La Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina rechazó el recurso extraordinario presentado por la defensa de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, confirmando su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, tras un exhaustivo análisis, concluyeron que no existieron violaciones a las garantías constitucionales alegadas por la defensa, como el debido proceso, el derecho a la defensa en juicio o el principio de legalidad.

La expresidenta había sido condenada en diciembre de 2022 por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en la causa Vialidad. Al mismo tiempo, la absolvió del delito de asociación ilícita, tras rechazar el pedido de la fiscalía para agravar su condena al declarar el planteo inadmisible por aplicación del artículo 280 del Código Procesal en Civil y Comercial de la Nación.

Decenas de militantes y dirigentes se acercaron desde esta mañana a la sede del Partido Justicialista Nacional (PJ), en la calle Matheu 130, a brindar su apoyo a la expresidenta que llegó al lugar cerca del mediodía. Con el paso de las horas fueron llegado el bloque de senadores de Unión por la Patria, varios diputados del bloque, y el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. El presidente del bloque del Senado, José Mayans, había asegurado a la prensa allí: "Cristina está muy tranquila, ella sabe en qué se ha convertido la política argentina".

Cabe recordar Cristina Fernández de Kirchner se convirtió en la segunda exmandataria en ser detenida desde el regreso a la democracia. El anterior fue Carlos Saúl Ménem en el año 2001, quien permaneció cinco meses privado de su libertad.

El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) deberá resolver sobre las condiciones de detención de la exmandataria y de los otros ocho condenados, entre ellos Lázaro Báez y José López. Es muy probable que, en el caso de Cristina Kirchner, el TOF 2 resuelva concederle el beneficio del arresto domiciliario por contar con más de 70 años. Además, no podrá participar de las elecciones legislativas donde planeaba competir por una banca provincial.

Este caso ha sido uno de los más resonantes en la historia política reciente del país.