Un estudio de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” reveló que al menos 33 personas fallecieron por la administración de fentanilo contaminado en hospitales y clínicas de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Las víctimas, en su mayoría intubadas o en cuidados intensivos, contrajeron infecciones fatales debido a la presencia de bacterias Ralstonia pickettii y Klebsiella pneumoniae en las ampollas del medicamento.

La contaminación fue detectada a mediados de abril tras una alarma del Hospital Italiano de La Plata, que reportó 15 víctimas fatales. Otros centros afectados incluyen el Sanatorio Dupuytren (1 muerte), el Hospital Clemente Álvarez de Rosario (6 muertes), el Hospital Cullen (1 muerte), el Hospital Italiano de Rosario (1 muerte) y el Sanatorio Parque de Rosario (9 muertes). 

Las bacterias, resistentes a tratamientos convencionales, estaban presentes en fentanilo producido por HLB Pharma, que fue retirado de circulación por la ANMAT, junto con la suspensión de esta empresa y su socio Laboratorio Ramallo. La Justicia federal, a cargo del juez Ernesto Kreplak, avanza en la investigación con tres allanamientos, uno de ellos en la droguería Nueva Era, señalada por distribuir el lote contaminado. Un foco clave es el presunto sabotaje en HLB Pharma, según denunció su directiva, que reportó la destrucción de documentos en la oficina de Garantía de Calidad, esenciales para verificar los procedimientos de fabricación. 

Kreplak también solicitó a los ministerios de Salud de las provincias que informen sobre pacientes internados desde el 1 de abril con síntomas de infecciones compatibles con estas bacterias. El fentanilo contaminado, utilizado entre abril y mayo, ha generado alarma en el sistema de salud, exponiendo fallas en el control de calidad de medicamentos. La investigación busca determinar las causas de la contaminación y las responsabilidades, mientras las familias de las víctimas exigen justicia. 

La ANMAT refuerza las medidas para evitar nuevos casos, y la Justicia evalúa si el sabotaje denunciado fue un factor determinante en esta tragedia que enluta al país.