Sturzenegger quiere devolverle la jubilación a las aseguradoras
En el corazón del mercado asegurador ya se habla de una “revolución”: se viene la motosierra sobre la Superintendencia de Seguros y un posible regreso al esquema de las AFJP, esta vez con las aseguradoras como protagonistas. En oficinas del sector privado, ya se frotan las manos.
Por Redacción Mundo Poder
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, avanza en silencio con uno de los planes más ambiciosos –y polémicos– de su gestión: desmantelar la estructura de control sobre el mercado asegurador y allanar el camino para que las compañías vuelvan a administrar fondos de jubilación. La meta final, según fuentes del propio entorno oficial, es una vuelta recargada de las viejas AFJP, pero con un nuevo actor en el centro de la escena: las aseguradoras.
El proyecto, que implica la eliminación de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), propone que ambas estructuras pasen a ser simples direcciones bajo la órbita del Ministerio de Economía, con menos personal y menos poder de control. El objetivo declarado es “simplificar” y “desburocratizar”, pero detrás de escena, los actores del sector privado ven una oportunidad de oro.
“Ya no se perseguirá tanto a las compañías”, deslizó, con resignación, un funcionario de carrera de la SSN que ve cómo se desmonta la estructura desde adentro.
¿El regreso de las AFJP?
En reuniones privadas con aseguradoras, altos funcionarios dejaron entrever que este movimiento es el primer paso para que las compañías de seguros puedan administrar capital previsional. La idea no es nueva: fue explorada durante la gestión de Mauricio Macri, pero ahora encuentra en Sturzenegger y su “motosierra institucional” un impulso decidido.
La jugada cobra sentido si se tiene en cuenta el desdén del ministro hacia los bancos, a quienes considera “actores improcedentes” en el negocio asegurador. En cambio, las aseguradoras aparecen como aliadas naturales para canalizar los aportes jubilatorios en forma de productos financieros, especialmente en lo vinculado a retiros y pensiones por invalidez laboral.
Oficinas en ebullición
En los pisos altos de Puerto Madero y Retiro, donde se concentran las grandes aseguradoras, el clima es de entusiasmo. “Es un cambio estructural. Si sacan la supervisión estatal, el negocio se libera de una camisa de fuerza”, reconoció off the record el CEO de una de las compañías más grandes del país.
Algunos incluso interpretan que el propio superintendente Guillermo Plate, con vínculos con Juan Pazo (ARCA), está intentando dilatar el proyecto para ganar tiempo o negociar condiciones más favorables. Pero el avance oficial parece imparable: hace apenas días, Sturzenegger publicó en redes sociales una foto junto a Javier Milei y lanzó la frase que encendió todas las alarmas: “¡Se viene la revolución de los seguros!”
Golpe a los productores
Otro frente caliente es la eliminación de los Productores Asesores de Seguros (PAS) como intermediarios obligatorios. Hoy, según la Ley 22.400, los PAS deben mediar en la contratación de seguros para asesorar y proteger al asegurado. Sin embargo, el plan oficial busca “liberar” el mercado, permitiendo que cualquier canal pueda vender pólizas sin regulación ni intermediación profesional.
Desde las cámaras del sector advierten que esto podría derivar en una ola de estafas, fraudes y desprotección para los clientes. “Quieren tratar al seguro como si fuera una caja de galletitas en un supermercado. Esto no es libertad, es anarquía comercial”, advirtió un dirigente gremial.
Una reforma con olor a los 90
El intento de reformular el sistema previsional desde el lado de las aseguradoras remite inevitablemente a la lógica neoliberal de los años 90. Pero esta vez, en lugar de AFJP manejadas por bancos, el control pasaría a manos de compañías de seguros que, hasta ahora, estaban bajo estricta vigilancia del Estado.
Si se concreta, no solo cambiará la forma en que se contratan y se fiscalizan los seguros en Argentina: podría cambiar el futuro de los fondos previsionales de millones de personas.