El Gobierno ha denunciado un esquema de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que involucra un desvío de 3.400 millones de dólares.

Este esquema se basa en la facturación de prestaciones médicas truchas, y según las nuevas autoridades del área, representa un 40% del monto anual destinado a pensiones no contributivas por discapacidad.

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Las auditorías también revelaron la existencia de facturaciones falsas, incluyendo radiografías de perros y análisis de laboratorios repetidos. Incluso se encontró un certificado médico que citaba un poema de Arias Uriburu en lugar de describir la dolencia del paciente.

Las irregularidades derivaron en una denuncia penal que fue realizada por el director ejecutivo del organismo, Diego Spagnuolo, y es investigada por el fiscal federal Guillermo Marijuan.

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Durante los gobiernos kirchneristas sucedidos entre los años 2003 y 2015, la cantidad de pensiones no contributivas por invalidez laboral pasó de 79.000 a 1.000.045.

En tanto, a diciembre de 2023 la cifra se ubicó en 1.222.000 beneficiarios, un número "estratosférico que no corresponde ni siquiera a un país que haya sufrido guerras militares ni catástrofes naturales", indicó Adorni.