Escándalo ambiental en Salta: el gobierno de Sáenz, bajo la lupa por habilitar desmontes masivos
La reglamentación del nuevo ordenamiento de bosques podría permitir la deforestación de más de 700 mil hectáreas. La Corte Suprema analiza el caso, mientras crecen las críticas por los beneficios a grandes productores del norte provincial.
Avanza la deforestación en Salta y Greenpeace refuerza su reclamo judicial
Greenpeace volvió a presentarse ante la Corte Suprema de Justicia para impugnar el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) de Salta. La ONG sumó un “hecho nuevo”: la reciente reglamentación de la norma aprobada por el gobierno provincial. Según la organización, se trata de “un golpe devastador para los bosques”.
El nuevo OTBN, según la ONG, viola la Ley Nacional de Bosques 26.331 al permitir desmontes en unas 720.000 hectáreas de zonas que antes estaban protegidas. La cifra equivale casi a toda la superficie deforestada en la provincia durante los últimos 15 años. Además, la normativa convalida desmontes ilegales ya ejecutados, sin exigir tareas de restauración.
Desmontes inmediatos: audiencias públicas y autorizaciones en marcha
El gobierno de Gustavo Sáenz convocó a audiencias públicas para habilitar la tala en 30 fincas que abarcan más de 25.000 hectáreas. “El gobierno de Sáenz avanza hacia la legalización de un ecocidio”, afirmó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de bosques de Greenpeace.
La activista recordó que Argentina se comprometió a alcanzar la Deforestación Cero para 2030 durante la Cumbre Climática de Glasgow y advirtió que la provincia “va en sentido contrario”.
La polémica categoría “amarillo oscuro” y los desmontes selectivos
Uno de los ejes más cuestionados es la creación de la categoría “amarillo oscuro”, una figura intermedia que permite la movilidad de zonas productivas con porcentajes de desmonte según cada cuenca hídrica. Para Greenpeace, se trata de “un verde encubierto” que facilita la deforestación en áreas donde hasta hoy estaba prohibida.
La categoría abarca más de 5,5 millones de hectáreas e impulsa el Manejo de Bosques con Ganadería Integrada (MBGI), un sistema que, según la ONG, ya provocó desmontes progresivos en provincias como Chaco y Santiago del Estero.
Impacto ambiental: el yaguareté, en riesgo crítico
Greenpeace alertó que la fragmentación del territorio derivada de la nueva ley afectará directamente al hábitat del yaguareté, especie en peligro de extinción. Las áreas habilitadas para el desmonte coinciden con zonas identificadas como críticas para su conservación.
Además, la organización denunció que no se realizó la consulta previa a comunidades originarias, tal como exige la legislación nacional e internacional.
Una causa que se extiende a todo el norte argentino
El nuevo amparo presentado ante la Corte Suprema busca frenar los desmontes en Salta, pero también apunta a otras tres provincias con altos niveles de deforestación: Chaco, Formosa y Santiago del Estero. Todas ellas concentran la mayor pérdida de bosques nativos en los últimos años.