológica. En paralelo, exige menos regulaciones, menos intervención, más libertad. Pero esa libertad —y aquí está el detalle— se construyó con recursos públicos, bajo marcos normativos argentinos y con ventajas que cualquier PyME desearía siquiera negociar. En ese relato triunfal no hay trabajadores, ni sindicatos, ni instancias de control democrático. Solo hay voluntad empresarial y épica tech. Lo que se presenta como hazaña individual es también una historia de captura: del Estado, del discurso público, de la esperanza colectiva de que alguien, alguna vez, “haga las cosas bien”. Galperin ha sabido tejer una imagen casi mesiánica, en la que el mérito y la innovación aparecen como destino inevitable, mientras la excepción se vuelve norma y el privilegio, sistema. No se trata de un doble discurso. Se trata de algo más complejo, más inquietante: hegemonía. Porque ya ni siquiera se discute. Se asume que las reglas pueden no aplicarse. Que se puede acumular, cuestionar, exigir y, aún así, ser aplaudido como si de esa fortuna dependiera el futuro.

Con el Plan Colchón, esa lógica se volvió todavía más inquietante. El nuevo umbral de fiscalización subió a 50 millones de pesos por mes. Cualquier persona puede mover medio millón de dólares mensuales sin declarar origen ni destino. El argumento oficial es “confianza en la gente”. Pero la realidad es que se habilitó una nueva forma de opacidad. Y esa opacidad, claro, se canaliza a través de Mercado Pago. Porque es práctico, porque es veloz, porque está en todos lados.

El sindicato de técnicos de ARCA fue claro: sin ley de blanqueo, esto es un paraíso fiscal portátil. Y los efectos son sistémicos. Mientras un trabajador formal es retenido por cada peso que gana, otros mueven fortunas sin dejar rastro. Y lo hacen con el respaldo involuntario de una billetera digital que se transformó en infraestructura del sistema financiero sin haber sido votada ni auditada. El dinero que antes se escondía en una lata de galletitas, ahora circula sin freno, validado por una legislación que privilegia al evasor antes que al asalariado.

La competencia también lo sabe. Por eso, en 2023 más de 30 bancos, coordinados a través de la billetera MODO, llevaron a Mercado Libre a los tribunales. La acusación fue contundente: abuso de posición dominante y prácticas anticompetitivas. La denuncia señalaba que Mercado Libre obliga a usar exclusivamente Mercado Pago como medio de pago dentro de su plataforma, impidiendo a los vendedores integrar opciones como tarjetas bancarias directas o billeteras competidoras. Este cierre del ecosistema, argumentaron los denunciantes, vulnera los principios de libre competencia y perjudica a los consumidores, que no pueden elegir cómo pagar, incluso cuando tienen medios alternativos.

El conflicto escaló a tal punto que el Banco Central intervino. En mayo de 2024 se llegó a un acuerdo parcial: se estableció la interoperabilidad total de los códigos QR bajo la normativa Transferencias 3.0, con una comisión simbólica del 0,07% para el receptor del pago. Esta medida fue celebrada como un avance por sectores del sistema financiero y del gobierno. Sin embargo, ese gesto técnico no resolvió la cuestión estructural. Porque, aunque ahora cualquier billetera puede leer cualquier QR, Mercado Libre sigue sin permitir en su checkout la integración de pasarelas de pago externas. En términos prácticos, podés escanear con otra billetera en un puesto callejero, pero si querés comprar un producto en la plataforma de Galperin, seguís obligado a usar su billetera.

En paralelo, las autoridades de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia iniciaron una investigación formal para evaluar si estas prácticas constituyen efectivamente una infracción a la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia. Si se demuestra que Mercado Libre impide la interoperabilidad de medios de pago con el objetivo de mantener su hegemonía, la empresa podría enfrentar sanciones económicas y regulatorias. Hasta el momento, la causa sigue en etapa de instrucción y el lobby tecnológico presiona fuerte en los despachos donde se decide el curso de las normativas del futuro.

El lobby no es menor: según datos del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), Mercado Libre destinó más de 2 millones de dólares en 2023 a acciones de influencia institucional en América Latina. Además, mantiene vínculos fluidos con sectores del poder ejecutivo, legislativo y mediático, lo que le permite moldear el discurso público y condicionar los ritmos de la regulación.

Mientras tanto, las PYMEs tecnológicas locales, que podrían representar una alternativa plural, denuncian condiciones de competencia desleal. “¿Quién se puede plantar frente a una empresa que controla todos los pasos del circuito digital?”, preguntó un desarrollador de una fintech independiente en una audiencia pública. La pregunta sigue sin respuesta.

Y sin intervención firme del Estado, ese encierro se vuelve hegemonía estructural. En la práctica, ya vivimos en un sistema bimonetario y bidigital: el Estado emite pesos. Mercado Pago los gestiona. Y si se avanza hacia saldos en dólares o criptomonedas, como ya ocurre en Brasil y México, la autonomía monetaria quedará reducida a un apéndice del diseño corporativo.

El verdadero peligro no es la innovación. Es la captura. Mercado Pago sabe todo: cuánto ganás, cuánto gastás, a qué hora pagás, en qué barrio consumís, qué rubros frecuentás, a quién le prestás. Es un mapa vivo de la economía cotidiana. Pero ese mapa no está en manos del Estado. Está en manos de una empresa. Que no tiene obligación de protegerte. Ni de explicarte.

El debate urgente no es tecnológico. Es jurídico, político y social. ¿Queremos una economía donde el dinero de los sectores populares sea administrado por una empresa con fines de lucro, sin responsabilidad pública?, ¿Queremos una democracia sin soberanía monetaria?, ¿O podemos imaginar otra forma de inclusión financiera, sin concentración, sin asimetría, sin chantaje digital?

Mercado Pago no es el demonio. Pero tampoco es neutral. Es una herramienta poderosa. Pero cuando la herramienta reemplaza al sistema, cuando no tiene contrapesos, cuando el algoritmo manda más que la ley, la democracia se achica. Sin regulación, sin interoperabilidad plena, sin protección real para los ahorros de los más vulnerables, lo que hoy llamamos inclusión puede volverse dependencia estructural.

El futuro no se decide en las redes. Se define en los marcos regulatorios. Y si el Estado no actúa ahora, con firmeza, con inteligencia, con coraje, la próxima corrida no vendrá desde los bancos. Vendrá desde una app. Y no habrá botón de reclamo. Porque en el fondo, el problema no es el QR. Es quién decide lo que vale. Y quién se queda con la comisión.