La comunidad de personas con discapacidad, organizaciones sociales, familias, profesionales y referentes como La Voz del Jubilado se manifiestan en contra del anunciado veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, una normativa aprobada por amplia mayoría en ambas cámaras del Congreso y que debería promulgarse el próximo 4 de agosto.

El proyecto de ley declara la emergencia nacional en materia de discapacidad hasta diciembre de 2026 (con posibilidad de prórroga hasta 2027) e incluye medidas clave como la regularización de pagos a prestadores, actualización automática de aranceles y pensiones no contributivas, incentivos fiscales, modernización del Certificado Único de Discapacidad (CUD) y refuerzo institucional de la ANDIS.

Sin embargo, funcionarios del Gobierno, incluido el ministro del Interior, Guillermo Francos, anticiparon que el presidente Javier Milei vetará total o parcialmente la norma, argumentando su impacto fiscal —estimado entre el 0,22 % y el 0,42 % del PBI— y su supuesto carácter “asistencialista”.

Desde La Voz del Jubilado, Jorge Di Muro expresó con firmeza:

“No al veto. La discapacidad no puede esperar. Sí a la vida digna, sí al derecho a los cuidados, a la rehabilitación, a la inclusión y a los apoyos necesarios para vivir con dignidad.”

Di Muro también advirtió sobre el impacto social del veto:

“Lamentablemente, en la Argentina de hoy tanto los jubilados como las personas con discapacidad no tenemos lugar. Somos los más perjudicados, los más olvidados… los únicos condenados al ajuste.”

En su llamado a legisladores, Di Muro agradeció el respaldo parlamentario pero instó a no abandonar la causa:

“Diputados y Senadores escucharon el reclamo y estuvieron a la altura. Hoy les pedimos que no nos suelten la mano. Defiendan la promulgación de esta ley. Porque los derechos humanos no se vetan.”

Organizaciones del sector advierten que vetar esta ley dejaría sin financiamiento a miles de familias e instituciones que ya enfrentan la suspensión de servicios, cierre de centros de atención, falta de medicamentos y retrasos en los pagos a prestadores desde 2023.

Desde una mirada ética y legal, referentes remarcan que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad —con rango constitucional en Argentina— podría verse vulnerada si el Estado no garantiza el acceso efectivo a salud, educación, trabajo y apoyos sociales.

Con el 4 de agosto como fecha límite para promulgar o vetar la ley, la sociedad civil se moviliza para exigir su aplicación inmediata.

“Porque lo esencial no puede seguir siendo invisible para el Estado, y porque no hay verdadera libertad sin justicia social”, concluyó Di Muro.

"La discapacidad no puede esperar": organizaciones rechazan posible veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad
La grave situación de los jubilados.

Estado de situación
 El Congreso aprobó por amplia mayoría en Diputados (aprox. 148 a favor, 71 en contra) la Ley de Emergencia en Discapacidad, declarando emergencia nacional hasta diciembre de 2026, con posibilidad de extenderla hasta 2027 
El Senado, por unanimidad, convirtió en ley la iniciativa, incluyendo medidas de compensación a prestadores, actualización de aranceles, pensiones no contributivas y refuerzo institucional de la ANDIS 
Desde el Gobierno provincial, Guillermo Francos y otros funcionarios confirmaron que Milei vetará la ley, al menos parcialmente, argumentando su impacto fiscal y la supuesta promoción de un modelo “asistencialista” 
Di muro explica que "El presidente Milei anunció su intención de vetar la ley antes del 4 de agosto de 2025.
El veto, si se concreta, afectaría acceso a servicios esenciales y aumentaría la precariedad del sector.
Considero que la ley representa una acción necesaria y justa para garantizar derechos fundamentales y pedir que, al menos, se abra una negociación para que su contenido se aplique con sostenibilidad fiscal".