El Juzgado Federal N° 2 de Mendoza asumió la intervención en la problemática de los jubilados y ordenó al PAMI restablecer la cobertura al 100% de medicamentos esenciales que fue eliminada en 2024, una medida que beneficia a los jubilados de Córdoba mientras se resuelve un amparo colectivo. La resolución, a cargo del juez Pablo Quirós, responde a la parálisis del Congreso Nacional, que no logró quórum para tratar el tema.

La medida cautelar, dictada el 26 de diciembre de 2024, alcanza a los jubilados de Córdoba y fue extendida previamente a Mendoza y Tucumán, exigiendo al PAMI retrotraer las condiciones previas a la resolución 2431/24, que impuso requisitos restrictivos como ingresos menores a 1,5 haberes previsionales, no poseer más de un inmueble ni un vehículo menor a 15 años. Estos criterios excluyeron a muchos jubilados, afectando su acceso a medicamentos como protectores gástricos, suplementos vitamínicos, analgésicos y antiinflamatorios.

El presidente del Colegio de Farmacéuticos, Germán Daniele, señaló que el recorte redujo entre un 18% y 24% las unidades vendidas, con jubilados que “no compran” medicamentos, restringen tomas o “cortan pastillas” por los insuficientes haberes jubilatorios. La abogada Mabel Edith Sessa denunció que esta situación vulnera el derecho constitucional a la salud, protegido por tratados internacionales. La Defensoría de la Tercera Edad destacó que los costos de medicamentos ocupan un mayor espacio en la canasta básica de los adultos mayores.

Tras dos meses de demora, el Juzgado Federal N° 1 de Córdoba transfirió el amparo al Juzgado N° 2 de Mendoza, que impuso multas diarias al director nacional del PAMI, Esteban Leguízamo, por “incumplimiento” de la cautelar. La Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza confirmó el 9 de mayo la competencia del juzgado mendocino, rechazando una apelación del PAMI y validando la protección a los jubilados.

El amparo colectivo, presentado por abogados y organizaciones, podría tardar meses o años en resolverse, pero la orden judicial garantiza la cobertura inmediata. 

La decisión resalta la urgencia de proteger a una población vulnerable y pone presión sobre el PAMI para restaurar un programa esencial, mientras el reclamo por el acceso a la salud de los jubilados sigue ganando respaldo en el ámbito judicial.