El Gobierno nacional confirmó que lanzará una licitación pública nacional e internacional para vender el 51% de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) antes de fin de año. La medida, que forma parte del plan de reformas estructurales impulsado por el Ejecutivo, apunta a adjudicar el control mayoritario de la empresa en 2026 y modificar de manera profunda el modelo de gestión del servicio de agua corriente y saneamiento.

Entre los principales cambios previstos en el marco regulatorio, el Gobierno habilitará el corte del suministro de agua a usuarios residenciales en caso de falta de pago, una práctica que actualmente está prohibida. También se implementará un mecanismo de actualización automática de tarifas en función de la inflación, lo que implicará subas periódicas en las boletas.

Además, el nuevo esquema trasladará a los usuarios el financiamiento de nuevas obras de infraestructura a través del cobro de cargos específicos en las facturas. En la práctica, esto significa que los hogares asumirán una mayor proporción del costo del servicio, con menos participación estatal en el sostenimiento de la empresa.

AySA presta servicios a más de 14 millones de personas en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Desde su reestatización en 2006, la empresa ha estado bajo control estatal. La propuesta de privatización mayoritaria marca un giro en la política de gestión del agua y podría generar un amplio debate político y social sobre el acceso a un servicio esencial y el rol del Estado en su provisión.

El Gobierno argumenta que la reforma busca mejorar la eficiencia, atraer inversiones privadas y reducir el déficit fiscal. Sin embargo, especialistas y organizaciones sociales advierten sobre los riesgos de mercantilizar un recurso vital y restringir el acceso al agua a los sectores más vulnerables.